La crisis derivada de la epidemia exige replantear el exceso de burocracia para optimizar el Presupuesto

No entro a debatir la necesidad de la cuarentena que estableció el gobierno, pero sí vale la pena formular algunas reflexiones sobre el impacto económico que está teniendo y cómo suavizarla.

En rigor, salvo algunos sectores en particular, la economía no tendría que paralizarse tanto. En todo caso si se paraliza mucho será consecuencia del sobredimensionamiento estatal en empleo público.

El primer dato a tener en cuenta es que en el país hay, entre nación, provincias y municipios, 3,1 millones de empleados estatales. La gran mayoría de ellos son burócratas que inventan sus propias regulaciones para justificar su existencia. Voy a dar un ejemplo que seguro va a hacer saltar a más de uno tratando de tergiversar lo que voy a decir a continuación. De acuerdo a datos del Directorio Legislativo, en 2019 la Cámara de Diputados sesionó 8 veces y la Cámara de Senadores lo hizo 7 veces. En ese período sancionaron 37 leyes de las cuales, 7 corresponden a Cultura y Patrimonio y 6 a fiestas nacionales o capitales nacionales (las típicas de la Capital Nacional del Salame Quintero o la Fiesta Nacional del Asado de Tira). Es decir, el 35% de las leyes son un delirio y no entro en el resto para no amargar al lector. Es más, de las reuniones en comisión, la que mayor cantidad de veces se reunió en el año en diputados fue la de Legislación Penal, 30 veces. Y en Senadores la que mayor cantidad de veces se reunió fue presupuesto y hacienda, 14 veces. Insisto, todos datos del Directorio Legislativo.

Pero atención que si uno mira los datos desde 2012 para acá, tampoco es que el Congreso trabajó tan poco solo este año. El año que más reuniones tuvo fue en 2012, cuando diputados sesionó 20 veces y senadores 23 veces. Menos de un mes por año calendario.

Lo que muestra lo anterior es que no solo no hace falta la legión de asesores y empleados que tiene cada legislador (80 promedio por senador y 24 promedio por diputado, sin contar la biblioteca, la imprenta, etc.). Agreguemos a esto los congresos provinciales y los consejos deliberantes y veremos que ahí hay mucho movimiento de gente sin producir nada. No digo que haya que cerrar los parlamentos ni los consejos deliberantes, solo digo que, salvo algún caso especial, no hace falta estar movilizando tanta gente todo el tiempo. Hay mucho dinero para ahorrar en esos rubros y muchísimo menos movimiento necesario de gente. Un gesto de recorto de sus dietas a la mitad es lo mínimo que deberían hacer.

Pero, no todo pasa por el poder Legislativo, los estados provinciales y municipales también tienen una gran burocracia para justificar su existencia que generan un movimiento de gente demasiado grande y producen el contagio del coronavirus.

Si tomamos la cantidad de empleados públicos sobre el total de empleados en relación de dependencia, al mes de diciembre había 6 millones de empleados en relación de dependencia y 3,1 millones de empleados públicos ocupando todos los niveles.

En este momento de pandemia, si uno tuviera que ver cuáles son los empleados del estado nacional que tienen que moverse en la calle son, de 237.654 de los 700.000. Esos 237.000 son; 13.136 en salud, 110.546 de las Fuerzas Armadas y 113.972 en seguridad. El resto puede quedarse en su casa trabajando o no entorpeciendo al sector privado que sí produce. En otras palabras, de los empleados públicos nacionales, solo el 34% tendría que movilizarse y no todos al mismo tiempo. Pero los empleados públicos provinciales también entorpecen.

Gráfico 1

De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo para 2017, que no cambiaron mucho hasta ahora, había en las provincias 2,3 millones de empleados públicos. De esos empleados, 345.500 eran policías provinciales. Esos tienen que salir a la calle, pero no todos al mismo tiempo. Aproximadamente 900.000 corresponden a educación, que trabajan desde sus hogares. El resto, salvo los que trabajan en la salud, pueden hacerlo desde sus casas, incluso los miembros de la Justicia.

El gráfico 1 muestra la enormidad de empleo público en la mayoría de las provincias (el dato de Santa Cruz hay que tomarlo con pinzas).

Si se logra que los empleados públicos no estorben al sector privado con burocracia innecesaria, y legislativos que no tienen que tratar temas muy urgentes, ya logramos sacar de circulación una buena parte de la gente que anda por la calle, agregando que, dado que el sector privado va a tener un serio impacto en sus ingresos, de los cuales sale el dinero para pagar los impuestos, luce solidario que salvo fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, docentes y personal de la salud pública, el resto tenga una reducción en sus ingresos para aliviar al sector privado de manera de bajar la carga tributaria dadas las escasas ventas que tiene.

Respecto a los 6 millones de empleados en blanco en relación de dependencia en el sector privado, el grueso está concentrado en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba.

Gráfico 2

Como puede verse, son media docena de provincias las que mayor cantidad de empleados privados concentran, de los cuales muchos trabajan en inmobiliarias, turismo, organización de eventos y otras actividades que ya venían  fuera de combate y ahora las mataron con la cuarentena. La industria tiene poco más de 1 millón de empleados y puede seguir operando. Comercio y Reparaciones tiene 1,1 millones, rubro que está muy golpeado y debería seguir operando. Construcción tiene 395.000 empleados y puede seguir operando pero dudo que haya interés en invertir en propiedades. Intermediación financiera son 160.000 empleados y buena parte del trabajo se hace online (homebanking).

Acá, el mayor problema se presenta para los monotributistas, los autónomos y una buena parte de la población que vive al día como el taxista, el plomero, el electricista, etc. Es gente que si no factura, directamente no come. Por otro lado está el problema de todos los que trabajan en el mercado informal.

En definitiva, podemos identificar los siguientes puntos. En primer lugar, se puede descongestionar mucho la circulación de gente y el riesgo de contagio si la mayoría de los empleados públicos se quedan en su casa. Está comprobado que hay sobreabundancia de empleo público, en todos los niveles de gobierno, que genera sus propios anticuerpos inventando trámites para justificar su existencia. Su ausencia se notará en un aumento de la productividad del sector privado. En segundo lugar, hay mucha descongestión de gente que trabaja haciendo home office gracias a internet y las nuevas formas de comunicarse. En tercer lugar, el grueso del problema parece estar concentrado en CABA y la Provincia de Buenos Aires.

Desde el punto de vista económico, es urgente bajar la carga tributaria. ¿Se puede? El gasto público consolidado (nación + provincias + municipios) en lo que hace a la administración general (no incluye justicia, seguridad, defensa, salud, educación ni planes sociales), representa 3% del PBI. En estos momentos de angustia, es la oportunidad para que los políticos, que tanto hablan de solidaridad, hagan un sacrificio y reduzcan sus ingresos en un 50%. Eso significaría un ahorro de aproximadamente $ 500.000 millones, monto que se evitaría tener que emitir si no se siguen repartiendo subsidios, bonos y plata que alegremente reparten los legisladores y menor carga tributaria para el agobiado sector privado.

Llegó la hora de la verdad para la dirigencia política que todo el tiempo hablan de solidaridad: ¿están dispuesto a ser solidarios ellos reduciendo a la mitad sus ingresos o seguirán viviendo a costa de un sector privado que ya no daba más y ahora agoniza manteniendo planeros y empleados públicos?

ESTA NOTA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EN http://www.infobae.com