Los errores en las recientes elecciones primarias admitidos por la Justicia no deberían servir para enrostrarse culpas entre candidatos, sino para cambiarle el rostro al sistema electoral a partir de dos iniciativas que lleven transparencia a donde hay opacidad y economicidad a donde hay derroche de recursos –Modalidad de la elección- y que garantice confiabilidad a donde hay discrecionalidad –control electoral.

Modalidad de la elección

La primera propuesta, que de generarse las condiciones adecuadas podría ser de aplicación inmediata, se refiere a la modalidad de la elección, actualmente basada en la denominada lista sábana que reúne a los candidatos por agrupación política, sistema que además de exigir un alto costo en impresión de boletas y el correspondiente derroche de recursos naturales y económicos, se presta a maniobras que perjudican a los contendientes, como robo de boletas, complicación en la reposición y demoras en el acto electoral, cuando no deriva directamente en la imposibilidad de votar a un candidato.

La modalidad de elección exige que la forma de elegir candidatos sea reemplazada por un sistema que desde la absoluta transparencia, garantice objetivamente las condiciones de factibilidad para que todos los candidatos puedan ser votados en igualdad de condiciones.

Una alternativa de aplicación inmediata que podría utilizarse en las próximas elecciones presidenciales en octubre es el sistema de boleta única por cada categoría de candidato, como ya fue empleado, por ejemplo, en Santa Fe.

En el mediano plazo, debería diseñarse la modalidad de elección a través del voto electrónico, bajo la variante que permite imprimir paralelamente el voto, para que el votante pueda verificarlo y pueda efectuarse un recuento independiente del sistema electrónico, lo que permite elevar la certidumbre de cada ciudadano frente al sufragio emitido y agilizar los tiempos de cómputos de datos, brindando información oficial de manera inmediata.

Por último, para asegurar inequívocas posibilidades para la expresión de la voluntad electoral, se deberían prohibir las listas colectoras, y espejo, las candidaturas testimoniales y toda otra forma de distorsión de la voluntad del elector, como es por ejemplo la variante de “acople” que ha surgido en Tucumán.

Control electoral

Las competencias que en la actualidad conserva el Ministerio del Interior sobre el proceso electoral y el funcionamiento de los partidos políticos generan una insalvable asimetría de poder y discrecionalidad en la administración de recursos entre quien está al frente del Poder Ejecutivo y el resto de las agrupaciones políticas que participan de una contienda electoral y de la vida democrática del país, administración que debe estar regida por el principio de igualdad entre los contendientes.

Por ello, la creación de un órgano de control de los procesos electorales y del financiamiento de los partidos políticos con características de autonomía y transparencia y dotado de mecanismos de vigilancia dinámicos, ágiles y efectivos, responde a la imperiosa necesidad de la sociedad y del país de acabar con prácticas que resulten contrarias a los intereses de los ciudadanos y a las condiciones de igualdad en la participación de la pluralidad partidaria en la vida democrática.

En este contexto, la Agencia Federal Electoral, se constituye en una institución dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, absolutamente independiente tanto en el proceso de toma de decisiones, como en sus modalidades de actuación. Cabe destacar, además, que se trata de un órgano apartidario, lo que garantiza igualdad de tratamiento para todos los partidos políticos.

Entre los fines de la Agencia Federal Electoral se destacan la concientización y jerarquización del rol del ciudadano en el proceso electoral, la contribución al fortalecimiento de la democracia representativa y a la construcción de la democracia participativa, la recuperación de los partidos políticos para la comunidad para la defensa de la democracia y en la promoción e institucionalización de los partidos políticos como entidades de servicio público, bien público e interés público, garantizando el respeto de las minorías políticas y la transparencia en el accionar de los partidos políticos y en particular en su financiamiento, de acuerdo con lo que ordena el art. 38 de la Constitución.

La Agencia Federal Electoral, sin perjuicio de las funciones que le competen a la Justicia Nacional Electoral, se ocupa en forma integral y directa de todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción de los procesos electorales, tanto de elecciones generales como de las internas partidarias.

Entre sus facultades se encuentra también el reconocimiento de partidos políticos y el monitoreo permanente de su funcionamiento, del de sus tribunales de disciplina y de sus comités de campaña.

La Agencia Federal Electoral debe controlar, auditar y dar a publicidad todo lo relativo al financiamiento público y privado de los partidos políticos. Es ella la que administra el Fondo Partidario Permanente y el Aporte Extraordinario para Campañas, cuya distribución entre los partidos políticos debe realizarse en base a criterios de federalismo, representatividad y equidad.

La creación de la Agencia Federal Electoral permite separar las cuestiones referidas a lo político electoral de la órbita propia del órgano ejecutivo, trasladándolo al órgano judicial, dentro del cual se deslindarán sus facultades y del cual la Agencia Federal Electoral se erige en un auxiliar de notable valor.

Asimismo, la instauración de la Agencia Federal Electoral deberá ir acompañada por una sustancial modificación en la organización de la Justicia Electoral, para lograr un mecanismo ágil, eficiente y transparente con referencia a los procedimientos y cuestiones electorales.

En este sentido resulta imprescindible fortalecer a la Cámara Nacional Electoral, dándole plena autonomía institucional y autarquía financiera y reforzando sus atribuciones en materia administrativa. Asimismo sería oportuno crear el cargo de fiscal de la Cámara Nacional Electoral. De igual modo la reorganización y aumento del número de secretarías electorales, dotadas de ejecutoriedad, especialidad en la materia y medios para llevar a cabo sus funciones, constituyen cambios indispensables dirigidos a la consecución del mismo fin.

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