El pasado jueves no se produjo uno de esos puntos de inflexión que dividen la historia de una Nación, un régimen, un proceso o una revolución para siempre. Tampoco fue un episodio menor. Está claro qué pasó: a lo largo y ancho del país, distintas manifestaciones multitudinarias ganaron las calles con el propósito específico de repudiar al kirchnerismo.La dimensión del fenómeno sorprendió, por igual, a quienes marcharon pacíficamente en tantas ciudades y pueblos del país como a los integrantes del gobierno nacional. Nadie esperaba esa cantidad de gente convocada al solo conjuro de las redes sociales. Por tanto, cuando unos y otros cobraron conciencia de la magnitud del hecho, reaccionaron de distinta forma.

Desde la Casa Rosada, la orden que Cristina Fernández le dio a su jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fue la de echar más leña al fuego. De alguna manera, ello adelantaba la estrategia oficialista de negarle trascendencia al cacerolazo —por llamarle así—, faltarle las consideraciones más elementales a miles de argentinos —de ahí lo de “les importa más cuanto sucede en Miami que lo acontecido en San Juan”— y preparar el escenario para la contramanifestación del próximo día 27 de octubre.

Desde el arco opositor, en cambio, y en esto sin falla de matiz, sus principales referentes aprovecharon la oportunidad no para apropiarse de ese clamor popular —cosa que no hubieran podido hacer aunque quisieran— sino para sumarle adhesiones y solicitarle al gobierno que le prestase oídos a los reclamos. Como siempre, hubo una suerte de diálogo de sordos entre los dos bandos en pugna. O, si se prefiere, dos monólogos sin posibilidad de contacto ninguno.

En tanto, esa parte importante de la sociedad que se dio cuenta —dejando de lado pasados temores— de cuánto valía expresarse sin intermediarios y sin que nadie de la clase política o de la dirigencia en general la llamase a manifestarse —fuera de las cadenas de mails y de twitter— ahora se halla entusiasmada con el éxito y va por más. La consigna que corre como reguero de pólvora tiene un nuevo lugar de reunión, fecha y hora precisas: el 1º de octubre a las 17 horas en el Monumento a los Españoles. Si otra hubiese sido la relación de fuerzas y el hartazgo de tanta gente hubiera encontrado en su camino a una administración débil —como la de Fernando de la Rúa, por ejemplo— estaríamos hablando de un antes y un después para el kirchnerismo. Pero a pesar de las dificultades económicas que debe sobrellevar y de la pérdida de imagen de la presidente —si se la compara con la de octubre del año pasado— el gobierno reivindica exitosamente el monopolio del poder sin demasiados peligros en el horizonte. Demostró resistir, tras un momento de duda y locura de Néstor Kirchner, la derrota a manos del campo en 2008 y soportó con relativa tranquilidad el traspié sufrido en las elecciones legislativas de 2009. ¿Por qué habría de trastabillar ahora? Nada indica que se encuentre en un tembladeral. En principio porque las algaradas a las cuales venimos haciendo referencia —no importa
que tan potentes sean en punto a su número— carecen de poder y no ponen en tela de juicio esa relación de fuerzas todavía tan favorable al oficialismo. Si en el Monumento a los Españoles se amontonase medio millón de personas, ello preanunciaría, en el mejor de los casos, un revés electoral del Frente para la Victoria, en la Capital Federal, el año entrante. Nada más y nada menos.

Lo expresado hasta aquí en modo ninguno intenta minimizar un hecho que fue semejante al de Rosario, frente al Monumento a la Bandera, y al de los bosques de Palermo, en 2008, tan trascendentes los dos en términos de lo que pasó luego, en el Senado, al momento de decidir el entonces vicepresidente, Julio Cobos, la votación que clausuró las ilusiones kirchneristas. Si bien las similitudes resultan notables, las diferencias no lo son menos. Estas manifestaciones y las que, seguramente, vendrán más adelante no han sido planeadas con arreglo a un plan estratégico o cosa que se le parezca. Aquéllas, en cambio, obedecieron a la forma como decidió plantear su disidencia a las retenciones móviles la llamada Mesa de Enlace conformada por Mario Llambías, Eduardo Buzzi y Luciano Miguens. Las de ahora se dan en un contexto crítico, es cierto, pero donde no existe, como hace cuatro años, una pulseada abierta, concreta y con fecha de vencimiento entre dos poderes: el gobierno y el campo.

¿Qué hará el oficialismo delante de este desafío? Sin duda, redoblar la apuesta en atención a que tiene a su favor una batería de recursos de todo tipo, a la cual echar mano. Su reacción se corresponde bien con su naturaleza confrontativa. Si Cristina Fernández tuviese un temperamento distinto, pensaría dos veces antes de ordenar una contraofensiva. No porque el ejército que la enfrenta acredite un volumen de fuego tan importante como para meterle miedo, sino por otra razón poco beligerante: muchos de los hombres y mujeres que salieron el jueves a las calles verían con buenos ojos un gesto de concordia de la presidente. La hostilidad, inversamente, confirmará sus sospechas de que resulta irrecuperable.

Pero la viuda de Kirchner es igual que su difunto marido. Piensa que tenderle la mano a los manifestantes supone una muestra de debilidad. Más aún, supone que tanta cacerola y vocerío encubre un complot destituyente con el que no se puede dialogar. Imaginar que pudiese considerar siquiera un acercamiento sería no entender su concepción de la política y de cómo ejercer el poder.

Para saber qué camino decidirá recorrer es conveniente recordar, tan sólo, la manera que obró cuando se recortó, delante suyo, un enemigo mucho más poderoso: el campo. Si en 2008 jugó a suerte y verdad, y perdió, en una instancia como la presente, de menor riesgo, hará otro tanto.

Hay otra pregunta dando vueltas: ¿podrá alguien capitalizar semejante enojo antigubernamental? Si la idea de adueñarse de la protesta social se corresponde con la habilidad de un determinado dirigente del arco opositor para encauzarla y hacerla suya, la respuesta es no.

Bastaría que a cualquiera de las personalidades que pueblan ese espacio se le ocurriese reivindicar una misión de capitanía, para ver cómo su intento naufragaría en el ridículo. Aquí las ideas motrices capaces de generar tamaña adhesión ciudadana tienen que ver con el cansancio de determinada gente respecto de las arbitrariedades del gobierno. Se juntan radicales, conservadores, peronistas, macristas, socialistas y apartidarios porque nadie pretende conducirlos con fines electorales ni busca mediatizar su protesta.

Sin embargo, cuando se substancien los comicios legislativos del año que viene, es posible que uno o más partidos puedan capitalizar el voto de esos cientos de miles de personas que, si algo tienen en claro, es que no entrarán al cuarto oscuro con el fin de respaldar la gestión de Cristina Fernández.

Resulta injusto e inexacto sostener que las manifestaciones del jueves pasado fueron un toque de atención enderezado, indistintamente, contra una administración cuya desmesura en el ejercicio del poder por momentos asusta, y también contra un arco opositor que se muestra impotente a la hora de forjar una estrategia de resistencia común. Quizás, Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín, Hermes Binner y Pino Solanas, José Manuel de la Sota y Hugo Moyano deberían preguntarse por qué la gente salió sin consultarlos y por qué se siente tan poco representada. Pero no eran ellos el motivo de la rabia y el cansancio: era un gobierno que, en lugar de escuchar, se pintará nuevamente la cara con colores de guerra.

El país de los argentinos está más crispado que nunca desde el regreso de la democracia y dividido por odios que creíamos desaparecidos. Hasta la próxima semana.

Más recursos no coparticipados, más sometimiento al gobierno central
    
La médula del poder K

• Las transferencias no automáticas —es decir, discrecionales— del gobierno federal a las provincias han experimentado una fuerte contracción como porcentaje del gasto publico en los últimos años.

• Durante los primeros siete meses de 2009 las transferencias no automáticas a provincias representaron 11 % del gasto primario.

• En el mismo período del corriente año la participación bajó a 7,5 %.

• Las transferencias tanto de capital como corrientes vienen creciendo en 2012 muy por debajo del gasto primario.

• Esto se contrapone a 2009, cuando eran las partidas que más crecían.

• Los fondos girados por coparticipación también sufren una fuerte desaceleración, según mostró un estudio de Idesa.

• Entre 1994 y 2011, las provincias recibieron en promedio 32 % del total de la recaudación.

• Entre los años 2002 y 2008, la porción de los recursos nacionales que fluyó automáticamente hacia las provincias se redujo a 27,5 %.

• Pero a partir de 2009 y pese a que comenzó a operar el Fondo de la Soja, los recursos coparticipados que llegan a las provincias representan sólo 26 % de la masa colectada.

• Si descontamos el fondo sojero, se reparten en forma automática apenas 24,5 % de los fondos.

• Luego de la reforma de 1994, la Constitución dejó establecida en su artículo 75° el régimen que regula la distribución de recursos fiscales entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

• Su espíritu es que las transferencias sean automáticas para evitar arbitrariedades e imprevisibilidad en la percepción de los fondos coparticipados.

• Allí se estableció que el reparto deberá ser función de las competencias, servicios y funciones que preste cada jurisdicción y se fijó el año 1996 como fecha límite para que el Congreso sancionara un nuevo régimen de coparticipación.

• El mandato se apoyaba en que, en esa época, se estaba en la etapa final de La transferencia de los principales servicios públicos a las provincias. La transferencia de la educación y la salud pública, las inversiones devivienda e infraestructura urbana, exigían rediscutir la distribución de los impuestos nacionales.

• Han pasado 16 años de la fecha límite establecida y ese mandato no se ha cumplido.

• No se sancionó la nueva ley y, en su lugar, se convalidaron decisiones que potenciaron el centralismo.

• La apropiación de los fondos previsionales, nuevos impuestos no coparticipables, y la emisión monetaria indiscriminada son algunos de los recursos monopolizados por la Nación en perjuicio de las provincias.

• La iniciativa del Ejecutivo nacional de reducir el plazo de prescripción para obligaciones tributarias, tanto provinciales como municipales, muestra la intención oficial de recortarle sustento propio a esas jurisdicciones.

• La concentración de los recursos en el nivel federal y la discrecionalidad en el reparto son indispensables para someter a gobernadores e intendentes a los dictados del gobierno central.

• El perjuicio mayor recae, de todas formas, en los ciudadanos, que son asediados por el estado para pagar más impuestos por menos y peores servicios.

• El gobernador bonaerense acaba de declarar públicamente que “la coparticipación en algún momento se tendrá que volver a discutir”.

• Estas palabras tienen especial trascendencia por ser dichas en momentos en que la Nación enfrenta los reclamos presentados por otras provincias, como Santa Fe
y Córdoba.

• La provincia de Corrientes también amenazó con seguir los mismos pasos.

• Scioli enfrentó serias dificultades para abonar los aguinaldos en el mes de julio, cuando la Casa Rosada le negó el envío de fondos.

• El gobernador de Córdoba ya ha advertido que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para que cese la detracción de 15 % de la coparticipación que corresponde a esa provincia.

• Paralelamente, el presidente de la Corte anunció que antes de fin de año habrá un fallo en la causa iniciada por Santa Fe.

• La legislatura cordobesa votó el 8 de agosto una ley denunciando el Pacto Fiscal
de 1992, por el que las provincias aceptaron aportar fondos de coparticipación para el régimen jubilatorio.

Fuente: M&A inc.