La tremenda ofensiva gubernamental de la semana pasada contra el Grupo Clarín llama realmente la atención e intimida. Dos ministros y un secretario de estado fueron lanzados al ruedo en dos conferencias de prensa y en una irrupción en las oficinas de Papel Prensa para completar un tremendo round de golpes al grupo dirigido por Héctor Magneto.

Primero, Julio De Vido informó que el gobierno cancelaba la licencia de Fibertel para ofrecer servicios de Internet de banda ancha. Fibertel era una empresa que en 2003 había sido absorbida por Cablevisión cuando esta aun no formaba parte del Grupo Clarín. Cablevisión aduce que su fusión con Fibertel fue aprobada por la IGJ y por la Comisión Nacional de Comunicaciones. También dice que la Comisión Nacional de defensa de la Competencia aprobó la integración de ambas empresas con Multicanal en 2007.

Por su parte, Julio De Vido dijo que Cablevisión usurpó la licencia de Fibertel y que en 90 días la empresa debe cerrarse y sus usuarios pasar a otros prestadores. “Fibertel no existe más”, dijo el ministro en su presentación.

Luego apareció el Canciller Héctor Timerman anunciando el cierre de la construcción de la represa Ayui Grande en Corrientes, aduciendo un peligro para el ecosistema del Río Uruguay y llamándola “La Botnia argentina”. Uno de los accionistas del emprendimiento es George Soros; el otro José Aranda, vicepresidente de Clarín.

Luego, como no podía ser menos, Guillermo Moreno, al grito de “acá el dueño soy yo” irrumpió en las oficinas de Papel Prensa e increpó a uno de sus gerentes Julio Taborda. Personal de la empresa llamó a una ambulancia que finalmente no pudo intervenir.

Esta semana que se inicia se anuncia otra embestida esta vez dirigida directamente contra Magneto acusándolo de haber actuado en connivencia con la dictadura militar para que, bajo extorsiones y amenazas a Lidia Papaleo, la viuda encarcelada de David Graiver, ésta le vendiera las acciones de Papel Prensa mayoritariamente a Clarín. El gobierno dice que Magneto la amenazó diciendole, “firma o te mato”. Magneto dice que en una solicitada de 1999, Papaleo admitió haber vendido sus acciones 6 meses antes de ser detenida.

Como se ve, la oscuridad de estos hechos habla por sí sola. Se trata de tenebrosidades que erizan la piel. Nadie sabe dónde está la verdad, pero el simple hecho de tener la certeza de que en la Argentina puede ocurrir que un gobierno la emprenda de manera ostensible y sistemática contra una persona jurídica privada, poniendo para ello todo el aparato del Estado en funcionamiento, causa escalofríos.

Fibertel considera ilegal el procedimiento y apelará, pero el mundo de los negocios y de las inversiones ya vio a un ministro del gobierno anunciar que “Fibertel no existe más”. Según el gobierno correntino, todos los extremos ambientales fueron cubiertos por el emprendimiento Soros/Aranda, pero el Canciller le anunció al Universo que cerrará Ayuí Grande. Los directores privados de Papel Prensa trataran de hacer algo en sede judicial, pero el vozarrón de Guillermo Moreno inundó los cuatro puntos cardinales del Globo diciendo que “el dueño” es él.

Más allá de los resultados que estas apelaciones a la Justicia produzcan, lo cierto es que esta pelea entre un gobierno y un grupo mediático le está costando jirones de credibilidad al país, al tiempo que acerca cada vez más a cero el índice de confianza de los inversores para arriesgarse a venir a un país en donde los funcionarios el Estado dicen ser los dueños de compañías privadas.

No resulta demasiado creíble que todas estas irregularidades hayan sido descubiertas ahora luego de que, por ejemplo, el propio (entonces) presidente Kirchner le aprobara a Clarín la monumental fusión entre Cablevisión y Multicanal.

La aprobación de la inconstitucional por retroactiva Ley de Medios, es otro eslabón de los efectos nocivos que una sociedad ajena a esta pelea tiene que absorber porque dos colosos que antes se llevaban bien ahora han decidido romperse los cuernos.

No hemos sido nosotros precisamente desde estas columnas y desde los micrófonos en donde estuvimos los que hemos defendido la situación dominante de Clarín. En cierto sentido, hemos sufrido sus consecuencias cuando quedamos fuera de la pantalla cuando el Grupo compró P+E y Plus Satelital y los hizo desaparecer del aire. Pero eso no autoriza a dar el visto bueno a que en el país empiecen a tener validez leyes que ponen en duda la seguridad jurídica de derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia (y adquiridos en perfecta concordancia con el orden jurídico vigente a ese momento).

La oposición desde el Congreso ha calificado el caso como “una amenaza para las libertades individuales”. No está mal el encuadre. Solo restaría saber si la sociedad considera realmente valiosas las libertades individuales. Si los individuos argentinos aprecian realmente sus derechos y están concientes cuando un gobierno los pone en peligro o si, al contrario, el kirchnerismo se siente tranquilo en ese terreno porque sabe que esas libertades no tienen demasiado valor para nosotros al preferir que otro se encargue de nuestras vidas en lugar de decidirlas nosotros usando, justamente, esas libertades.

La fenomenal explosión económica que llegará como consecuencia de la inflación descontrolada, solo puede evitarse con la convocatoria a una colosal inversión de cientos de miles de millones de dólares que multiplique la producción de bienes y servicios para que ellos absorban el océano de circulante al que el gobierno está sometiendo a la sociedad. Si esa llegada de dinero legítimo no se consigue rápidamente, las aguas de ese océano nos ahogarán. Y los dueños de esos flujos de capitales huyen despavoridos de lugares en donde un guapo con guardaespaldas que actúa en nombre del Estado dice ser el dueño de las empresas y donde la sociedad no valora la libertad individual y prefiere que el Estado le resuelva sus problemas.

Por eso, más allá de dónde se encuentre la verdad de este embrollo cada vez más oscuro, el gobierno, por un lado, deberá dar muestras rápidas de que la Argentina es un país que está en condiciones de asegurar, en primer lugar, la vida de las personas y, acto seguido, la propiedad de lo que a cada uno le corresponde; y, por el otro, la sociedad deberá demostrarle al mundo y a sí misma que los derechos individuales constituyen un capital al que no está dispuesta a renunciar, sea que esos derechos puntualmente en peligro favorezcan a un millonario o a un indigente.

Mientras esas cuestiones permanezcan dudosas en el país, la altura cada vez más inquietante de las aguas del océano de emisión nos hundirá en un pasado que, no por conocido, deja de ser menos triste. © www.economiaparatodos.com.ar