| El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación está trabajando en un proyecto de ley para elevar la inversión total consolidada (esto es, la suma de lo que gasta la Nación más lo que gastan las provincias) en educación del 4% del PBI, en que en promedio se encuentra actualmente, al 6%. También se trabaja sobre la posibilidad de aumentar la coparticipación a las provincias bajo el compromiso de que estos fondos se utilicen para mejorar el presupuesto educativo.
Que mejorar la cantidad de fondos que se asignan a la educación mejorará su calidad parece una obviedad. Pero lo que no está claro es si el esfuerzo que se hará (un aumento del orden del 50%) tendrá una contrapartida de la misma magnitud en la mejora. Y para esto creo que previamente a cualquier aumento en las partidas presupuestarias habría que asegurar algunos elementos para hacer que estos fondos sean realmente eficientes.
¿Cuáles serían al menos algunos de esos puntos?
1. Desburocratización del sistema educativo: Los supervisores y directivos docentes pierden enormes cantidades de tiempo en temas burocráticos sin otra utilidad que agrandar la burocracia y generar gastos innecesarios. Mucha de la plata que se asigna al presupuesto educativo queda en la estructura y no llega al alumno.
2. Mejorar la capacitación docente: Se pueden cambiar programas, dotar de computadoras a las aulas de todas las escuelas o utilizar pizarrones electrónicos, pero la calidad de la educación se sigue jugando en la relación del docente con sus alumnos dentro del aula. Hay que aplicar fondos para capacitar a los docentes y evaluarlos.
3. Que se evalúen los procesos y resultados de la educación: Hay que establecer un mecanismo continuo de evaluación de la calidad de la educación, que permita realizar con cierta velocidad los ajustes necesarios. Y esto también tiene su costo. En realidad, es una de las funciones que para el “Ministerio de Educación sin escuelas” debería ser prioritaria, ya que se encuentra entre sus acciones obligatorias.
4. Que los fondos nuevos ayuden a mejorar la equidad: si se sigue, por ejemplo, elevando el presupuesto de las universidades gratuitas (donde, dicho en blanco y negro, los pobres pagan la educación de los ricos) creo que el aumento presupuestario en educación va a contribuir a que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, cosa que no parece ser el objetivo del mencionado aumento. Los nuevos fondos no deben aplicarse “proporcionalmente” en todos lados, sino ser aplicados en aquellos bolsones donde existen más problemas.
5. Que se establezcan controles más sencillos y eficientes del gasto (por ejemplo, legajo único de los docentes por cada jurisdicción, comparación de gastos de tiza con otras jurisdicciones, etcétera).
6. Que se mejoren los sueldos de los docentes de manera tal que la profesión sea atractiva para los jóvenes más capacitados que aún no han ingresado en el mundo laboral. Y aquí (tengo clarísimo que estoy diciendo algo políticamente incorrecto) pagar mejores salarios a los mejores, medidos con instrumentos objetivos que no admitan el amiguismo.
Si se tienen presentes estos puntos (que no son los únicos), probablemente el Plan de Financiamiento Educativo produzca una mejora proporcional al esfuerzo económico que se está encarando. De otra forma, es altamente posible que mejore poco la calidad y se engrose en gran medida la caja política de las provincias y la Nación.
Conservo la esperanza de que esta medida (que ojalá apruebe el Poder Legislativo), si se toma con al menos algunas de estas prevenciones, pueda comenzar a contribuir a frenar la caída de la calidad educativa que venimos padeciendo hace muchos años. © www.economiaparatodos.com.ar
Federico Johansen es docente, director general del Colegio Los Robles (Pilar) y profesor de Política Educativa en la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA (Universidad Católica Argentina). |
