Hace algunas semanas, intenté mostrar por qué la gente tiene que preocuparse por el tema institucional y cómo la ausencia de instituciones puede afectar la vida diaria. En esa oportunidad señalé que, si bien el tema institucional estaba tomando cada vez más difusión, la gente todavía no terminaba de relacionar tan estrechamente esa cuestión con sus derechos.

En esta nota quiero detenerme, particularmente, en el comportamiento empresarial respecto al problema institucional. ¿En qué medida le interesan al empresariado las instituciones? ¿Es tan diferente el interés del capital por este tema que la preocupación al respecto de los no empresarios o, para economizar palabras, de la gente común (es decir, del pequeño comerciante, del profesional o del empleado)?

En líneas generales, los empresarios de todo el mundo buscan maximizar sus utilidades. Ésa es la función empresarial. El debate sobre lo que hoy se conoce como la responsabilidad social corporativa o empresarial queda para otro momento dado que sobre este punto hay mucha tela para cortar.

Ahora bien, ¿define la calidad institucional de un país la tasa de inversión? Si por calidad institucional entendemos estabilidad y bondad en las reglas de juego que impera en una economía, la respuesta es sí. Dicho en otras palabras, al margen de si un país tiene una democracia ilimitada, es decir una democracia en la cual se vota pero los elegidos para la función pública hacen un uso indebido del monopolio de la fuerza que se les delegó, los empresario ven si las reglas de juego le convienen a su negocio y cuán estables pueden ser.

Aun con reglas de juego inestables, siempre se produce algún tipo de inversión porque en los países sin gobiernos subordinados a la ley se producen alianzas entre algunos sectores empresariales y el poder político a los efectos de obtener rentas fuera de las reglas de la competencia. Subsidios, proteccionismo y demás mecanismos son utilizados en una especie de orgía de corrupción y, luego, son mostrados como logros de la confianza que supuestamente consigue el gobierno de turno para captar inversiones.

El punto a considerar es que esas inversiones requieren de una alta tasa de rentabilidad. En primer lugar, porque las utilidades son muy inestables debido a que dependen del humor del funcionario de turno. Un simple decreto o resolución puede anular el negocio. En ese caso, el gobernante tiene agarrado por el cuello al inversor y éste lo sabe antes de entrar en el negocio, por lo tanto actúa en consecuencia. En segundo lugar, porque el esquema de corrupción que produce este tipo de inversiones eleva los costos de producción. Las coimas que hay que pagar para obtener la firma del funcionario de turno y conseguir el privilegio correspondiente son un costo de producción más en este tipo de organización institucional, costo que puede encararse porque el mercado está cerrado a la competencia sin alternativas para el consumidor o bien porque el costo de entrada es muy bajo ya que algún empresario decidió salirse del negocio. Como el valor de los activos tiende a cero en la medida que el Estado actúa en forma arbitraria, muchas veces un empresario puede estar dispuesto a regalar su empresa con tal de no seguir asumiendo pérdidas o de ser humillado por el autócrata de turno.

Es como si un pequeño comerciante tuviera que pagarle a la mafia un canon de protección. Ese pequeño comerciante inevitablemente tendrá más costos de producción. Por lo tanto, podemos afirmar que las organizaciones institucionales en las cuales los gobiernos no se subordinan a la ley son organizaciones similares a las de un sistema mafioso. En un sistema mafioso, el “capo mafia” puede incrementarle en cualquier momento al comerciante el costo de “protegerlo”. ¿Qué hace el comerciante en ese caso? Como está desarmado frente a la fuerza bruta de la mafia, paga el mayor costo, pero su inversión va a ser reducida. La habilidad del mafioso consistirá en cobrar el mayor precio por protección, sin que llegue a un nivel que haga que el comerciante se mude de barrio. Sin embargo, el comerciante no hará inversiones mientras el mafioso siga imponiéndose en esa zona.

Un mafioso ineficiente no tendrá en consideración la tasa de rentabilidad del comerciante y lo exprimirá hasta que su negocio quiebre. En ese caso, el mafioso ineficiente perderá su negocio o tendrá que buscarse otro barrio para “ganarse la vida”.

¿Qué lugar elegirá el comerciante si decide mudarse? Un barrio en el cual no haya organizaciones mafiosas.

Con los países ocurre lo mismo que con las organizaciones de tipo mafioso. En los países en los cuales las reglas de juego dependen del capricho de un autócrata (poco importa si el autócrata llegó al poder por los votos o por la fuerza), la tasa de inversión es menor a la de los países en que existen gobiernos con un alto grado de subordinación a la ley.

Dentro de estos dos tipos de organización institucional (del tipo mafioso y no mafioso), habrá empresarios dispuestos a asumir sólo alguno de los dos riesgos (el institucional y el del mercado) y otros que se arriesgan a ambos. Sin embargo, incluso aquellos que se atreven a invertir bajo una organización mafiosa consideran siempre el riesgo de perder su capital por actos del autócrata y, en consecuencia, exigen una alta tasa de rentabilidad por asumir el riesgo mafioso.

Al inversor poco puede interesarle qué tipo de organización impera en un país siempre y cuando la rentabilidad esperada esté en línea con la inversión que realiza. O, si se prefiere, analiza la variable institucional como un dato más del mercado. Por eso Rusia y China hoy reciben inversiones o se compran bonos de países con políticas públicas irracionales. Los países sin tradición democrática y republicana también pueden tener inversiones. Porque a la hora de hacer las cuentas poco interesa si existen libertades civiles y políticas.

Pero dónde sí hay una gran diferencia es en la cantidad y la calidad de las inversiones que reciben países con gobiernos sujetos a la ley y países con gobiernos autocráticos (elegidos o por la fuerza).

Esto explica la razón por la cual los gobiernos autocráticos populistas siempre terminan muy mal: no logran generar la suficiente cantidad de inversiones como para crear la riqueza necesaria para mantener a las masas en calma. Los costos de producción en un sistema mafioso o populista son más altos, sobre todo por la corrupción que impera.

Podríamos decir, entonces, que las autocracias populistas son iguales al comportamiento del mafioso ineficiente, porque no hay nada más cobarde que los capitales, que terminan mudándose de barrio saturados de tanta explotación y arbitrariedad. Sólo unos pocos cortesanos del autócrata permanecerán hasta el final o le darán la espalda ni bien perciban que el autócrata empieza a perder poder.

El problema es que el autócrata cree que tendrá el poder para siempre y difícilmente cambie de comportamiento. Cree que siendo más cruel y arbitrario logrará controlar el descontento popular sin darse cuenta que ese camino lo lleva a ser cada vez más rechazado por la gente y que los capitales saldrán espantados buscando otros barrios más seguros. Es decir, donde no haya un “capo mafia”. © www.economiaparatodos.com.ar