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Miércoles 5 de septiembre de 2012

¿Por qué la Coca-Cola se parece a la Pepsi?

¿Cuál es la diferencia entre los demócratas y los republicanos en EE.UU., más allá de un poco más o un poco menos de impuestos y más o menos programas de seguridad social?¿Cuál es la diferencia entre los tres partidos alemanes? ¿Y los laboristas y los conservadores en Gran Bretaña? ¿Por qué países desarrollados, o que se encaminan a serlo como Chile, tienen un espectro político tan uniforme y aburrido?

Lo mismo pasa con la Coca-Cola y la Pepsi. Más allá de si la Pepsi es algo más dulce o tiene un poco menos de gas que la Coca-Cola, la mayoría de las personas (y así lo demuestran las pruebas ciegas de sabor) no podemos diferenciar una de la otra.

Entonces, ¿Por qué nuestro Congreso se parece a un mercadillo informal lleno de gaseosas multicolores y variopintas, con sabores estrambóticos y de pésima calidad?

No tenemos verdaderos partidos políticos. Una democracia sin partidos políticos es como un mercado sin empresas. Las empresas tienen visión de largo plazo. Buscan marcas sólidas y perecederas. Sin partidos ello no ocurre en la política.

Los sistemas bi o tripartidarios (como la Coca-Cola y la Pepsi) son producto de un proceso competitivo. La Pepsi no puede endulzarse demasiado porque se volvería empalagosa, ni reducir mucho el azúcar sin volverse desabrida. Y a la Coca-Cola le pasa otro tanto. Los mercados marcan la regla, las empresas y los consumidores la siguen.

En el mercado político, los verdaderos partidos hacen las veces de las empresas. Quisieran tener éxito en el largo plazo. No quieren cambios radicales ni una “gran transformación”. Los caudillos son mala idea. Eso de cambiar el color de la Coca-Cola a azul puede parecer interesante, pero es muy peligroso. Claro que si no hay partidos ni sistemas políticos maduros tendremos Coca-Colas pintadas de azul y Humalas pintados de rojo o de verde.

Habrá cambios, pero no acrobáticos, sino paulatinos. Van sumando pequeños cambios donde el centro de las preferencias se va moviendo, pero sin sobresaltos. La estabilidad se vuelve más importante que las ideologías. Y la estabilidad nos conduce al desarrollo. Los países que, como el Perú, no logran esa institucionalidad viven a sobresaltos, persignándose antes de cada elección.

Para tener partidos hay que cambiar las reglas de la competencia política. El sistema actual de votación para el Congreso permite a un partido aspirar a meter un buen número de congresistas sacando puchitos de votación en distintas jurisdicciones, lo que fracciona la representación y complica las alianzas. Deja espacio para demasiados partidos.

La elección debería ser por distritos uninominales. Se divide el territorio en distritos electorales más pequeños. En ese distrito electoral cada uno de nosotros vota por elegir a un solo congresista, con lo que se pasa de tener que conocer a 450 candidatos (como pasó en Lima en la última elección) a solo tener que conocer alrededor de 12. Y si el sistema funciona, deja de ser atractivo tanto partido político y mis opciones electorales se reducen al final a solo dos o tres porque ya no será tan fácil entrar en una lista usando un sistema proporcional a algún congresista de por ahí.

Ello fuerza a los partidos a hacer alianzas preelectorales o a fusionarse para tener oportunidades. De lo contrario, el partido más grande se lleva todos los escaños. Ello genera la tendencia a la reducción del número de partidos y a partidos más fuertes, organizados, sin tránsfugas y con mejores candidatos.

La calidad del Congreso no se mejora esperando que los votantes maduren o poniendo más requisitos para ser congresistas. La calidad mejorará dándoles más poder a nuestros votos. Sin esa reforma los congresistas seguirán pareciéndose a esas gaseosas moradas o rosadas, con sabor a remedio, un puerquito como logo y de marca “Chancho Cola”.

Autor: Alfredo Bullard
Es co-director del Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Derecho y Economía. Además, es autor del libro Derecho y economía: El análisis económico de las instituciones legales.