Vamos a continuación a efectuar un muy somero análisis de la actuación de los partidos políticos, vistos desde diferentes ángulos de opinión y en circunstancias bastante disimiles en la historia.

Existen antecedentes de que los partidos políticos han intentado interferir con la justicia e influir en las decisiones judiciales, tal como por ejemplo se consigna en la siguiente cita:

«La Comisión Internacional de Juristas de La Haya (ahora en Ginebra), en un congreso celebrado en Atenas en junio de 1955, aprobó la siguiente resolución, que de modo solemne declara: “1. El estado queda sometido al derecho. 2. Los gobiernos deben respetar los derechos de los individuos bajo el imperio de la ley y adoptar medidas eficaces para su protección. 3. Los jueces se atendrán al principio del imperio de la ley, que defenderán y harán respetar sin dejarse intimidar por el temor ni seducir por el halago, resistiendo cualquier intromisión proveniente del poder público o de los partidos políticos que atente a la independencia judicial. 4. Los juristas de todo el mundo mantendrán la independencia de su profesión; defenderán los derechos de los individuos bajo el imperio de la ley y proclamarán siempre el derecho de todo acusado en un juicio imparcial.” Véase el Report of the International Congress of Jurists, La Haya, 1956, pág. 9»[1]

Apuntamos -observando lo descripto en el tiempo- de que manera poco efectiva se cumplieron los puntos de aquella brillante resolución, si es que en algún país del mundo llegaron a practicarse. En lo que a nosotros nos interesa de momento, resulta llamativo el punto 3 de la resolución, que indica a las claras que, ya en aquella época, los partidos políticos intentaban por todos los medios «intimidar por el temor … seducir por el halago» a los jueces, echando mano para ello dichos partidos políticos de «cualquier intromisión» con los jueces.

Lo anterior parece tener un punto de conexión con lo siguiente:

«La forma de ser que distingue a los americanos frente a la Europa de los prejuicios sociales y políticos les permite incluso gozar de esos derechos que Tocqueville contempla con la desconfianza propia del liberal decimonónico: los partidos políticos («un mal inherente a los gobiernos libres») y la libertad de prensa («la amo mucho más por la consideración de los males que impide que por los bienes que produce»).»[2]

Significativo pues el pensamiento de Tocqueville en cuanto a los partidos políticos como un mal necesario, es más, la palabra «inherente» implica algo mucho más allá de la simple «necesidad», dado que lo necesariopuede no estar presente, pero lo inherente indefectiblemente formará parte inescindible de aquello a lo que esta adherido de modo inseparable.

Veamos ahora el comportamiento de los partidos políticos en la Alemania de posguerra:

«Las críticas de Röpke a los programas de bienestar aumentaron en los años siguientes. Así, censuró duramente la decisión del Gobierno Erhard (1957) de ajustar el programa de pensiones al costo de la vida: a su juicio, era un paso para convertir el sistema de bienestar en “una muleta para la sociedad”.

Esa muleta sigue estando ahí. Hoy, los partidos políticos alemanes ofrecen rebajar los impuestos al tiempo que prometen más gastos sociales. Eso no es financieramente responsable, pero los políticos saben que muchos alemanes no votarán por quien diga que va a reducir el Estado de Bienestar»[3]

Es decir, conforme venimos observando, los partidos políticos se han comportado de manera bastante diferente a lo que la mayoría de las personas parece -al día de hoy- suponer. También se advierte que se han caracterizado (en el mejor de los casos) por prometer verdaderos imposibles, ofrecer utopíasy -en suma- limitarse a actuar como grupos de poder. A este último aspecto se alude en la cita siguiente:

«…las manifestaciones de corporativismo fascista irrumpieron con claridad durante el gobierno del General Uriburu. Después de intentos de reforma constitucional para introducir las ideas fascistoides, en su discurso con motivo de la trasmisión del mando al General Justo, aquel dijo que… Estimamos indispensable para la defensa efectiva de los intereses reales del pueblo, la organización de las profesiones y de los gremios y la modificación de la estructura actual de los partidos políticos para que los intereses sociales tengan una representación auténtica y directa. A partir de Perón el corporativismo llegó a su máxima expresión y con ello la máxima expresión de la demolición de las estructuras jurídicas, económicas y sociales del país. Se estableció la Confederación General Económica con la intención de reunir coactivamente a los empresarios y la Confederación General del Trabajo para afiliar obligatoriamente a los empleados y obreros.».[4]

De nuestro lado, observamos que la nefasta reforma incorporada a la Constitución de la Nación Argentina en 1994, implantó definitivamente elcorporativismo fascista en materia de partidos políticos, en cuanto a que determina en su artículo 38 párrafo tercero que será el estado argentino el que financiará las actividades de los partidos y la capacitación de sus dirigentes. Es decir, resulta –en suma- la consagración constitucional y formalmente legal del corporativismo fascista partidocrático.

Según otro calificado autor, en los últimos tiempos:

«…fueron desapareciendo los partidos políticos históricos. Y dieron paso asociedades tipo club, donde se escoge a alguien que esté dispuesto a mentir, que no sepa mucho, pronto a pactar con tirios y troyanos, a extender la mano y financiarse de criminales, para finalmente llegar a la primera magistratura, y desde la presidencia del ejecutivo, desde el congreso y en cada alto puesto, “reponerse”.[5]