En medio de los problemas que aquejan al mundo se instalaron debates acalorados sobre como debería ser el matrimonio al efecto de legislar en consecuencia. Estos debates se arrastran desde la instauración del ‘matrimonio civil’

Muchos de los que idearon esta última visión con razón querían deshacerse del monopolio de las iglesias sobre la materia, especialmente la católica en países que se declaraban oficialmente de esa religión. A tal punto que en una provincia argentina (Santa Fe), en 1867, los que se oponían al matrimonio civil enmarcaron la ley correspondiente, la colgaron en una pared y la fusilaron en la plaza pública mientras el obispo del lugar amenazó con excomulgar al gobernador por ser el autor de la iniciativa legal.

En esta materia hay varios puntos que comentar. En primer lugar, ningún país civilizado debería mezclar el poder con la religión en ningún sentido. Esto se puso de manifiesto en la genial “teoría de la muralla” estadounidense para trasmitir esa separación tajante de personas que huyeron de las intolerancias y las espantosas masacres realizadas en nombre de la religión, de la misericordia y de Dios.

En segundo lugar, el aparato estatal no debería inmiscuirse en las relaciones amorosas entre las personas. No debería casar y descasar, liberando a que cada uno decida como desea manejar estas relaciones íntimas y personalísimas. Si las partes desean dejar constancia del uso de apellidos, de asuntos patrimoniales, los hijos y otras cuestiones lo podrán hacer ante escribano público asumiendo las responsabilidades que correspondan y árbitros privados estipulados en los respectivos acuerdos deciden ante los posibles conflictos entre las partes y con relación a la eventual prole asentando la jurisprudencia del caso en el contexto de un proceso evolutivo, tal como ocurría en el common law y durante la República romana y principios del Imperio.

En este sentido, todos los acuerdos de cualquier tipo que sean que no lesionen derechos de terceros deben ser respetados, respeto que no significa adherir a los mismos por parte de terceros, se trata de la manera de convivir pacíficamente sin agresiones innecesarias.

Y no se diga que algunas de las combinaciones posibles en uniones civiles significan lesionar los derechos de la prole por lo que los aparatos estatales deben prohibir, legislar y reglamentar puesto que con esta visión se sientan las bases de entrometimientos inaceptables de la fuerza que se permite que se filtren hasta hacer la vida imposible. No son pocos los matrimonios ordinarios que puede anticiparse con facilidad que la prole sufrirá. Muchos pueden ser los problemas: el griterío entre los cónyuges, la mala dieta, la falta de deportes, la mala educación y tantos otros aspectos como la adopción sobre lo que he escrito antes en detalle. Sabemos que los mortales no somos infalibles y que habrán muchos problemas diarios pero éstos empeoran en grado superlativo si se permite que el monopolio de la fuerza la juegue de niñera impuesta.

En tercer lugar, para no confundirnos en el lenguaje, el término “matrimonio” tiene un significado preciso y una larguísima tradición en este sentido: alude a la unión formal entre un hombre y una mujer que puede concretarse a través de una iglesia y/o una escribanía, lo cual excluye otras combinaciones que son uniones civiles (o puede recurrirse a neologismos para describirlas). Si bien los diccionarios son libros de historia y evolucionan los significados y los símbolos a través del tiempo, no conviene adelantarse y llamar perro al gato y viceversa al efecto de podernos comunicar. Para los religiosos es un sacramento, para los que no lo son es un compromiso laico.

Personalmente estimo que la constitución de una familia en la que se cultivan valores para fortalecer la formación de seres humanos es a través del matrimonio, pero no puede recurrirse a la violencia para atacar otras concepciones por más que otros no las compartan y ni siquiera las entiendan. Esa es la manera de convivir pacíficamente y que cada cual asuma su responsabilidad ante su conciencia, ante los demás y ante Dios. De allí es que la condición central del hombre es su libre albedrío por medio del cual se acierta y se incurre en desaciertos (más de esto último).

En el referido contexto, no habría tal cosa como el divorcio en el sentido que hoy se lo entiende con la participación necesaria del gobierno. Serían acuerdos entre las partes que pueden tener fecha de vencimiento, pueden preveer rupturas y toda otra variante que las partes consideren conveniente anticipar (y lo que no se ha anticipado, naturalmente irá a manos del árbitro según los procedimientos estipulados o, en su caso, los que no se hayan previsto).

En este tema también está presente la arrogancia de los gobernantes y la manía de la ingeniería social y la soberbia en cuanto al diseño de sociedades. Como ha escrito Adam Ferguson en A History of Civil Society (1767), nada peor y más peligroso que los “constructores de sociedades” que creen saber más que los interesados y no ven más allá de sus narices, no por perversidad sino por la natural ignorancia que a todos nos embarga por lo que apenas y con dificultad podemos manejar nuestras propias vidas, menos podemos pretender la coordinación de millones de seres humanos.

Se dice con razón que todo esto es inseparable de la educación y que, por tanto, hay que esperar a contar con gente educada para recién allí liberarlos de las garras estatales. Y para contar con gente educada, a su vez, el gobierno debe disponer de instituciones estatales para enseñar al efecto de ayudar a los más pobres. Extraño silogismo en verdad, es como se ha consignado: “no puede dejarse que la gente se meta en una pileta de agua antes que aprenda a nadar”. Un círculo vicioso formidable en el que se coloca la carreta delante del caballo, es claro que si no permite que se entre a la mencionada pileta nunca se aprenderá a nadar.

Sin ninguna duda que el problema es educativo, puesto que se trata de fundamentar valores básicos para entender y suscribir el necesario respeto recíproco. En el caso ahora comentado, por un lado el significado de la familia y, por otro, el respeto de otras combinaciones en las que no puede enviarse la fuerza bruta para disolver o modificar. También es llamativa la conclusión de que debe contarse con entidades estatales de educación “para ayudar a los más pobres”. He escrito mucho sobre este tema tan delicado e importante, pero en esta ocasión me limito a reiterar un solo aspecto del problema. Se trata de señalar la grotesca falacia de que los pobres son los beneficiarios de este sistema que curiosamente se denomina “gratuito”.

Para desentrañar esta madeja, lo primero es comprender que los salarios e ingresos en términos reales son consecuencia de las tasas de capitalización. No dependen de la buena voluntad de empresarios ni de promesas de políticos. En los países con altas tasas de capitalización los empresarios están obligados a pagar salarios más altos respecto a lo que ocurre en lugares de menores inversiones y los políticos que por decreto pretenden elevar ingresos, inevitablemente generan desempleo.

El paso siguiente es percatarse que, por esta misma interrelación entre ingresos y tasas de capitalización, los que se hacen cargo de impuestos para financiar compulsivamente la educación (o lo que fuere por imposición gubernamental) reducen sus inversiones con lo que, por lo dicho, los marginales, a su vez, ven mermados sus salarios, situación que significa que son ellos los que en definitiva pagan la educación con creces.

Decimos que lo hacen en definitiva y con creces porque debido a la utilidad marginal, sabemos que -aunque no resulten posibles las comparaciones intersubjetivas- un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico con lo que concluimos que sobre los de menores recursos recae con más peso el gravamen.

Repetimos que los temas de los casamientos y descasamientos estatales derivan de la comprensión o incomprensión de valores: la preservación de las autonomías individuales en un tema tan personal que no se soluciona cargando las tintas sobre los más pobres en materia educativa (además de todos los otros aspectos sobre los que hemos abundado en otras oportunidades respecto a este tema espinoso, que nada tiene que ver con la admirable buena voluntad de los muchos docentes que se desempeñan y se han desempeñado en esas reparticiones estatales).

Es importante volver a la fuentes y acostumbrarnos a independizarnos de la idea del papá-estado y, en esta instancia del proceso de evolución cultural, reservar el uso de la fuerza del gobierno para garantizar derechos vía la seguridad y la justicia, y desde luego no entrometerse en el matrimonio y en las uniones civiles de otras naturalezas. Como queda dicho, todo lo que no lesiona derechos de terceros debe ser permitido en una sociedad abierta.