En todas partes “se cuecen habas”. Mientras Evo Morales intenta renegociar los compromisos que fueran contractualmente asumidos por su propio país -como si él no perteneciera a él, definiendo ahora a lo que en rigor es un “incumplimiento” contractual como a una “migración”, obligada por cierto- y recoge las quejas de los inversores afectados, los Estados Unidos parecen intentar hacer ellos mismos algo más o menos similar, pese a que algunas han puesto ya el grito en el cielo.

En efecto, un Comité de la Cámara Baja del Congreso norteamericano acaba de aprobar un proyecto de ley que ordenaría al Departamento del Interior renegociar un millar de contratos de explotación de petróleo que están en curso de ejecución.

Son los llamados “leases”, en función de las que las empresas petroleras extraen petróleo y gas del litoral marítimo norteamericano, en algunos casos sin pagar regalía alguna a su gobierno. Algunos de ellos contienen incentivos a la producción que fueron en su momento pensados para tiempos de precios bajos y no han previsto qué es lo que debe ocurrir cuando los precios alcanzan alturas antes imprevisibles. Se trata de dejar sin efecto una exención de regalías por diez años, que se puso en marcha para estimular la explotación de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.

Las afectadas son empresas que no pagan el 12% habitual de regalías (calculado sobre las ventas), a modo de incentivo para fomentar las labores en aguas profundas, que normalmente cesa si el crudo alcanzaba niveles de 34 dólares el barril, o el gas de 4 dólares el pié cúbico. Esta condición, curiosamente, no se incluyó -por aparente omisión involuntaria- en algo así como un millar de distintos contratos de explotación suscriptos con productores “independientes”.

La administración de George W. Bush ha tomado, correctamente, la posición de que un contrato, una vez que ha sido firmado, debe ser respetado religiosamente por ambas partes, por aplicación del principio de “pacta sund servanda”. Esto es, por aquello de que la palabra dada se respeta, más allá de las contingencias.

La norma en discusión, a diferencia de las “pautas” con las que operan los Morales y los Chávez de este mundo, no ordenaría incumplir los contratos, ni sugiere tampoco presiones para lograr “migraciones” forzadas. Ordena solamente abrir negociaciones, en la esperanza de lograr convencer a sus contrapartes.

Sin embargo, a la manera de algunos prepotentes en América Latina, el proyecto original incluía una cláusula “de presión” que disponía que quienes se negaran a renegociar no podrían participar en futuras licitaciones, lo que precisamente porque supondría una suerte de extorsión fue finalmente dejado de lado.

Un tema, entonces, para seguir de cerca. Porque pese a las diferencias de principios, conductas y estilos, lo cierto es que los actuales niveles de precios obligan a mirar a las utilidades extraordinarias que se están produciendo de manera de que ellas de alguna manera no terminen perjudicando a los consumidores, que hasta ahora son el “pato de la boda”. Veremos si el intento de consensuar amigablemente las soluciones tiene, o no, el éxito esperado por sus proponentes o si, como en otras partes, el autoritarismo termina, o no, por el motivo que sea, reemplazando a la voluntad libre de las partes al tiempo de celebrar un contrato. Lo que sería extraordinario en el tradicionalmente respetuoso país del norte. © www.economiaparatodos.com.ar