– Usted estudió las privatizaciones, los marcos regulatorios y demás asuntos asociados. ¿Le parece que las privatizaciones de los 90 en la Argentina fueron tan nefastas?

– No, no me parece. En primer lugar, como afirmación general, no podría suscribirla.

– Pero hoy se las rechaza como si lo hubieran sido.

– Sí. Creo yo que hay un problema de percepción sobre los resultados que no es únicamente del caso argentino.

– ¿Y por qué cree que sucede?

– Porque algunos de los beneficios que traen las privatizaciones son atribuidos a otras reformas o a desarrollos que no son identificados con las privatizaciones. Además, no se recuerdan situaciones previas a las privatizaciones o no se percibe a las empresas públicas como lo que eran, que realmente eran insostenibles e inviables. Y entonces, de pronto, comparamos tarifas con el año 89 cuando era un año hiperinflacionario y el déficit de las empresas públicas sumaba 5 puntos y medio del PBI, cuando las tarifas eran la tercera parte de lo que eran en la década de los 70 u 80. En ese momento, se usaban las tarifas como medida antinflacionaria.
Cuando uno tiene esas distorsiones en las dos comparaciones, no es sorprendente que mucha gente asuma una visión crítica cuando se transparenta el costo de un servicio público.

– En la década del 70, por ejemplo, Celestino Rodrigo ajustó las tarifas de los servicios públicos y se trataba en ese momento de empresas del Estado. Lo que demuestra que en algún momento todos las ajustan porque si no se quedan sin servicios.

– Sí, hay un problema de percepción que deja como lección, por lo menos para quien inicia un proceso de privatización, tratar de explicitar la condición previa antes de privatizar, porque si no se va a encontrar con estos problemas.
Ahora, más allá de esa evaluación general, obviamente hubo distintos resultados de las privatizaciones por distintas calidades de las reformas que se hicieron en los años 90 en materia de servicios públicos. El caso del agua en el Gran Buenos Aires no está entre los mejores, sino todo lo contrario. Pueden identificarse problemas en el diseño del contrato, en el diseño del marco regulatorio, en el diseño del organismo regulador, en la práctica regulatoria posterior, incumplimientos de la empresa, muchas cosas.
De todas formas, todo eso igual no lleva a que la gestión post privatización haya sido peor que la gestión pre privatización. Hay muchos indicadores de mejoras, aun con incumplimientos contractuales sobre la velocidad de expansión del servicio, la calidad, incluso también a nivel tarifario.
Pero hoy nos hemos salteado esa discusión, lamentablemente, porque parece ser que la causalidad es que por los incumplimientos del contrato viene la rescisión y, por ende, la estatización y nacionalización. Y yo creo que la causalidad es inversa. Que en realidad, más allá de los problemas que haya tenido Aguas Argentinas en los 90, esos problemas no fueron considerados suficientemente graves para una rescisión sino hasta el año 2004 o 2005 y sólo en algunos ámbitos. Los problemas que haya tenido la empresa y que, obviamente se han agravado desde 2002 para acá, claramente son resultantes también de un incumplimiento por parte del Estado que ha congelado tarifas a pesar de tener 150% de inflación mayorista y más del 70% minorista. O sea, la capacidad de hacer inversiones y mantener la calidad del servicio se vio fuertemente deteriorada por el accionar del Estado. Entonces, la causalidad es más del tipo inversa.
Ahora, en la política pública, el criterio del gobierno hacia estos servicios es de control directo, por ejemplo, de las inversiones. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Lo que va a suceder es que las tarifas van a estar congeladas y el financiamiento vendrá de recursos públicos que van a pagan usuarios y no usuarios de cualquier lugar del país para este servicio que está geográficamente localizado.

– O sea, el jujeño me financia el agua a mí y a los del Gran Buenos Aires.

– Claro, volvemos, en ese sentido, al criterio estatista de los 80, donde las empresas públicas eran deficitarias y, por ende, no había control sobre sus gastos. Y esto sucede porque en realidad no sabemos cuánto están gastando porque la plata no la pagan los usuarios, sino que la pagan, en parte, los contribuyentes impositivos.
Ese asunto de congelar tarifas y que la inversión sea financiada por el Estado o por los contribuyentes impositivos y controlada, dirigida y ejecutada por el Estado no deja mucho espacio para un prestador privado. En todo caso, un prestador privado dejaría de ser un concesionario para ser un manager del gobierno, un gestionador.

– Un gerente de producción…

– Exacto. Pero de inversiones que no controla y por las cuales va a aplicar tarifas a servicios deficientes que se puedan llegar a derivar de inversiones de las que no fue él quien decidió ni cómo hacerlas, ni cuándo ni dónde.
El espacio para el sector privado, bajo estos parámetros políticos de definición de lo que es la prestación de servicio público, es muy chico. Los accionistas de Aguas Argentinas no vieron en esa propuesta ningún atractivo y no hubo otro interesados, tampoco.

– Ninguno dijo “levanto la mano y yo participo”.

– No. De modo que el efecto más probable, según creo, es que la política pública cambió con la consecuencia de la eliminación de un espacio para un prestador privado y, por ende, la rescisión. Argumentar lo contrario creo que, lamentablemente, va a ser difícil.

– ¿Podríamos asimilar lo que está haciendo actualmente el gobierno a la idea de Rodolfo Terragno durante la presidencia de Alfonsín, cuando propuso que las empresas públicas siguieran perteneciendo al Estado pero se aliaran con socios privados? Recuerdo que intentó hacerlo con el caso de Aerolíneas Argentinas y creo que con ENTEL también. No tuvo éxito, pero básicamente el modelo era que los privados se acercaran a gestionar mientras el Estado mantenía el control.

– Yo creo que esos modelos son híbridos y es muy difícil que vayan a tener algún resultado positivo, porque ¿qué es lo central de la privatización? ¿Cuál es el motivo de las privatizaciones?

– Aporte de dinero. Y una buena gestión.

– Sí, pero, además, una distinción clara y nítida entre derechos y obligaciones que impone el Estado diseñando las reformas, a través de organismos reguladores que sean suficientemente creíbles y con técnicos transparentes para poder exigir a los privados, en una contraposición clara de intereses, que cumplan con sus compromisos o pierdan su capital.
Cuando es el Estado el que provee, aun cuando tenga un socio privado, esa distinción de roles va a ser muy difícil. Aplicar penalidades por incumplimiento de calidad va a ser muy complicado. ¿Quién va a controlar que el estado cumpla? No vamos a tener otro caso como el de Edesur, donde a los usuarios que no tuvieron servicios se los compensó con más de 1.000 dólares. © www.economiaparatodos.com.ar