La semana pasado los principales partidos opositores firmaron un documento en defensa de la democracia. Tal vez deberían dar un paso más y avanzar en un documento sobre un mínimo de politicas públicas. Mi propuesta de siete puntos.

 

Sobre el fin de la semana pasada, un amplio sector de la oposición firmó un documento en defensa de la democracia y la libertad de expresión. En ese documento aparecen juntas las firmas de dirigentes políticos que uno jamás hubiese imaginado que en un mismo documento pudieran figurar. Tal es la gravedad de la situación institucional del país o, para decirlo de manera que lo entiendan todos, tal es el grado de la amenaza a las libertades individuales, que se ha producido un primer paso  que, a mi juicio, es auspicioso.

Probablemente más de un lector se preguntará si estoy escribiendo estas líneas habiendo abusado del Malbec, pero la realidad es que las escribo convencido que la situación es lo suficientemente grave a riesgo de recibir un aluvión de críticas.

Se pregunta Bastiat en su ensayo La Ley: ¿Qué es, pues, la ley? Es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Y agrega más adelante: Si cada hombre tiene el derecho de defender, aun por la fuerza, su persona, su libertad y su propiedad, varios hombres tienen el Derecho de concertarse, de entenderse, de organizar una fuerza común para encargarse regularmente de aquella defensa.

El derecho colectivo, tiene pues, su principio, su razón de ser, su legitimidad, en el derecho Individual; y la fuerza común, racionalmente, no puede tener otra finalidad, otra misión, que la que corresponde a las fuerzas aisladas a las cuales substituye. Pero más adelante, al ver como la ley había sido pervertida, agrega: Por desgracia, es mucho lo que falta para que la ley esté encuadrada dentro de su papel. Ni siquiera cuando se ha apartado de su misión, lo ha hecho solamente con fines inocuos y defendibles. Ha hecho algo aún peor: ha procedido en forma contraria a su propia finalidad; ha destruido su propia meta; se ha aplicado a aniquilar aquella justicia que debía hacer reinar, a anular, entre los derechos, aquellos límites que era su misión hacer respetar; ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o la propiedad ajenas; ha convertido la expoliación, para protegerla, en derecho y la legítima defensa en crimen, para castigarla.

Este es, a mi juicio, el serio problema que tenemos por delante: que se use el monopolio de la fuerza, no para defender los derechos individuales, sino para, en “nombre” de la ley, abolirlos. Ya estamos en ese camino y, de no cambiarse el rumbo, la sanción a las consultoras que dieron su propia estimación de inflación será una simple anécdota frente a lo que puede venir.

Si se toma dimensión del problema que tenemos por delante, mi visión es que la oposición debería dar un paso más y transformar el documento firmado la semana pasada en otro con algunos puntos básicos que todos se comprometerán a respetar cualquiera sea el partido político que gane las elecciones de octubre. Y esos puntos podría llamarlos Mi Propia Herejía, porque dejan de lado políticas públicas que siempre he defendido. Son solo algunos puntos mínimos para frenar el camino al autoritarismo, tener un mínimo de gobernabilidad y, tal vez, el inicio de la prosperidad.

Es más, a nadie escapa que el kirchnerismo ha dejado el campo tan minado, que si en octubre gana otra fuerza política que no sea la oficialista, será muy difícil lograr gobernabilidad con los problemas que habrá que enfrentar. Por lo tanto, ¿por qué no empezar ahora con esos puntos mínimos de acuerdo para garantizarle a la población gobernabilidad?

¿Cuáles serían esos puntos mínimos?

1)   Estabilidad en las reglas de juego,

2)   Disciplina fiscal,

3)   Disciplina monetaria,

4)   Incorporación de Argentina al comercio mundial,

5)   Ley de coparticipación federal,

6)   Un Nuremberg de la corrupción,

7)   Lucha contra el narcotráfico.

¿Qué significa estabilidad en las reglas de juego? Que una vez definidas las leyes impositivas, de comercio exterior, de ejercer toda industria lícita, de libertad de expresión, de coparticipación federal, de política monetaria, todos las respetarán y las defenderán aún si no están en el poder.

¿Qué implica disciplina fiscal? Que el Estado tendrá un límite al gasto público en base a un porcentaje del PIB y no podrá superarlo bajo ninguna circunstancia. Tal es el derroche de recursos públicos hoy existente que bien puede establecerse una norma de este tipo, al punto que, ni aún teniendo los recursos genuinos disponibles, se podrá aumentar el gasto. En caso de tener recursos excedentes se acelerará la disminución de la presión tributaria, comenzando por los derechos de exportación y el impuesto al cheque.

Si por el lado del gasto hay que ponerle un techo al mismo, también hay que limitar la presión impositiva. En primer lugar para evitar el populismo que destruye riqueza y, en segundo lugar, para atraer inversiones, dado que serán éstas las que permitirán reducir la pobreza y mejorar el nivel de ingreso de la población. El camino es más largo, pero mucho más seguro y con final feliz.

Respecto a la disciplina monetaria, el BCRA se limitará a preservar el valor de la moneda. Hoy su carta orgánica, que es una ley, es violada sistemáticamente, dado que se privilegia el consumo artificial por sobre la estabilidad de precios, depreciando el poder de compra del peso en nombre del falso crecimiento a tasas chinas. Nadie puede sostener que cumple con el mandato de preservar el valor de la moneda emitiendo a tasas del 38% anual.

Incorporar Argentina al mundo implica ver el mundo como una oportunidad y no como una amenaza. Insistir en vivir con lo nuestro implica someter al pueblo a la pobreza y a tener escasas inversiones, porque nadie va a invertir en un país en el cual el Estado le asegura un mercado cautivo y, encima, de escasa dimensión. La regla deberá ser: para obtener utilidades habrá que invertir para ganarse el favor del consumidor, y terminar con esta historia de ganarse el favor del funcionario público para obtener utilidades, que es una fuente de corrupción e ineficiencia.

Sancionar lo antes posible una ley de coparticipación federal es imperioso para asegurar el buen funcionamiento del federalismo y de la república. No voy a entrar en detalles sobre las características de esta ley, solo señalar que la misma deberá impedir que el poder central sojuzgue a los gobiernos provinciales y municipales mediante el manejo arbitrario de la caja.

¿Por qué un Nuremberg de la corrupción? Porque deberán ser sancionados con toda severidad quienes han usado el monopolio de la fuerza para beneficio propio y de terceros. Con sanciones ejemplares en los casos de corrupción quedará el categórico antecedente de que la corrupción no será tolerada y, por lo tanto, un funcionario o gobierno pensará muy bien antes de firmar algún privilegio, regulación o uso de los fondos públicos. Si quienes tienen el monopolio de la fuerza, que les fue delegado para defender los derechos individuales, lo utilizan para enriquecimiento personal y de sus amigos no son sancionados con toda severidad, jamás habrá un mínimo de moralidad pública que haga viable la Argentina como nación. Es más, una ejemplar sanción de la corrupción puede ser un dique de contención a futuros proyectos autocráticos.

Finalmente todos los partidos políticos deberán apoyar una implacable lucha contra el narcotráfico, porque una vez que éste se establece en un país, ya no habrá democracia ni república posible. Es más, la lucha contra el narcotráfico hace a la inseguridad que todos vivimos a diario y también está ligado a los casos de corrupción.

Posiblemente más de uno pensará que esta propuesta es un delirio, que es inconsistente con mi pensamiento sobre la Argentina que sueño y con todo lo que he escrito durante años sobre políticas públicas, o que es demasiado difusa en sus propuestas. Asumo el riesgo a las posibles críticas creyendo que si no se establece un mínimo de decencia pública. Si no se frena este constante uso del monopolio de la fuerza para violar derechos, en un futuro no muy lejano será imposible discutir una política impositiva, de gasto público o de coparticipación federal, por la sencilla razón que si seguimos este rumbo ya no habrá discusión posible porque tal cosa estará prohibida en Argentina.

Argentina se encuentra en una situación muy curiosa. Hoy las condiciones internacionales abren dos caminos posibles: a) usarlas para aplicar más populismo hasta llegar a la dictadura o b) aprovecharlas para restablecer la democracia republicana y sentar las bases de una Argentina próspera.

Con muy pocas medidas como las propuestas podemos entrar rápidamente en una era de crecimiento sostenido y bienestar del pueblo. Ya no pido el ideal, solo un mínimo para vivir en un país mínimamente decente en el cual se puede respirar otro clima.

Ya sabemos cuál es el proyecto del kirchnerismo.      Queda en manos de la oposición dejar de lado cuestiones personales, vedetismos e infinidad de vanidades y pensar que otra Argentina es posible en base a un mínimo de políticas públicas a defender.  

El documento de la semana pasada es un primer paso. Nada hay más importante que la libertad que está en juego para que den el segundo paso de acordar ese mínimo de políticas públicas. Si, finalmente, cualquiera que gane las elecciones de la oposición necesitará de la oposición para gobernar. ¿Por qué no empezar ahora?