Hace un par de semanas la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, puso de manifiesto el uso que en Argentina se puede hacer de la información tributaria; un uso patotero, ilegal, del que el gobierno uruguayo no puede ser cómplice. Lo que ocurrió debe pesar decisivamente a la hora de poner en funcionamiento el convenio tributario con Argentina, que por varios medios se ha solicitado al gobierno no llevar adelante o, al menos, postergar su puesta en funcionamiento.El 8 de julio apareció en el diario Clarín una nota que se tituló “tres historias detrás de la desaceleración de la economía”. La primera de esas historias la contaba el empleado de una inmobiliaria destacando la parálisis en el sector, debida según afirmó a las peripecias a la hora de transar en dólares. Pocos días después, por cadena de radio y televisión, la presidenta contó que había pedido al director de la AFIP – nuestra DGI- información tributaria de la inmobiliaria, encontrando que había omitido realizar las últimas declaraciones juradas, lo que le valió ser sancionada. La presidenta violó así el secreto fiscal públicamente, y alentó la persecución impositiva. Se suma a este hecho gravísimo lo ya conocido: que para comprar dólares hay que pedir permiso a la AFIP y, todavía peor, ahora las compañías de luz, gas y teléfono le deberán denunciar a esta patota tributaria los consumos superiores a los 1000 pesos mensuales. Cuando la información impositiva  se usa para “apretar”, para detectar enemigos del sistema, o para mandar cancerberos a los opositores, el deterioro institucional derivado de la acción de esta gendarmería tributaria es enorme.

Complicidad

No puede ser por tanto que el estado uruguayo, a través de intercambios de información, se convierta en cómplice de esta forma de ataque a las personas, a su derecho a la reserva y al de manifestar su opinión sobre la marcha de la economía, como lo hizo este empleado de la inmobiliaria Toselli en Buenos Aires. Por qué traigo a colación este episodio. En primer lugar porque no podemos ser cómplices de estos atropellos, ya que no hay ninguna duda de cómo se utilizará la información impositiva de argentinos que nos piden. En segundo lugar porque nuestra DGI, no por persecución pero sí como consecuencia de la lógica del impuesto a la renta, pide información a porteros sobre alquileres, a colegios y clubes sobre lo que pagan sus socios, a demandar auxilio de la fuerza pública, todo en un crescendo policíaco del que nada favorable puede esperarse. La delación, la investigación policial, no pueden ser vendidas como manifestaciones de calidad institucional ya que es al revés. Y por este motivo es que esencialmente me disgusta la tributación directa. Pero hay un tercer punto sobre el que el episodio de la presidenta me hace reflexionar: el de una nueva ética trucha que parece instalarse allí pero también acá.

Ética Trucha

Esta ética trucha se basa en una serie de principios defendidos especialmente por los que cobran impuestos. Uno de ellos muy difundido es que lo malo es no pagar al Estado, o que los impuestos hay que pagarlos  no porque son obligatorios sino porque está bien hacerlo, porque esto es lo justo y lo bueno, como si se desprendiera un cierto sentido ético, patriótico o solidario en pagar, y una condena moral a evadir. Pero no es así. No existe ningún sentido ético en pagar impuestos. Esto es porque el vínculo entre la autoridad fiscal y los contribuyentes no es una relación de contenido ético, libre, sino una relación de fuerza: una parte obliga, la otra obedece, y la primera castiga a la que no cumple. Y nada más, porque no hay mérito ético en hacer lo que está mandado.

Por qué entonces hemos escuchado tantas veces a las autoridades de estos dos últimos gobiernos exhortar a pagar impuestos por solidaridad, para hacer un esfuercito más. Por qué el IRPF se planteó como un tema de equidad, o la reforma tributaria como un asunto necesario para arreglar problemas de pobreza o marginalidad, que no se han resuelto.  Creo que la respuesta es que esencialmente estos gobiernos creen en el monopolio estatal de la solidaridad o la benevolencia. En otras palabras, el gobierno se ha cargado con la obligación de resolver  los problemas sociales, todos, y en vez de ayudar a la gente a que se organice para solucionarlos, se ha propuesto –en este como en tantos temas- desplazar a los ciudadanos de esa actividad. Sería mucho más eficaz desgravar actividades vinculadas a la solidaridad privada que cobrar impuestos para hacerlo: son modelos diferentes de sociedad. En uno son las entidades intermedias privadas las que subsidiadas, apoyadas, encaran la solución de problemas; en el otro es el Estado, al que lo anterior molesta. En un caso brillan la Teletón o el liceo jubilar; en el otro el Plan de Equidad.

Creo que un primer planteo ético es reflexionar cada tanto acerca de lo que el gobierno hace con nuestros impuestos. Vale la pena pensar que ellos deberían servir para asegurarnos tres  derechos básicos: la vida, la libertad y la propiedad. Si alguno de estos tres derechos no estuviera asegurado después de un 35 % de presión fiscal, esto sería porque hay un problema de gasto público que tiene ciertamente un componente ético: el no atender lo más elemental del bien común. Pocas cosas más se pueden sumar a estos tres fines. Y muchas en cambio de las que conocemos como actividades que se hacen con nuestros impuestos admiten una discusión sobre lo que está bien o lo que está mal. Ya  me refería a usar los impuestos para “apretar”.

Ahora señalo que no pueden representar la convalidación del deseo de mucha gente de vivir a costas del trabajo ajeno. Y qué otra cosa que vivir del trabajo ajeno es demandar impuestos que me saquen dinero a mí para proteger a la industria naciente, a la que cerró hace años, o una burocracia a veces innecesaria, etc. Pensar en el estado como solución de los problemas propios o corporativas es con frecuencia apelar a vivir del trabajo ajeno, lo que constituye una afirmación de un contenido ético difícil de compartir aunque lo mande la ley.

Negar información

Crecientemente nuestro gobierno nacional y también los departamentales se sienten llamados a ejercer ese monopolio de la solidaridad, que conduce no solo a catástrofes fiscales para necesidades crecientes, sino ineluctablemente al populismo. Precisamente es lo que vemos en Argentina: gasto creciente, intervencionismo en aumento, policía fiscal en desborde, déficit interno creciente y populismo. A esta Argentina parece una insensatez darle información. No podemos ser cómplices.

Fuente:  Diario el País de Montevideo

Autor: Julio Prevé. Ingeniero, egresado de la Universidad de la República, con estudios de macroeconomía, de economía industrial y de comercio internacional.
Fue asesor del MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca), y desde 1992  hasta el 1 de marzo del 2000 fue director de OPYPA, Oficina de Programación y Política Agropecuaria.
Ha participado frecuentemente en la negociación internacional del Mercosur, especialmente en temas de afectación sobre la competitividad agroindustrial; y en la del ALCA.