Con motivo de la ‘Semana de la Educación’, Edgardo Zablotsky reflexiona sobre un financiamiento descentralizado de la Educación, para devolver el poder de elegir a los estudiantes y sus familias

ce tan sólo un par de días, el lunes 8 de septiembre, el ministro de Educación  twitteó en el Día Internacional de la Alfabetización: “Queremos  reconocer la labor de los docentes alfabetizadores de todo el país” y orgullosamente agregó: “En el último censo de población en 2010, la Argentina fue declarada país libre de analfabetismo: descendimos de un 2,6%  a un 1,9%”.

Mi pregunta es siempre la misma, ¿creerá el ministro realmente lo que dice?

Nadie duda que el analfabetismo en Argentina ha disminuido; pensemos que en 1850 más del 80% de la población era analfabeta, hoy dicha tasa se encuentra por debajo del 2%. Foto inmejorable, pero solo en apariencia. Si bien nuestro nivel de analfabetismo siempre ha sido de los más bajos de Latinoamérica, el analfabetismo funcional probablemente se está incrementando, aún considerándolo en términos relativos a otros países de la región. La persona sabe leer y escribir, pero su capital humano en la sociedad actual es por demás limitado.

Desde el año 2000, cada tres años, la OECD, la cual agrupa a los países industrializados, lleva a cabo el  Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), con el objeto de analizar hasta qué punto los alumnos de 15 años, cercanos al final de la educación obligatoria, han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para su inserción en la actual sociedad del saber. El mismo se divide en tres áreas, lectura, matemáticas y ciencias, y se caracteriza por no examinar el dominio de planes de estudios específicos, sino la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en la vida cotidiana.

En la última evaluación realizada en 2012, la Argentina obtuvo el puesto 59 en matemáticas, el 60 en lectura y el 58 en ciencias, sobre 65 países participantes. Si comparamos el rendimiento de los alumnos argentinos con sus similares de los restantes siete países latinoamericanos participantes los resultados son casi sorprendentes. Chile encabeza el ranking en las tres áreas. Argentina ocupa el sexto lugar en matemáticas, superando solamente a Colombia y Perú; comparte técnicamente el quinto lugar en ciencias con Brasil y ocupa el penúltimo lugar en lengua, superando solamente a Perú, el peor país rankeado, sobre los 65 participantes, en cada una de las áreas de la evaluación.

¿Hay motivos para festejar? Es claro que no. Nuestro país requiere una verdadera revolución educativa de magnitud similar a la llevada a cabo por Domingo F. Sarmiento hace más de 150 años, cuando descubrió en los Estados Unidos la imagen de lo que quería para la Argentina. Visionario utópico, deseo traer 3.000 maestras americanas; finalmente fueron tan sólo 65, 61 mujeres y 4 hombres, suficientes para fundar el normalismo en la Argentina y llevar nuestra educación pública al nivel de excelencia que permanece en el imaginario de muchos compatriotas.

¿Por qué, tal como lo hizo Sarmiento, no investigar otras sociedades? Hoy es mucho más fácil hacerlo que hace 150 años.  Argentina forma parte del mundo, ¿por qué tratar nuevamente de inventar la rueda?

Veamos el ejemplo de Suecia, la cual gasta más de su PBI en servicios sociales que cualquier otro país en el mundo. En 2005, el hoy Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se preguntaba en una interesante nota: “¿Cuántos de los lectores de este artículo saben que en Suecia funciona desde hace años y con absoluto éxito el sistema de vouchers escolares para estimular la competencia entre colegios y permitir a los padres de familia una mayor libertad de elección de los planteles donde quieren educar a sus hijos? Yo, por lo menos, lo ignoraba. Antes, en Suecia, uno pertenecía obligatoriamente a la escuela de su barrio. Ahora, decide libremente dónde quiere educarse, si en instituciones públicas o privadas -con o sin fines de lucro- y el Estado se limita a proporcionarle el voucher con que pagará por aquellos servicios. La multiplicación de colegios privados no ha empobrecido a las instituciones públicas; por el contrario, la competencia a que ahora se ven sometidas las ha dinamizado, ha sido un incentivo para su modernización”.

¿Por qué no considerar un sistema escolar a su semejanza, que sea apropiado para nuestro país? Las escuelas estatales mejorarían por la fuerza de la competencia. Los monopolios generan costos sociales, el virtual monopolio estatal de la educación, dada la imposibilidad económica para muchos ciudadanos de optar por otra alternativa, no tiene porque ser la excepción. Por cierto, así lo señala Per Unckel, Ministro de Educación Sueco entre 1991-1994 y gestor de la reforma del sistema educativo: “La educación es demasiado importante como para dejarla en manos de un sólo productor”.

En nuestro país, cada vez más familias, aún en zonas caracterizadas por sus bajos ingresos, realizan importantes sacrificios para afrontar las cuotas de un colegio privado. ¿Cuántas más emigrarían si tuviesen los medios necesarios para hacerlo?

Es claro que cada familia que toma esta decisión debe pagar dos veces por la educación de sus hijos, una a través de sus impuestos y otra a través del pago a la escuela elegida. ¿No es razonable que aquellas familias que optan por enviar a sus hijos a una escuela privada reciban una reducción en su carga impositiva similar al costo de educar un niño dentro del sistema de educación pública?

Una legislación de estas características aseguraría la igualdad de oportunidades, al permitir que todas las familias pudiesen elegir entre escuelas públicas y privadas, independientemente de sus posibilidades económicas.

El sistema no atentaría contra la educación pública, sino todo lo contrario. En primer lugar ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública; de hacerlo, es porque opina que la alternativa privada elegida provee mejores servicios educativos. Las escuelas públicas deberían mejorar por la fuerza de la competencia, el sistema educativo sueco nos provee evidencia al respecto.

Sin embargo, probablemente incontables miembros de todos los poderes del Estado eligen educar a sus hijos en escuelas privadas mientras defienden férreamente el derecho del resto de sus compatriotas de no ser expuestos frente a esta decisión.

Pero, a ser justo, esto ya lo planteaba Milton Friedman, gestor hace casi 60 años de la propuesta del voucher educativo, cuando en 1975 señalaba: “Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las “clases inferiores” (comillas en el original) sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la educación pública”.

Fuente: www.fortunaweb.com.ar