Un inusual proyecto de ley que propone modificar el artículo 80 del Código Penal de Perú está siendo considerado por la “Comisión de Justicia” del Parlamento peruano. Con él se procura poner fin a la posibilidad de que los delitos cometidos por los funcionarios públicos puedan prescribir.

La alternativa está dando mucho de qué hablar en los movidos ambientes políticos de Lima. Hay quienes creen que el proyecto tiene posibilidades de ser sancionado y quienes, en cambio, piensan que jamás logrará los votos necesarios para convertirse en ley, ya que quienes deben votarlo son, precisamente, su objeto.

Quizás la iniciativa haya nacido porque en Perú hay en curso nada menos que unos 320.000 procesos judiciales que han sido iniciados contra los funcionarios públicos por una multitud de razones directamente vinculadas con sus respectivas gestiones.

Pero, también quizás exista para hacer “humo”, porque -pese a la bulla periodística en torno al mismo- son realmente muy pocos los que creen que tiene posibilidades serias de seguir adelante y terminar siendo sancionado. Seguramente por aquello del “zorro en el gallinero”, los “zorros” harán lo necesario para que no nazca.

Para Carlos Torres Caro, que se desempeña como tercer Vice-presidente del Legislativo peruano, el proyecto referido “es el único camino que Perú tiene para salvaguardar las instituciones del Estado”.

Tiene razón, pero somos escépticos. Puede ser que sea efectivamente así, pero permítasenos dudar de la viabilidad de la propuesta que -sin embargo- debiera ser imitada entre nosotros, para evitar que aquellos que delinquen durante la función pública puedan “silbar bajito” escondidos o exiliados durante un corto rato, para regresar luego al seno de la sociedad “como si no hubiera pasado nada” y ellos fueran perfectamente decentes, lo que obviamente está lejos de ser efectivamente así. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).