Desde el atril de la casa Rosada, la presidenta de la República ha proclamado su nueva utopía política: la “redistribución de la riqueza”.

Podría hilarse demasiado fino y distinguir si la señora Cristina quiso decir “redistribución de la riqueza” o “redistribución de los ingresos”. Porque evidentemente no son lo mismo.

La riqueza es el conjunto de todos los bienes públicos y privados, que permiten a los individuos y al estado proporcionarse una renta en el futuro. En cambio, los ingresos son las rentas efectivamente cobradas por los individuos, las sociedades y los gobiernos, que se derivan del trabajo personal, la propiedad de los medios de producción y los impuestos.

Pero desde la restringida visión política de la presidente, da lo mismo una cosa que otra.

Lo inquietante del tema radica en que una serie de individuos comenzaron a repetir el eslogan presidencial, con la machacona insistencia de un loro. Se acoplaron su cónyuge en retiro activo, sumisos funcionarios, dirigentes justicialistas, inamovibles sindicalistas y ciertos pringosos personajes que manipulan grupos de choque.

Con un hiriente discurso -que insulta, humilla y ofende- tratan de justificar la expoliación al campo declamando una falsa opción por los pobres, mediante la “redistribución de la riqueza”.

Predicar con el ejemplo

Para creer en la autenticidad del anuncio presidencial y del coro de sus acólitos, sería necesaria la prueba contundente de predicar con el ejemplo, es decir incitar a los demás con el testimonio de las propias obras.

Salvando las siderales distancias morales y seculares que los separa, la pareja presidencial debiera intentar -en mínima parte- repetir un histórico gesto ocurrido hace 808 años en una bellísima ciudad de la Umbría.

Allí, recuperaba fuerzas un jovial y vigoroso guerrero, que había sido tomado prisionero en la guerra entre Asís y Peruggia. Se llamaba Francisco di Bernardone (1182-1226) y era heredero de Pietro, noble y riquísimo comerciante en telas. Liberado, volvió a las juergas y la vida disipada. Pero un día experimentó una conversión de su vida y respondiendo a un misterioso llamado, se puso a reconstruir con sus propias manos la iglesia de San Damián, antiquísimo santuario de Asís que estaba en ruinas y cayéndose a pedazos.

Acusado por su propio padre, de entregar su cabalgadura y pertenencias para comprar materiales destinados a la restauración del templo, fue citado a comparecer en un juicio público. Delante de los magistrados y del obispo, decidió restituirle todo cuanto poseía, aún las ropas que lo vestían. Amontonó los vestidos en el suelo y encima arrojó el dinero que le pertenecía como anticipo de herencia. Luego volvió la espalda al tribunal y cubierto sólo con una tosca camisa de crin, salió caminando entre la multitud al frío mundo exterior cubierto de nieve. Así nació la orden de los frailes mendicantes, que hacían voto de pobreza y vivían de la caridad. Esta es una historia minuciosamente documentada por cronistas de la época y pintada inmortalmente por el Giotto di Bondone.

Ocho siglos después, las circunstancias políticas vuelven a evocar esa imagen de desprendimiento absoluto de los bienes materiales. Sería un gesto conmovedor ver que la pareja presidencial imitase, mínimamente, el ejemplo de san Francisco de Asís y comenzara a redistribuir parte de su propia riqueza y un porcentaje significativo de sus cuantiosos ingresos personales.

La rentabilidad obtenida en 5 años de exitosa gestión de sus intereses personales, representó para el matrimonio presidencial un incremento medio del 675,8 % anual, infinitamente superior al 30 % de rendimiento con que la presidente demonizara en Roma a los “pool” o consorcios de soja.

La constitución nacional es contundente

Así como no es necesario ser teólogo para conocer y practicar la religión, del mismo modo no se requiere ser constitucionalista para comprender y ejercitar lo que dispone la constitución nacional. En los 129 artículos de sus texto actual y en el texto histórico de 1853 no hay un párrafo ni una sola palabra que autorice, permita, habilite o dé lugar a interpretar que la presidente de la república pueda arrogarse la facultad de apropiarse del patrimonio y la renta de algunos ciudadanos para distribuirlo, a su arbitrio, a otros sectores menos favorecidos. Eso no lo puede hacer, ni mediante impuestos ni por otros medios pacíficos o violentos. Por el contrario, y como inestimable herencia de la pluma de Juan Bautista Alberdi (1810-1884) quedaron marcadas a fuego los siguientes mandamientos constitucionales de la nación argentina:

1º La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella. (Art.17)
2º La confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino. (Art.17)
3º Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. (Art.17)
4º La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. (Art.16)
5º La presidente está obligada a proteger la vida, el honor y la fortuna de los argentinos para que no queden a merced del gobierno o persona alguna, porque estos actos llevan consigo una nulidad insanable y sujetan a quienes lo hagan a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria. (Art.29)
6ºLas garantías y derechos reconocidos por la constitución no podrán ser alterados por las leyes. (Art. 28)

La utopía del reparto

Aún cuando la índole de la extravagante ideología que inspira a la pareja presidencial (que ellos llaman sus “convicciones”), les impulsara a sancionar leyes de despojo o actos de fuerza contra el orden constitucional, tales actos serían insanablemente nulos y quienes lo propicien, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas (Art. 36 CN). En tal caso, todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia civil contra quienes decidieren sancionar esos actos de fuerza.

Así y todo, si por contumacia decidiesen ejecutar una inicua repartija, el país entero se encontraría con resultados desilusionantes que mostrarían la esterilidad absoluta de la redistribución de la riqueza. El afán de la presidente por apropiarse de la renta de quienes más poseen y repartirla entre los que menos disponen terminaría en un fiasco.

Como es de público conocimiento, la distribución de los ingresos en nuestro país tiene actualmente el siguiente perfil: el diez porciento de los más ricos se lleva el 31 % de la renta nacional y el diez porciento de los que menos tienen se queda con sólo el 1 %. El 68 % restante se distribuye entre el ochenta porciento de la población compuesta por: clase media alta y baja, profesionales, pequeños empresarios, cuenta-propistas, empleados de oficina, trabajadores y obreros no-calificados.

Ahora bien, la renta nacional llega hoy a 209.350,4 millones u$s y los más ricos se benefician con 64.898,6 millones u$s.

Si la presidente resolviese quitarles el 60 % de esa renta anual, dejándoles únicamente un ingreso idéntico al de un medio oficial albañil, el dinero que podría obtener sería de 38.939,0 millones u$s.

Por supuesto, que siendo justos y honestos, la pareja presidencial se vería despojada de ese porcentaje, puesto que ambos cónyuges, integran el decil de los más ricos y poderosos del país, a juzgar por sus propias declaraciones juradas.

Luego, a la señora Cristina se le presentaría la disyuntiva de redistribuir la riqueza sólo entre los indigentes o incluir a los pobres y la clase media baja. Aquí tendría que soportar un serio planteo de los gordos de la CGT y los dirigentes de la CTA, quienes reclamarían una parte del botín para ellos y sus afiliados.

Suponiendo que todos recibieran igualitariamente lo que acaba de confiscarse, la población total excluyendo los ricos (35,5 millones de personas), percibirían 38.939,0 millones u$s.

De este modo y sacando bien las cuentas, el dinero rapiñado alcanzaría para pagar -durante un año- dos comidas familiares en 22 días por mes. No restaría ni un centavo para gastos de indumentaria, útiles escolares, calefacción, electricidad, transporte o medicamentos. Y después del año tampoco quedaría nada, porque la clase de los que más tienen habría sido aniquilada.

En esto termina la extravagante utopía distribucionista planteada por la presidente de la nación argentina. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.