Las siguientes líneas son un borrador de propuesta para transformar los planes sociales en una ayuda transitoria que le otorga el contribuyente a aquellas personas que se quedaron sin trabajo

Introducción

Las siguientes líneas son un borrador de propuesta para transformar los planes sociales, que se han convertido en un negocio político, en una ayuda transitoria que le otorga el contribuyente a aquellas personas que se quedaron sin trabajo.

Es un esfuerzo del contribuyente que será transitorio con ciertas exigencias para los beneficiarios de los planes sociales.

Lo digno es el trabajo, no el plan social

La dirigencia política se enorgullece cada vez que se lanza un nuevo de los llamados “planes sociales”. Consideran que a mayor cantidad de planes sociales mejor está la población, cuando en realidad una política económica es exitosa en la medida que va reduciendo la cantidad de planes sociales porque eso significa que la gente tiene un trabajo bien remunerado con el cual puede mantener a su familia.

Lo digno es que cada uno pueda mantener a su familia con el fruto de su trabajo, no con el fruto del trabajo ajeno que el estado obtiene compulsivamente utilizando el monopolio de la fuerza que le fue delegado para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

Lamentablemente ya es una discurso común de los políticos afirmar que no se puede quitar la ayuda social a los más humildes porque no podrían transitar el período hasta que lleguen las inversiones, se creen nuevos puestos de trabajo y esa gente pueda cobrar un sueldo. En rigor los que no podemos aguantar más somos los contribuyentes que venimos siendo exprimidos desde 2003 sin piedad para sostener un monto cada vez mayor de gastos sociales. El cuadro 1 muestra la evolución del gasto social, incluye jubilaciones, en pesos corrientes desde 2001 hasta 2016. Como puede verse en el gráfico 1, el gasto en pesos corrientes aumentó 42,5 veces. Como referencia, el dólar paso de $ 1 a $ 16, es decir, creció 16 veces, así que en dólares se disparó.

 

Gráfico 1

 

Los gastos sociales que muestra el gráfico 1 solo hacen referencia a los gastos de la nación, no incluye las provincias ni los municipios.

El gráfico 2 nos muestra la evolución del gasto social en pesos constantes de 2016 utilizando inflación Congreso desde el 2007 en adelante para hacer el ajuste. En este caso aumentó 2,58 veces en términos reales, o se casi se triplicó. En otras palabras, cada vez se destina más dinero en pesos constantes a pagar jubilaciones, subsidios, educación, vivienda, etc. y la gente es cada vez más pobre, los jubilados están que trinan y los piqueteros siguen extorsionando con sus cortes de calles.

 

Gráfico 2

 

El gráfico 3 muestra la evolución del gasto social sin incluir las jubilaciones y las pensiones. Es decir, el gasto en educación, salud, vivienda, etc. que, en valores constantes de 2016, aumentó 2,4 veces en términos reales. Siempre crece el gasto social en términos reales.

 

Gráfico 3

Gráfico 4

 

Finalmente si la cuenta la hacemos en dólares, vemos que el gasto social total pasó de U$S 27.543 millones en 2001 a U$S 79.325 millones en 2016, o sea que se multiplicó por 2,88 veces. Pero si tomamos desde el 2003, cuando empezó el gobierno de los Kirchner hasta el 2016 el gasto crece 6,6 veces en dólares.

Cualquiera sea la manera que uno haga la cuenta, aquí presento solo 4 opciones, vemos que el llamado gasto social, solo tomando la nación, sin incluir municipios y provincias, crece fenomenalmente.

Si consideramos el sector público consolidado (es decir, nación, provincias y municipios) tenemos que, en términos del PBI, y según la propia Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Minsiterio de Hacienda, el Gasto Público Social pasó de representar el 17,7% del PBI en el año 2004, a nada menos que 30,8% en 2015.

Como último dato, el 64% del gasto público de la nación se destina a los llamados gastos sociales, es decir, jubilaciones, salud, educación, subsidios, etc.

De lo anterior se desprende que lejos estamos de ser una economía que podríamos llamar capitalista o liberal. Claramente estamos en presencia de un estado progre populista que gasta cada vez más en planes sociales y ni siquiera primero cumple con su función primordial que es defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. La seguridad es desastrosa. Pero también la calidad de vida de la gente viene en decadencia porque la contrapartida de semejante fiesta de gastos sociales es una carga tributaria que espanta la inversión, genera menos puestos de trabajo, aumenta la informalidad, la pobreza y la desocupación.

Es falso que los gastos en programas sociales mejoren la vida de la gente. Claramente la gente vive cada vez peor a pesar de incrementar brutalmente los recursos destinados a los planes sociales. Desde el punto de vista conceptual la gente vive peor porque, como decía antes, espanta las inversiones y cultiva la cultura de la dádiva. La gente no produce y prefiere ser mantenida mientras el estado saquea a los que producen.

Pero además, la política se ha transformado en una actividad política muy rentable en que todos estos fondos se transformaron en fuentes de corrupción y una manera de comprar votos.

La conclusión es que los gastos sociales son un negocio político y no una manera eficiente de ayudar a la gente. A la gente se la ayuda creando las condiciones para que pueda trabajar y vivir de su salario.

El estado de bienestar es una historia que inventaron los políticos para, con la plata del contribuyente, terminar haciendo su propio negocio político.

La extorsión piquetera

Lo que debía ser un subsidio transitorio para los que quedaron desocupados con la crisis del 2002 se ha transformado en una política pública de largo plazo. La cantidad de “planes sociales” y subsidios que hoy reparte alegremente el estado ha crecido en forma exponencial. A tal punto se ha transformado en una forma de vida que el gobierno de Cambiemos se enorgullece de tener más planes sociales que los que había otorgado el kirchnerismo. Eso muestra el fracaso de la política económica dado que si el estado tiene que entregar más subsidios quiere decir que no logra generar puestos de trabajo que le permitan a la gente vivir de su esfuerzo personal. Ni siquiera el gobierno dice que son subsidios transitorios, sino que son un derecho adquirido. Sostener que una persona tenga derecho a ser mantenido por el trabajo de un tercero es absolutamente inmoral. Que el estado le quite compulsivamente el fruto de su trabajo a quienes producen decentemente para repartirlo a conveniencia del gobierno de turno no contribuye a terminar con la cultura de la dádiva.

Es más, el gobierno actual ha pasado del protocolo antipiquetes a negociar con los piqueteros y darles obra social, cuenta que obviamente paga el contribuyente dando una pésima señal para terminar con esta continua extorsión de grupos que pretenden vivir a costa del trabajo ajeno o no cumpliendo las normas mínimas de convivencia.

Que quede claro: el estado no reparte su dinero porque el estado no tiene dinero propio. Reparte el dinero del contribuyente, de manera que un primer paso para ir terminando con este negocio de los planes sociales consiste en remarcar que el estado no ayuda a la gente, la ayuda el contribuyente.

Volviendo a las presiones que recibe el gobierno de diferentes grupo que exigen que alguien les de algo, podemos resaltar que al reiterar este comportamiento de los piqueteros exigiendo obras sociales gratis y subsidios, los manteros exigiendo un subsidio y un lugar dónde trabajar y los contratados del CONICET exigiendo que se les renueve un contrato que había terminado pero el gobierno accedió a renovarlo, queda en evidencia que cuantas más veces ceda el gobierno ante la extorsión de los diferentes grupos, más crecerá la oferta de extorsión o la demanda de más subsidios. En otras palabras, los contribuyentes tendremos que poner más dinero para pagar la cuenta de la plata que entrega el gobierno frente a todas extorsiones.

Suele argumentarse que si el gobierno no negocia con estos extorsionadores se rompe la paz social y la situación sería peor. Con este argumento lo que nos están diciendo es que el estado prefiere utilizar el monopolio de la fuerza para “robarnos” el fruto de nuestro trabajo en nombre de la solidaridad social en vez que los piqueteros nos roben directamente.

¿Qué hacer frente a esta extorsión? El camino a transitar consiste en desactivar el arbitraje que hacen los piqueteros. ¿Por qué voy a ir a trabajar, dirá un piquetero, si el estado le roba a otro para que me mantengan? Solo optará por ir a trabajar si se pone un límite de tiempo en el subsidio que se otorga y si la diferencia entre el subsidio y el sueldo que puede recibir por un trabajo es lo suficientemente amplia como para incentivarlo a trabajar.

El primer punto, entonces, es ponerle un límite de tiempo a los planes “sociales” que se otorgan. En segundo lugar es ir aumentando los planes sociales por debajo de la inflación para que quién hoy prefiere no trabajar vea la diferencia de ingreso del subsidio y de trabajar y cambie de opinión.

El tercer punto es realizar un reempadronamiento de todos los que reciben planes sociales tomando datos sobre lugar en que vive, habilidades laborales, edad, etc. Con esta información disponible las empresas podrán contratar con descuentos de cargas sociales a personas que estén en planes sociales. El estado le informará al beneficiario de un plan social que cerca de su domicilio existe un trabajo y es obligatorio tomarlo. Una vez que esté trabajando el subsidio que recibe se le irá reduciendo mensualmente un 10% hasta que cobre solo el sueldo en el lugar donde fue contratado. Si rechaza aceptar el trabajo, entonces pierde directamente el subsidio.

El cuarto punto consiste en recrear las antiguas escuelas de artes y oficios. Escuelas de carpinteros, electricistas, gasistas, pintores, cocina, etc. que funcionarán en escuelas municipales y en parroquias. Se le pedirá el apoyo a la Iglesia Católica y de otras confesiones el apoyo de lugares para que se dicten los cursos de artes y oficios. Los fondos para financiar el pago de los profesores y materiales saldrán de la privatización de empresas que hoy tienen pérdidas.

Quien recibe un plan social no cobrará ese plan si no demuestra estar realizando alguno de esos cursos de artes y oficios. Terminado el curso recibirán la matrícula para poder trabajar y deberán comenzar a buscar clientes. Durante 3 meses recibirán el subsidio pleno mientras buscan clientes y al 4 mes su subsidio será disminuido un 10% mensual hasta extinguirse. De esta manera el contribuyente estará haciendo el esfuerzo de otorgarle las herramientas para poder capacitarse para trabajar.

En quinto lugar, persona que reciba un subsidio y se la detenga realizando un piquete perderá automáticamente el plan social. Persona que hace piquete y cobra un subsidio deja de recibirlo automáticamente en caso de violar la ley haciendo piquetes.

El plan de capacitación y reempadronamiento de quienes reciben un subsidio irá acompañado de una nueva legislación laboral que ofrezca flexibilización laboral y reduzca las cargas sociales que deben enfrentar las empresas. Es decir, quienes se incorporen nuevamente al trabajo formal tendrán una legislación laboral más flexible que el stock.

En síntesis, los planes sociales no pueden ser para siempre y sin ninguna clase de prestación o responsabilidad de quien lo recibe. Ya sea capacitándose para trabajar por su cuenta o entrando en el sistema de trabajo en blanco con flexibilidad laboral.

Los planes sociales destinados a personas que no tienen trabajo deben reducirse a uno solo: subsidio por desempleo.

Tercero, todos aquellos que hoy reciben planes sociales deberán reempadronarse y solo recibirán un plan por persona, dinero que se les acreditará en una caja de ahorro de algún banco. Ninguna organización podrá reclamar para otros y menos administrar los planes sociales. De esta manera se terminará con la industria del piqueterismo.

Finalmente, para terminar con la extorsión de los piquetes para cobrar cada vez más y actuar como fuerzas de choque, persona que hace un piquete, persona que pierde su subsidio.