Con motivo de la crisis financiera mundial, estamos asistiendo a un nuevo debate sobre la conveniencia y necesidad de la intervención de los gobiernos en los mercados para reemplazar la acción de la mano invisible y poner las cosas en orden. Inclusive ello sucede en los foros de nuestra Revista.

La mayoría de estas discusiones parte de dos preconceptos: primero, acerca de quién generó la crisis financiera y, segundo, cómo pueden prevenirse en el futuro.

Los adoradores del Estado sostienen que la crisis fue provocada por el mercado –al que atribuyen un indecoroso egoísmo- y por la ausencia de intervenciones del Gobierno, cuya sola actuación serviría para solucionarla, tal como parece estar ocurriendo en estos días.

En cambio, los críticos de la acción estatal piensan que la crisis ha sido una indudable obra de la torpeza del Estado y que su erróneo intervencionismo sólo ha servido para crearla y ahora agravarla hasta extremos todavía ignorados. Ellos piensan que salvar a los responsables de esta crisis, sin castigos ni profundas correcciones, sería asegurarles impunidad para que vuelvan a intentar otra mega estafa.

Los adoradores parecen haber decidido que el Gobierno federal de EE.UU. y los gobiernos de la U.E. debían crear un “paquete de salvamento” consistente en destinar astronómicas fortunas para que no se produzca un congelamiento de los canales del crédito ni una contracción fatal de la oferta monetaria, lo cual paralizaría la actividad económica por muchos años, con su secuela de desocupación, miseria y rebeliones sociales.

Por su parte, los críticos sostienen que la concesión de este paquete de ayuda es una cosa atolondrada, basada en el equívoco de que el Estado puede mejorar las cosas sin reflexionar en lo que ha hecho. Lamentablemente hay una enorme diferencia entre lo que el Estado podría hacer y lo que efectivamente hace.

Fallos del mercado y del Estado

Esto nos sirve para recordar que en muchas circunstancias, los detalles lo son todo. Porque las políticas irreflexivas, con frecuencia, son más perversas que las políticas correctivas con sanciones ejemplares.

La acción consensuada puede ser fatal si el acuerdo entre los dirigentes del G7, del G8 y del G20 se reducen a un acopio de medidas inconsistentes reunidas con el fin de obtener la aprobación de personas que tienen ideas contradictorias sobre lo que debiera hacerse.

Pero la actual intervención no sólo va a ser analizada por economistas académicos, sino por el bolsillo y el espíritu crítico de millones de personas que se sienten estafadas, sufren el escarnio y tienen una gran indignación porque advierten que se está dando gasolina a un pirómano y drogas a un adicto consumado. Esas personas creen que el Estado debe intervenir cuando se producen “fallos del mercado”, pero para castigar a los responsables.

Por supuesto que los mercados pueden fallar. Todo ser humano es susceptible de equivocarse y con mayores razones aquellas que ocupan altos cargos públicos. En general somos más racionales cuando discutimos sobre deporte que cuando debatimos sobre política. El hecho de que el mercado no esté haciendo lo que nos gustaría que hiciera no es motivo para asumir automáticamente que el Estado lo haría mejor. Hay demasiados ejemplos de intervenciones del Gobierno que empeoraron las cosas.

La teoría del “public choice” ha tratado de profundizar en la incapacidad técnica del sector público para adoptar decisiones oportunas y correctas. Es decir que frente a los “fallos del mercado” también existen gigantescos “fallos del Estado”. Por una parte, está el problema de la arrogante ignorancia con que actúan los que nos gobiernan y por otra parte, la obsesión por satisfacer a sus bases electorales. Muchísimos proyectos se llevan a cabo en ciertos distritos porque los votantes que allí viven, no tienen que pagarlos directamente –ya que si así fuese nunca los asumirían- sino que la factura se diluye misteriosamente entre todos los contribuyentes. Por eso existen grupos de presión capaces de lograr ayudas que –a simple ojo de buen cubero- son injustificadas., como el faraónico proyecto del tren bala de Cristina, la quimera del gasoducto trans amazónico de Néstor y la delirante propuesta del tren Caracas-Buenos Aires del bolivariano Chávez.

En resumen, la teoría del “public choise” sostiene que mientras el comportamiento del mercado se guía por la regla del máximo beneficio con el mínimo costo, el comportamiento del Estado se rige por la norma del máximo voto con la mínima posibilidad de cohecho. Por lo cual, casi siempre, los resultados de las intervenciones del gobierno son más ineficientes que los logros del mercado.

Secuencia de las intervenciones del Estado

En palabras de Paul Samuelson, partidario de la economía mixta, “en los últimos tiempos hemos visto que la mano visible del Estado ha reemplazado a la mano invisible de los mercados”. La economía no puede dar respuesta a esta profunda cuestión política, pero sí puede examinar las virtudes y defectos tanto de las decisiones colectivas como de las elecciones basadas en el mercado, indicando aquellos mecanismos mediante los cuales una mano invisible basada en criterios morales puede ser más eficiente que otra mano bastarda basada en la imposición desenfrenada de normas burocráticas.

Sería conveniente releer un análisis publicado (Revista 229 del 2/10) con el título de “Premios y castigos en la crisis financiera”.

1º. Una de las reglas bancarias que permitió a EE.UU. salir de la depresión de 1929 se estableció con la ley Glass-Steagall Act de 1933, que prohibió a los bancos poseer compañías financieras, separó los bancos comerciales de la banca de inversión y no les permitió realizar operaciones especulativas en las bolsas. Además aseguró la competencia entre pequeños y grandes mediante la ley antimonopolio, que impedía las fusiones y adquisiciones de bancos.

2º. A fines de los ’90 en EE.UU. se apreciaba que los precios de las viviendas crecían fuertemente. Con la idea de financiar a todo el mundo su compra, se impulsó una ley permisiva la ley Gramm-Leach-Bliley Act promulgada por el presidente Bill Clinton. Esa ley disolvió la disciplina bancaria de la ley anterior y permitió que los bancos comerciales vendieran diversos “productos” pólizas de seguros, inversiones bursátiles, tarjetas de crédito y fondos de pensiones. Además generó una serie de fusiones y dio piedra libre a la banca de inversión para que emitieran derivados financieros o bonos estructurados que eran simples papeles que nada garantizaban y cuya única virtud eran los pomposos y estridentes nombres con que se los designaban. Tenían pies de barro, una basa endeble que aumentó la fragilidad del sistema bancario americano.

3º. Otro eslabón del fatal intervencionismo fue la ley Community Reinvestment Act (CRA) de 1995, una ley federal que prohibió a los bancos de EE. UU. y a las sociedades mutuales de ahorro otorgar préstamos hipotecarios sólo a quienes tuvieran garantía suficiente de que podrían pagar las cuotas. Esta desafortunada ley obligaba a los bancos a conceder créditos a cualquier grupo social, aún los más insolventes. El riesgo de incumplimiento creció hasta las nubes y motivó la escalada de “securitizaciones”, “paquetizaciones”, “derivados financieros” y “bonos estructurados”. Como cualquiera podía aspirar a más de lo que podía, muchísimos individuos se endeudaron aun cuando nunca pudieron pagar sus deudas, ofreciendo hipotecas de 2º y 3º grado sobre la misma vivienda.

4º. El último ingrediente de estas demagógicas intervenciones se vincula con la garantía ofrecida a las hipotecas de empresas constructoras a partir de la Hud’s regulation of Government-Sponsored Entrerprises (GSeS) que permitía conseguir compradores de vivienda a precios irrisorios con las menores tasas del mercado. Las dos empresas de este tipo fueron justamente Fannie Mae (u$s 882,5 mil millones en hipotecas subprime) y Freddie Mac (u$s 794,3 mil millones en hipotecas basura), ambas empresas privadas garantizadas por el Estado, quien les dio luz verde a títulos sin ningún respaldo serio.

Importancia de las reglas

La mano invisible del mercado no es otra cosa que la simple conexión entre las acciones de personas dotadas de libre albedrío y las consecuencias sociales que ellas provocan. La mano visible del Estado, a su vez, no es otra cosa que las decisiones políticas adoptadas por un grupo de gobernantes que no siempre actúan con justicia ni en función del bienestar general.

No es lo mismo que las acciones individuales del mercado sean decididas por forajidos, individuos inescrupulosos, abyectos y corruptos, que por individuos diligentes, honestos y probos. La mano invisible producirá efectos sociales totalmente distintos en uno y otro caso.

Quizás tampoco sea importante que las reglas fuesen establecidas por el mercado o por el Estado. Lo verdaderamente importante es la calidad de las reglas. Porque las reglas de la mano invisible o las reglas del Estado, ambas deben tener dos propósitos bien claros: confianza y solidaridad.

Y esas finalidades valen para cualquier ser humano ya sea poderoso o humilde, sabio o iletrado, astuto o torpe.

El primer propósito consiste en que las reglas inspiren confianza, es decir que permitan esperar la cooperación voluntaria de los demás. El segundo propósito se sustenta en reglas solidarias, esto es que permitan exigir reciprocidad a los terceros para que se comporten como uno lo hace.

El historial de los fracasos intervencionistas del Estado impresiona mucho menos que su retórica. Uno de los mayores problemas es que los políticos no poseen ni el conocimiento ni los incentivos para actuar a favor del bien común en el momento apropiado. Además, la mayor parte de las intervenciones llegan demasiado tarde, el problema que se intentaba resolver se ha solucionado sólo y la intervención crea nuevos problemas.

Muchas veces es fundamental que los mercados se reajusten por sí mismos, porque la gente aprende cuando paga por sus errores y siente el efecto de las falsas expectativas, mientras que las intervenciones estatales, normalmente sirven para impedir que los culpables carguen con el costo de sus desvaríos.

En EE.UU. quienes se endeudaron hasta las cejas para comprar una residencia que excedía sus posibilidades, ahora son presentados como víctimas de un mercado sin escrúpulos. Pero hace apenas unos cuantos años, esas mismas personas ganaban dinero a montones en un mercado inmobiliario desbocado. Muchos se han visto ahora atrapados en los altibajos que los mercados producen, por eso comienzan a reclamar que el Estado también salga a rescatarlos a ellos como lo ha hecho con los bancos irresponsables.

La crisis financiera sólo puede solucionarse si los gobiernos y los mercados comprenden que hay que acertar con buenas reglas, basadas en la experiencia de todo lo sucedido y levantando la mirada hacia aquellos principios morales que hicieron grandes a los pueblos. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.