Asistimos en los últimos años a un espectáculo interesante, por no decir lamentable, como es el de pequeños grupos de personas que, arrogándose derechos y representatividades que en realidad no tienen, cortan las calles, rutas y puentes del país. En nombre de la democracia, estos sujetos protestan -a veces con razón y muchas otras sin tenerla- y reclaman por las más diversas causas. Nuestra Constitución consagra el derecho a peticionar a las autoridades y la libertad de expresión, pero confundir esto con la extorsión piquetera es otra cosa.

Lo que se ve en gran parte de estas protestas no es el derecho constitucional a peticionar a las autoridades, sino pequeños grupos actuando autoritariamente sobre la mayoría silenciosa que no puede reaccionar contra éstos. Y no lo pueden (podemos) hacer por dos motivos: primero, porque esa mayoría se encuentra dispersa y ocupada en llevar adelante su vida lo mejor que pueda, de hecho para tal fin delegó el uso monopólico de la fuerza en el gobierno; y esto explica el segundo motivo, son las fuerzas del orden las que deberían disuadir o impedir que tales actos intimidatorios o interrupciones al tránsito sucedan (para ello pagamos impuestos que se destinan al salario de policías, funcionarios y jueces).

Lo que acabo de describir es un hecho que todos conocemos. Pero lo más llamativo de esta situación es que los que se manifiestan de este modo, lo hacen en nombre de la democracia. Es común escuchar entre sus argumentos que “la época militar terminó” y que, en consecuencia, “el pueblo tiene derecho a protestar en las calles”.

Se da en este caso una situación doblemente contradictoria. Primero, que para ejercer este “derecho democrático” lo hacen, en muchos casos, con sus cabezas encapuchadas, esgrimiendo palos y piedras, amedrentando a todo aquel que ose traspasar el piquete de turno. Lo que en determinadas circunstancias se califica como “represión” (si la policía quisiera disuadir) en otras se lo considera “derecho a la defensa” (por ejemplo, cuando rompen a piedrazos un vehículo o atacan a una familia que quedó atrapada en el medio del piquete). La segunda contradicción es que por lo general se trata de pequeños grupos (muchas veces de no más de 100 personas) que perjudican a miles o cientos de miles de personas que no tienen nada que ver con el reclamo ni son culpables de la situación.

Es claro en estos casos que las minorías se imponen a la mayoría, revirtiendo el concepto mismo de la democracia que dicen defender. Ésta tuvo su origen en el rechazo de los gobiernos autoritarios y las minorías privilegiadas que imponían su voluntad sobre la mayoría. De este modo, la democracia vino a establecer un sistema de elección de autoridades que representara la voluntad de las mayorías circunstanciales a la hora de administrar el Estado de acuerdo a las leyes emanadas de los principios constitucionales.

Pero en los casos que vemos a diario en todo el país, lo grotesco de la situación es que habiendo un sistema político con elecciones periódicas, tenemos a múltiples grupos que se han adueñado de la democracia de todos. Son ellos los únicos que tienen vía libre para exigir sus derechos, mientras que los demás nos tenemos que someter a sus antojos, al tiempo que las autoridades miran para otro lado o, en el “mejor” de los casos, destinan una fuerza policial para escoltarlos y protegerlos (mientras la delincuencia hace de las suyas contra “los demás”).

Quizás dos de los ejemplos más visibles de las últimas semanas (aunque podría elegir entre una infinidad) han sido los de los empleados del subterráneo de Buenos Aires y la fallida elección del rector de la UBA. En el primer caso, menos de 200 empleados que trabajan para la seguridad del subte, que reclaman por un traspaso de sindicato (fíjense que ya no se habla ni de salarios), deciden dejar de a pie a un millón de personas casi dos días seguidos, lo que ocasionó infinidad de trastornos de diversa índole. Con el argumento de “tenemos derecho a pertenecer a dicho sindicato” nos someten a todos, sin reparar en el derecho de los clientes a viajar o del resto de los empleados del subte a seguir prestando el servicio.

En el segundo caso, podríamos decir que el problema es aún más grave, aunque los involucrados o afectados directamente sean menos, porque se trata de una de las casas de altos estudios más prestigiosa de América Latina. El “drama” o “sainete” (según como se lo vea) se relaciona con la fallida elección del rector, que no se puede realizar porque una de las organizaciones de estudiantes (quisiera saber qué estudian, cuándo estudian, a quiénes representan, cómo cursan sus materias y cuánto tardan en recibirse, si es que alguna vez lo hacen estos aprendices de barras bravas alfabetizados) no está de acuerdo con uno de los candidatos, ya que habría ocupado un cargo en el gobierno militar. Es interesante ver cómo los “defensores de la democracia” no dejan que se realice la elección, aplicando ellos mismos la “censura previa” que tanto denostan en regímenes políticos de otro color pero de similares características a los de su accionar.

Ante este lamentablemente panorama, no es mucho lo que se puede esperar en el corto plazo. La democracia por sí sola no hace magia ni provoca milagros, por más que algún conocido ex presidente haya repetido hasta el hartazgo que “con la democracia se come, se educa y se cura”. Más de 20 años después de esa cantinela, sabemos que no es así. Como en el fútbol, primero debe haber un reglamento y luego un árbitro que lo haga cumplir. En la Argentina, el reglamento es la Constitución Nacional y el árbitro es el gobierno elegido democráticamente. Y si el actual árbitro no nos gusta, tendremos que seguir votando hasta dar con el indicado, pero siempre dentro de la democracia.

No necesitamos “dueños de la democracia” que nos vengan a decir qué está bien y qué está mal. Precisamente, se trata de todo lo contrario: cada uno de nosotros debe tener la libertad de decidir por sí mismo sobre lo que desea hacer con su vida y con el producto de su esfuerzo. En las naciones civilizadas, el gobierno que es sostenido con los impuestos de todos debe garantizar esta libertad tanto para las mayorías como para las minorías, como claramente lo expresa la Constitución Nacional. © www.economiaparatodos.com.ar



Alejandro Gómez es profesor de Historia.