En los últimos tiempos políticos, periodistas y profesionales de distintas extracciones vienen hablando del respeto a las instituciones. En buena hora que el tema institucional comience a dejar el círculo de los intelectuales y se transforme en un tema de amplia difusión.

Sin embargo, me parece que todavía la gente no termina de relacionar tan estrechamente el tema institucional con su vida diaria. Es como si la población no especializada en el tema dijera: “Me parece bien el tema institucional, pero, a mí, ¿en qué me afecta?”. Podríamos decir que es altamente probable que a la mayor parte de la población el tema institucional le suene a un tema de los políticos y de los periodistas, sin ninguna implicancia práctica.

El objetivo de esta nota es tratar de dar algunos ejemplos sobre cómo el tema institucional puede afectar la vida de cada persona, la intención es bajar a tierra un concepto que parece demasiado teórico para el común de la gente.

En primer lugar, es bueno recordar que por instituciones queremos decir reglas de juego que imperan en un país. Esas reglas de juego implican que, en los países desarrollados y que respetan las libertades civiles, el Estado está limitado en el uso del monopolio de la fuerza que le fue conferido por los ciudadanos. Para evitar que, justamente, ese monopolio de la fuerza sea utilizado en contra de los ciudadanos es que existe la división de poderes. El Legislativo controla al Ejecutivo. La Justicia controla al Legislativo determinando si una ley es constitucional o no. Es más, la Justicia es el último bastión que tiene el ciudadano para defenderse de los abusos del Ejecutivo o de las leyes arbitrarias que pueda sancionar el Legislativo. La independencia de la Justicia es el reaseguro que tienen los habitantes de un país de no caer en un sistema autocrático. Una Justicia subordinada al Poder Ejecutivo es una autopista hacia el autoritarismo y la destrucción de la libertad. Por eso, el acoso y los mensajes casi mafiosos que el kirchnerismo le envió a la Justicia resultan altamente preocupantes, porque son el paso previo al establecimiento de una dictadura en la que o los jueces fallan cuándo y cómo el Ejecutivo desea, o son perseguidos bajo un simulacro de institucionalidad.

Ahora bien, un gobierno sin límites porque la Justicia está neutralizada por presiones mafiosas y el Congreso que se limita a ponerle el sello y a firmar todo lo que manda el Ejecutivo es un gobierno que puede hacer lo que quiere. Es un gobierno que no está sujeto a un orden jurídico preexistente y utiliza como papel higiénico la constitución y la república como forma de organización política. En definitiva, el mensaje a la población es el siguiente: “Acá mando yo y hago lo que quiero porque ustedes están desarmados y el monopolio de la fuerza lo tengo yo”. Es decir, es un gobierno que tiene el mismo comportamiento que un delincuente común que toma rehenes y, a punta de pistola, los obliga a subordinarse a sus caprichos.

El primer mensaje que le daría a la población es que vivir sin instituciones es como ser rehén de un delincuente. Uno está a merced de sus locuras.

¿Cómo puede humillarnos y robarnos un gobierno no sujeto a la ley? ¿Cómo pueden humillarnos y robarnos los gobernantes de un país sin instituciones? Basta con revisar los últimos 30 años de historia económica argentina para advertir los fenomenales cambios patrimoniales y las brutales transferencias compulsivas de ingresos que se han hecho.

El famoso “Rodrigazo” de 1975 no sólo generó una brutal caída del ingreso real como consecuencia de los dislates hechos durante la famosa “inflación cero” de José Ber Gelbard, sino que, además, constituyó la primera gran licuación de pasivos. Una transferencia patrimonial gigantesca gracias a la arbitrariedad con que pudo manejarse el Ejecutivo. En efecto, quienes habían dado créditos comerciales en pesos se encontraron con monedas cuando los cobraron. Los pesos que recibían no tenían capacidad de compra. Habían perdido su patrimonio.

Otro desastre fue el final de la “tablita cambiaria”, la devaluación, la 1.050 y la posterior licuación de pasivos. De nuevo, el Estado declaró arbitrariamente a ganadores y perdedores gracias a la ausencia de instituciones.

La hiperinflación que desató la política económica de Raúl Alfonsín también estuvo basada en la ausencia de instituciones. El Banco Central, apéndice del poder político, emitía moneda en cantidades industriales, lo que destruía el poder de compra del salario y producía una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores de menores salarios hacia los sectores que habían tomado la precaución de cubrirse ante el desastre que se venía. El impuesto inflacionario se transformó en confiscatorio y uno veía a los pobres jubilados yendo a las casas de cambio para comprar dólares y defender sus pobres ingresos de la confiscación inflacionaria.

Veamos otro caso, el de los jubilados. Gracias a la ausencia de instituciones y de un gobierno limitado, el Estado primero se apropió de los ingresos de los trabajadores prometiéndoles que en el futuro iban a tener una jubilación digna. El Estado le dijo a la gente: “Dame tu plata porque sos un idota y no sabés cómo ahorrar para tu futuro”. El resultado es que, hoy en día, nuestros jubilados viven de mendrugos porque el Estado pudo hacer lo que le vino en gana con los aportes y contribuciones al sistema provisional. Las leyes demagógicas pudieron destruir el futuro de nuestros jubilados porque no hubo una Justicia que declarara inconstitucional el robo legalizado establecido por el Estado sobre los ingresos de la gente. La miseria en que viven los jubilados es consecuencia directa de la ausencia de instituciones y de un gobierno limitado. No hubo justicia que frenara la demagogia del Ejecutivo y del Legislativo.

Otro ejemplo. En 2001, el Congreso de la Nación sancionó una ley de intangibilidad de los depósitos. Una ley que era innecesaria dado que la Constitución garantiza el derecho de propiedad. La ausencia de instituciones hizo que, primero, el gobierno restringiera fuertemente el derecho de propiedad estableciendo el corralito. Luego, el mismo Congreso, pasándole por encima a las instituciones, pesificó los depósitos y generó otra gigantesca transferencia patrimonial. Quienes tenían ahorros de toda su vida vieron cómo se esfumaban por ausencia de institucionalidad. Los gobernantes, actuando como monarcas absolutistas, decidieron dejar en la miseria a la gente para beneficio propio y de unos pocos. Nuevamente, la Justicia brilló por su ausencia. Las instituciones no existieron.

Lo mismo ocurrió con la deuda. Un presidente interino decidió no pagarla. Aplaudido de pie por el mismo Congreso que había autorizado el incremento de la deuda para cubrir el gasto público, los idiotas útiles creyeron que la medida de Adolfo Rodríguez Saá significaba pulverizar al Fondo Monetario Internacional (FMI). Nada que ver. Al FMI le pagó por anticipado toda la deuda el progresista Néstor Kirchner, mientras que los argentinos que tenían sus ahorros en las AFJP, que habían invertido en bonos del Estado nacional, se vieron estafados y van a cobrar a los premios. Esta falta de institucionalidad hizo que millones de argentinos perdieran todos sus ahorros, mientras el FMI festejaba con champaña haberle cobrado hasta el último centavo a la imprevisible Argentina. ¡Se la había sacado de encima!

En definitiva, a la pregunta de cómo afecta directamente a la gente la ausencia de instituciones, la respuesta es: si un país no tiene un Estado limitado e instituciones sólidas y previsibles, a usted el Estado lo deja en la miseria el día que se jubile. Le roban los ahorros de toda su vida mediante un simple decreto de necesidad y urgencia. De un día para otro, usted puede llegar a comprar la mitad de los bienes que compraba con su salario y su capital de trabajo puede desaparecer por la inflación.

Sin instituciones, la gente no tiene defensa frente a un Estado depredador. Sin instituciones, usted está a merced del delincuente que le apunta con la pistola en la cabeza exigiéndole que le entregue toda la plata y, encima, le pega para amedrentarlo.

¿Le daría usted un revólver a un delincuente para que lo robe, lo golpee y viole a sus hijas y a su cónyuge? Si la respuesta es no, entonces, empiece a preocuparse por las instituciones, porque el Estado va a actuar de la misma forma que el delincuente. © www.economiaparatodos.com.ar