La educación es una inversión y no un gasto. Esta frase que mucho se declama, no tiene un correlato real en la sociedad. Desde el Estado que grava la educación con impuestos o la empresa que, en general, no apoya iniciativas educativas sin darse cuenta de que no tendrá personal capacitado para alimentarse, hasta la familia que permite que el hijo falte por cualquier motivo a la escuela.

El Estado no permite desgravar a las personas físicas los gastos que realizan en educación. Libros, pago de aranceles de educación privada, transporte escolar, útiles o lo que sea referido a la educación, tienen el mismo tratamiento impositivo que un viaje de placer a las Islas Vírgenes, pues por lo visto se los considera una gasto (perdón por el toque de humor negro, pero los “gastos de sepelio” sí son deducibles, por lo que la perspectiva impositiva me parece muy particular).

En el caso de las empresas educativas privadas, deben pagar ganancia presunta, ganancias, entre otros impuestos.

No parece que el Estado considere la educación una inversión. Puede que esto les suene a sutileza lingüística -a mí me parece una señal- pero no se habla habitualmente cuando se tratan presupuestos de “Inversión educativa consolidada”, sino de “Gasto educativo consolidado”, como una suerte de acto fallido institucional.

Las empresas invierten fortunas en capacitación de su personal, pero son muy pocas las que invierten en instituciones educativas con la convicción de que este mecanismo les ahorrará costos futuros y que generará un mercado de consumidores de mayor calidad.

Y hasta los ciudadanos con hijos en edad escolar, que están más pendientes de que a sus hijos “les vaya bien en la escuela” y menos pendientes de qué aprenden (quizá el caso actual más patológico sea el de la provincia de Corrientes, donde se les dio por aprobado el año escolar a todos los alumnos con poco más de 65 días reales de clases, y prácticamente nadie solicitó que su respectivo hijo repitiera el año). El mensaje parece ser: me importa más que apruebe y no tanto que aprenda.

En muchas provincias ha habido planes de “Promoción Industrial”, por los cuales a empresas que se radican en determinados lugares se las exime de determinados impuestos, se les difieren otros, etcétera. Todavía no he tenido noticia de una provincia o municipio que propusiera un plan de “Promoción Educativa”, por el cual a quien quiera instalar algún establecimiento educativo de cualquier nivel se le donen terrenos fiscales, se les exima de tasas o impuestos o se les avalen créditos a tasas preferenciales como se realiza con otras actividades. Ha habido casos puntuales, pero no como una política determinada, sino más bien como una gracia (radicalmente distinta de una inversión) o como un hecho aislado. Y para hacer honor a la verdad, los establecimientos educativos no deben pagar ingresos brutos en ningún lugar del país.

El Estado debe variar su mentalidad entendiendo que todo lo que se invierte bien (así como hay mal gasto puede haber mala inversión) es en beneficio del propio Estado y de la sociedad toda, y, por tanto, debe mejorar no sólo su presupuesto educativo sino las leyes impositivas con respecto a la inversión educativa, aunque sea emitiendo pequeñas señales como permitir que los particulares deduzcan los libros de texto de sus hijos del impuesto a las ganancias.

Las empresas deberían pensar en ayudar y exigir al sistema educativo. Sé de algunos empresarios de grandes empresas localizadas en el interior que, al no poder invertir dinero para realizar mejoras estructurales o salariales, exigiendo resultados, en las escuelas de gestión estatal de su zona, terminaron creando y financiando instituciones educativas privadas para poder satisfacer sus necesidades de personal capacitado. Creo que esto es un ejemplo imitable de entender la educación como una inversión y no como un gasto. © www.economiaparatodos.com.ar



Federico Johansen es Licenciado en Ciencias de la Educación (UBA).