La semana pasada, una investigación del diario La Nación dio a conocer la existencia de un decreto ya firmado y vigente según el cual el Poder Ejecutivo, a través de la SIGEN, controlaría, a partir de ahora, las cuentas del Congreso y de la Justicia, convirtiendo, desde el punto de vista práctico, a ambos poderes en dependencias de la presidencia. El título del matutino porteño explicitaba una sospecha que se tiene desde hace rato: la de que el presidente ha desconocido los obstáculos que la Constitución pone para salvaguardar la división de poderes. Sin embargo, desde las elecciones, pareció asomar un apaciguamiento de los modos encarado por Cristina Fernández que llevó a algunos a creer que estábamos frente a un cambio de actitud respecto al avasallamiento de las instituciones y de los distintos sectores de la sociedad con los que el presidente decidió estar en guerra desde que asumió el poder.

Con el nuevo decreto, surge la duda acerca de si estaremos sometidos otros cuatro años a un gobierno dispuesto a vender un engaño, morigerando las formas, para, después y por detrás, seguir controlando y concentrando todo el poder. El problema es que, cuando la sociedad cae en la trampa, le resultará difícil sacarse de encima a quien se apoltronó en las riendas del Estado.

Hay muchos casos de estafas de este tipo en la Historia. Hugo Chávez aparecía como un pobre corderito, antes de lograr hacerse elegir en Venezuela, diciendo que la libertad de expresión estaba asegurada en su país y que la actividad privada seguiría siendo el pilar de la economía, entre otras cosas. Sus promesas electorales, evidentemente, tranquilizaron a mucha gente y despreocuparon a otros que veían a Chávez con dudas. Pero una vez que se instaló en el poder, todo el mundo supo en qué quedaron aquellas palabras suaves y contemporizadoras. Hitler, salvando las distancias, ha sido otro caso que hasta logró convencer a media Europa de que era un demócrata.

¿Estamos frente a un gobierno capaz de maquillar sus apariciones públicas para, después, hacer lo que quiere? ¿Hasta qué punto las de Cristina no fueron caretas que, con sus palabras de moderación, pretenden tranquilizar a los que dudan para seguir engañando a todos?

La otra idea que surge a partir del triunfo de CFK es la del pacto social. Hay distintos sectores que se van asegurando una participación en esa discusión. Uno de ellos es el sindical, que ya advirtió que ese pacto no se limitará a la cuestión salarial. Los gremios siempre llegan a esa famosa “mesa” de negociaciones con un elemento que los otros sectores no tienen: el uso de la fuerza. El sindicalismo, por propia decisión, puede parar el país. Esto produce, de entrada, una desigualdad muy importante a la hora de la discusión porque una de las partes, dispone de algo que las demás no tienen. Los antecedentes en Argentina sobre pactos sociales no son buenos. El más estrepitoso de los fracasos fue el protagonizado en la década del 70 por Celestino Rodrigo, que produjo una explosión inflacionaria y salarial que no dejó títere con cabeza y fue la consecuencia del embretamiento contranatura del “pacto”de Gelbard.

El país eligió, para administrarse, un sistema de representación por el que la sociedad, a través del voto libre, elige a sus representantes para que las distintas propuestas e ideas tengan lugar y representación en el Congreso y, allí, se debatan y se aprueben aquellas que coincidan con las de la mayoría. Este sistema de administración parte de la base de que las personas actúan individualmente y gobiernan a través de sus representantes. Sin embargo, la Argentina ha tendido a cambiar este sistema por uno corporativo, donde los individuos no son el centro de la escena, sino que han sido reemplazados por organizaciones colectivas que se adueñan de las individualidades y las utilizan de un modo más o menos discriminatorio que, por su puesto, no excluye la fuerza. Así, el país se convirtió en el escenario de una puja constante entre estos sectores que, según el momento, obtienen ventajas o desventajas. Sin embargo, esas ventajitas alcanzadas por algunos, quedan neutralizadas por la suma algebraica de todas ellas, obteniéndose, de tal modo, un resultado más o menos igual a cero. Este sistema, en donde cobran relevancia los grupos de presión que, valiéndose de la fuerza, obtienen esta o aquella ventaja, no es bueno. Es necesario rescatar la figura del individuo pensante que gobierna a través de sus representantes en el Congreso. Hacerle cobrar entidad a sectores que, en definitiva, no son elegidos por el voto popular no es saludable para la sociedad ni da beneficios al hombre común. Sería interesante que un gobierno que se dice inclinado a los que menos tienen se alejara de estas corporaciones y se volviera hacia un sistema en donde el beneficiado sea el ciudadano que no vota ni por sindicalistas ni por empresarios sino por otros ciudadanos teóricamente iguales a él que deben asumir el compromiso y el honor de resolver los problemas de todos. © www.economiaparatodos.com.ar