Hace unos días, el senador K Miguel Ángel Pichetto declaró que, para el oficialismo, la presidenta debería ser quien lidere las iniciativas para modificar la legislación impositiva. Se trata de una declaración poco menos que sorprendente, cuando no directamente revolucionaria.

La filosofía de “ningún impuesto sin representación popular” (no tax without representation) es una doctrina que tiene 795 años, desde que los señores ingleses le arrancaron al Rey Juan Sin Tierra, en 1215, la firma de la Carta Magna, que establecía, precisamente, el primer embrión democrático en el sentido de arreglar la sanción de impuestos de acuerdo a la representación del pueblo.

Obviamente por “representación popular” entendemos, en las democracias modernas, la distribución del voto en el Congreso o en el Parlamento, en donde las diferentes opiniones de los ciudadanos encuentran su receptáculo.

La Constitución, hija indudable de esta escuela de libertad, no se conformó con establecer la iniciativa de la creación impositiva en el Congreso, sino que fue más allá: dispuso que la cámara de origen para el tratamiento de esos temas fuera la Cámara de Diputados, donde se supone que se reproducen las distintas proporciones de los votos del pueblo.

Lanzar un desafío -como el que protagonizó el jefe de los senadores K- al corazón del sistema de libertades individuales (que claramente puede verse afectado si una sola persona por su solo arbitrio tiene la iniciativa impositiva) constituye una demostración palmaria, una definición clara del perfil que el gobierno parece querer darle al país.

Casi 800 años de desarrollo del Derecho han sido permanentemente consistentes en entender el campo impositivo como una herramienta ideal para que los gobiernos autoritarios cercenen las libertades individuales, ya sea por la vía de quitar recursos de los bolsillos adversarios, ya sea por la directa persecución de quienes están en la vereda de enfrente.

Lo de Pichetto se trata de una confesión de parte; de una confesión que, como dice el viejo dicho de los abogados, releva las pruebas.

¿Hay anticuerpos para este tipo de avasallamiento en la Argentina? ¿O, al contrario, los “hombres fuertes” le encantan a este país? Si la Constitución es el verdadero tumor de la Argentina será mejor que los que estamos con ella nos enteremos rápido. Si la Constitución es el cuerpo extraño que con su letra, con su espíritu y con la escuela a la que pertenece va contra la corriente de las creencias espontáneas y naturales de la sociedad, es preciso saberlo sin dilación.

Si la media de la sociedad argentina se embelesa más con el atropello de la fuerza monopolizada en un puño, que con el poder repartido y equilibrado para que lo que esté garantizado sea la libertad individual, es mejor que lo sepamos cuanto antes y sin vueltas.

Si en lugar de disfrutar de la aguijoneante “inseguridad” que significa estar libre de un poder que bajo el argumento de protegernos nos succiona toda nuestra soberanía individual, el promedio argentino prefiere creer en que es posible que una sola autoridad nos resuelva todos los problemas y nos lleve sin obstáculos al éxito personal, entonces los que tenemos un perfil social distinto deberemos pensar qué hacer.

Y deberemos pensarlo seriamente porque generalmente esos sistemas de atropello no simpatizan con los que simplemente opinan distinto. © www.economiaparatodos.com.ar