El país empieza a negociar en Nueva York para evitar una suspensión de pagos, como ya ocurrió en el año 2001

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner busca contra reloj una salida al laberinto de la deuda impagada desde 2001. Antes de fin de mes deberá alcanzar un acuerdo con fondos de inversión y un grupo de particulares que reclaman ante la justicia de Estados Unidos el pago íntegro de sus bonos (unos 1.500 millones de dólares, alrededor de 1.100 millones de euros). En caso de no lograrlo la historia volverá a repetir uno de los capítulos más sombríos de Argentina y el país caerá, en términos absolutos, en suspensión de pagos.

El Gobierno y la economía atraviesan sus horas más bajas. El problema de los «holdouts» (acreedores impagados) se enmarca en unaArgentina, «en recesión, con las exportaciones a la baja, descenso del consumo, ausencia de inversiones, aumento del gasto público y una inflación que ronda, con una moneda devaluada, el 40%», asegura el economista Roberto Cachanosky.

La recta final de la gestión de Fernández de Kirchner, una presidentasin posibilidad de reelección y cuyo Gobierno concluye en diciembre del próximo año, se complica y pone en evidencia un modelo de gestión que hace aguas. Pero el frente inmediato a resolver es el de la deuda no reestructurada.

Una delegación del Ministerio de Economía aterrizará el lunes en Nueva York para sentarse a negociar con los acreedores, calificados por muchos, incluso por la presidenta, como «fondos buitre».

Daniel Pollack es el mediador designado por el juez Thomas Griesa, el hombre que impide desde el lunes que Argentina pague 539 millones de dólares (cerca de 400 millones de euros) de vencimiento a los acreedores que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010, con quitas, en algunos casos, de hasta el 65%.

La medida de Griesa ha puesto a Argentina en una peligrosa disyuntiva, si bien una noticia conocida desde 2012, año en el que el magistrado falló a favor de «los buitres». La Cámara de Apelaciones ratificó la sentencia y la Corte Suprema de Estados Unidos, a mediados de junio, rechazó su revisión.

En aquella sentencia -ahora efectiva- el magistrado ordenó a Argentina hacer frente a sus obligaciones y negociar con los acreedores un plan de pago de los bonos que Argentina emitió en la jurisdicción de Nueva York. Asimismo, advirtió de que «en caso de no cumplirse el fallo se embargarían los pagos de Argentina a los deudores con títulos reestructurados y consideraría aquellos bancos que incumplieran sus órdenes cómplices de desacato», recuerda un banquero argentino que confirmó: «los títulos emitidos bajo jurisdicción argentina están fuera del alcance del fallo de Griesa». Tampoco afectaría la medida, en principio, «a aquellos bonos en plazas como Londres y Tokio, emitidos en sus respectivas monedas y bajo jurisdicciones propia».

Agotadas, sin éxito, todas las instancias judiciales y con el fallo en firme, el Gobierno argentino dio varios golpes de timón hasta que optó por desafiar al juez y depositó -a finales de junio- un vencimiento de 539 millones de dólares en la cuenta que el Bank of New York (BONY) -agente fiduciario- tiene en el Banco Central de Argentina. El BONY, atento al fallo de Griesa, los inmovilizó, medida aplaudida por el magistrado que evitó un embargo que, con certeza, resultaría tremendamente impopular. No obstante, el BONY, presionado por Argentina que, a micrófono abierto, considera que ya ha pagado, le advirtió al juez que se expone a demandas de los otros tenedores. «La cita en Nueva York se interpreta como una señal de que el Gobierno prefiere alcanzar un acuerdo antes que volver a caer en suspensión de pagos», apunta Roberto Cachanoski. «La cifra -de 1.500 millones de dólares- que reclaman es manejable», coincide Ricardo Delgado, director de la Consultora Analytica. «El problema -observa- es de arquitectura legal».

«Cláusula RUFO»

En concreto, ambos apuntan a la denominada «cláusula RUFO» (Rights Upon Future Offers) que obliga al país a equiparar a todos losacreedores, en el caso de que el Gobierno mejore las condiciones a alguno antes de diciembre de este año. Si eso sucediera, el Gobierno estima que debería pagar «unos 150.000 millones de dólares (unos 110.000 millones de euros)». Es decir, la reestructuración habría naufragado y Argentina estaría en bancarrota.

«La solución -añaden los economistas- tiene que permitir una fórmula para evitar que ésta cláusula, a la que apenas le quedan seis meses de vida, se dispare». Dicho esto, no hay que olvidar que en lista de espera hay más acreedores que recurrieron a otras instancias y, en suma, podrían reclamar «unos 15.000 millones de dólares que equivale a tres puntos del PIB», puntualiza Delgado. Por esta razón, porque es «una suma asumible» se declara «moderadamente optimista» de cara a una solución negociada.

En este escenario, los fondos afectados ya han puesto sobre la mesa su conformidad a una «solución modelo Repsol o Club de París» de pago con bonos y en cuotas.

Cachanosky confía en que «se imponga la cordura» pero analiza el escenario desde otro ángulo. «El Gobierno quería estirar el proceso judicial y colocar deuda en el mercado internacional para hacerse con dólares que no tiene» ahora «con una sentencia firme, se quedó sin financiación posible. Aunque alcance un acuerdo con los fondos de inversión, nadie va a comprar bonos de Argentina porque nadie te presta plata sabiendo que otros van a cobrar antes» y menos, añade, para que «siga la fiesta del consumo». El economista no descarta «que vaya a una suspensión de pagos».

El pilar del consumo

Sobre el pilar del consumo se ha sostenido la política argentina en los últimos doce años y esos cimientos son los que ahora se tambalean peligrosamente. «El 65% del PIB sale del consumo privado», afirmaRicardo Delgado. Cachanosky resume: «Hay tres factores que mueven la economía: el consumo, que está en caída; las inversiones, que brillan por su ausencia; y, las exportaciones, que en los primeros cinco meses del año cayeron un 12% y si comparamos mayo de 2014 con el mismo mes de 2013 la caída es del 16%». Dicho esto, se lamenta: «Argentina atraviesa una gran recesión. La recaudación anual de junio respecto del año anterior ha caído un 22%. Mientras, el gasto público crece y lo hace más rápido que la inflación. La combinación inflación con recesión es letal», sentencia.

Delgado pronostica «un semestre crítico. Si el Gobierno llega a un acuerdo con los fondos de inversión la recesión será moderada», según sus estimaciones. En caso contrario, el panorama se complicará: «ningún indicador económico responde bien en la economía. Tenemos menos consumo, salarios más bajos, una inflación más cerca al 40 que al 30% y conflictividad social en aumento», un panorama que, anticipa «complicará la rentabilidad de las empresas y los ingresos familiares».

En resumen, Argentina está mal pero puede ser mucho peor si el Gobierno no logra quitarse la sombra de los «buitres» de encima antes de fin de mes.

Fuente: www.abc.es