La muerte del docente Carlos Fuentealba en Neuquén como consecuencia de un exceso policial durante una protesta gremial reactualiza el problema de los límites de los reclamos sociales y de la actuación de la policía para contener los desbordes que suelen producirse en esas circunstancias. No viene al caso el análisis específico de este hecho en particular que, según los testimonios disponibles aportados incluso por los propios compañeros del presunto autor del disparo mortal, fue prácticamente un asesinato a sangre fría. Este hecho, en sí mismo, es, más allá de la tragedia que implica, anecdótico. La cuestión de fondo es la forma en la que se realizan las protestas y qué sucede cuando se transgreden los límites tolerables.

El ingeniero Mauricio Macri pronunció, en el marco de las repercusiones por los acontecimientos de Neuquén, una frase llena de sensatez. “No hay nada más solidario en una sociedad que respetar la ley, porque eso es respetar a mi vecino, a mi próximo, no afectar sus derechos más allá de las injusticias que estén cometiendo sobre mi persona”, expresó. La frase de Macri tiene un contenido muy profundo y, en buena medida, sintetiza el espíritu y el sentido de la convivencia democrática. Además implica, de hecho, una inversión, una modificación, una alteración de la escala de valores que está vigente en nuestro país desde que la democracia fue restablecida.

Obsérvese que Macri sitúa a la vigencia de la ley como un valor superior al derecho a reclamar por lo que se considera una injusticia. Esto significa que, si para reclamar por lo que se considera una injusticia, hay que vulnerar la ley, ese reclamo pierde legitimidad. Para la Argentina actual, esto es revolucionario. La conducta de los ambientalistas que cortan los puentes sobre el Río Uruguay o los métodos extorsivos del gremialista Hugo Moyano, por ejemplo, quedan deslegitimados, de acuerdo con el sentido de la frase pronunciada por Macri. El concepto expresado por Macri se entronca con la conocida sentencia de Alberdi, aquella que expresaba que, para ser libres, debemos ser esclavos de la ley.

En buena medida, ésta es la disyuntiva esencial de la Argentina actual: ley o caos. Desde hace más de veinte años, cuando se derrumbó el orden basado en la legitimidad del autoritarismo como fundamento del gobierno, vivimos inmersos en el caos y los resultados son ostensiblemente negativos. Por eso, resulta auspicioso que empiece a plantearse este debate.

Los acontecimientos de Neuquén sucedieron en el marco del caos y por eso es lógico que hayan tomado el carácter que tuvieron. La policía está inmersa en ese cuadro de confusión generalizada. Obsérvese que la policía es la institución encargada de recurrir a la fuerza cuando este medio es indispensable para sostener la vigencia de la ley pero, al mismo tiempo, la vulneración de la ley está legitimada de hecho. Entonces, ¿qué sentido tiene la presencia de la policía? Ante tamaña contradicción, es inevitable que se sucedan hechos lamentables y repudiables como el asesinato de Fuentealba. Esto no excusa la responsabilidad personal del autor del disparo que acabó con la vida del docente, sólo explica el cuadro en el que el hecho se sucedió. En otro contexto, esto no hubiese pasado; en este marco, era lógico y probable que ocurriera algo así.

El rol de la policía dentro de la sociedad es un tema que la democracia argentina nunca resolvió y, más aún, ni siquiera se planteó. Hay un fuerte prejuicio –mucho más en los dirigentes y en los activistas que en el ciudadano promedio– de que la policía es, por definición, autoritaria, represiva y abusiva. Y por supuesto que, en el contexto en el que la policía opera actualmente, hay mucho de eso. En una sociedad donde no hay ley la policía no tiene razón de ser y por eso aparecen los espacios para emplear abusivamente el poder del que está investida. La determinación nítida del papel y los criterios con que la policía deba actuar es un punto central del problema de restablecer la vigencia de la ley y la erradicación del caos.

Macri calificó además de “distorsión ideológica [al hecho de] pensar que orden es dictadura militar”. Es ésta una apreciación por demás oportuna, porque esta asimilación de la idea de que todo límite a la protesta social está emparentado con el autoritarismo proviene de la crisis de autoridad que se desencadenó después del desmoronamiento del último gobierno militar. Nadie quiere volver a aquel principio de autoridad que implicaba también la vulneración de los derechos de los ciudadanos y la negación del derecho a expresar disidencias o reclamos. Pero la democracia no implica ausencia de autoridad, anarquía, caos. Implica un principio de autoridad donde, si bien existe el espacio para reclamar por aquello que cada uno considere a lo que tiene derecho, existe también un límite que es no provocar perjuicios a terceros. Éste es el bien que la policía debe custodiar en el contexto de la democracia, el de asegurar que las protestas queden encuadradas dentro de los límites que la ley establece, que no son otros que los que implican no provocar daños en razón de cualquier protesta por legítima que ésta sea.

En la medida en que avancemos en la determinación y respeto de este tipo de límites iremos definiendo un marco de convivencia apto para ir dejando gradualmente satisfechos todos los reclamos sectoriales que sean compatibles con el equilibrado desarrollo de la comunidad en su conjunto. © www.economiaparatodos.com.ar