Cristina Kirchner en enero giró al pragmatismo bajo la influencia del Presidente del Banco Central y ahora en julio lo hizo hacia el ideologismo, con el ministro de Economía definiendo la estrategia. Seis meses atrás Cristina percibió que su gobernabilidad entraba en crisis: la salida de dólares y el dólar paralelo mostraban un fuerte agravamiento de la situación económica. Ella dijo entonces que “querían hacer volar por el aire mi gobierno”. Frente al riesgo de ingobernabilidad, desechó la propuesta de Kicillof de no ceder “frente a la presión de los mercados” y aceptó la de Fábrega para avanzar en dirección hacia la normalización de las relaciones financieras con el mundo (juicios del Banco Mundial, indemnización de Repsol por la expropiación de YPF y acuerdo con el Banco Mundial) y lograr que Argentina vuelva a los mercados. Pero ahora la Presidente no tuvo la sensación de que el default pueda poner en riesgo su gobernabilidad: obtuvo el “swap” del Banco Central de China, que en noviembre no había logrado; los mercados no mostraron en julio fuertes caídas como en enero; por último, tomó la tesis de que un default en 2014 no tendrá en la economía real el costo del ocurrido en 2001. Si el costo es menor que entonces y se presenta como “manejable”, tiene sentido para el gobierno ir al default con la consigna “Patria o Buitres”, porque ello puede mejorar la imagen del oficialismo y generar un “enemigo” a quien responsabilizar por la recesión y la inflación preexistentes. Esta es la interpretación que esta vez llevó a Cristina Kirchner a optar por Kicillof, hoy sin duda el hombre con más influencia en el gobierno, y desechar alternativas para evitar el default a través de gestiones de los bancos, ya sean nacionales o extranjeros.

La Argentina ha entrado en default y en lo inmediato el gobierno percibe más ventajas que desventajas en esta situación. Dos de las tres calificadoras de riesgo occidentales han definido como “default” la situación de Argentina y lo mismo ha hecho la calificadora china (Dagong). Tanto el voto unánime que resolvió ejecutar el pago de los seguros de default como los titulares de los diarios del mundo asumieron que Argentina está en default desde el 30 de julio. Al día siguiente, la justicia estadounidense rechazó la pretensión de una organización estatal de comercio de Taiwán de accionar contra el estado de Grenada, alegando como precedente el fallo de Griesa contra Argentina. El argumento fue que se trata de un fallo referido sólo a Argentina y que no sienta precedente para otros casos. Pero los sondeos que maneja el oficialismo dan cuenta de una mejora en la imagen de la Presidente en los últimos días y ello la llevará a profundizar su estrategia de confrontación con los “fondos buitre” y la justicia estadounidense: se denunciará fraude en la compra de los seguros de default ejecutados, parcialidad del juez y del mediador y se analiza llevar el caso a la UN y la Corte Internacional de La Haya -desconociendo la jurisdicción estadounidense- y lograr un pronunciamiento favorable de la Suprema Corte argentina, como ya lo propone Eugenio Zaffaroni. La Presidenta niega que el país esté en default porque esos mismos sondeos le muestran que la mayoría de la gente rechaza los fondos buitre al mismo tiempo que no quiere una cesación de pagos. En la mañana del martes 29 de julio, los carteles pegados en el centro de Buenos Aires planteando que ayer fue “Braden o Perón” y hoy “Griesa o Cristina”, confirmaban la estrategia elegida por la Presidenta.

En lo inmediato, el oficialismo logra cohesionarse en momentos que comenzaba a fisurarse. Por primera vez en lo que va del segundo mandato de Cristina, gobernadores oficialistas han decidido enfrentarla. Los de Mendoza, Neuquén, Chubut y Rió Negro -4 de las 10 provincias con energía- rechazan el proyecto de ley hidrocarburíferas que limita las atribuciones de las provincias en beneficio de YFP y el gobierno nacional. La permanencia del vicepresidente Boudou en el ejercicio del cargo ha comenzado a generar críticas crecientes dentro del oficialismo, cuando es probable que al procesamiento por la causa Ciccone se sumen otros dos en las próximas semanas (falsificación de papeles en un auto y enriquecimiento ilícito). Pero la Presidenta aprovecha el momento político del default para cerrar filas dentro del oficialismo. A las provincias que han resistido la ley, el Poder Ejecutivo no les ha prorrogado la financiación de las deudas con el Estado Nacional, como ha hecho con las demás. Ha dispuesto que Boudou la represente esta semana en un acto importante, como es el inicio del nuevo periodo del presidente Santos en Colombia. El acto del jueves 31 de julio en la Casa de Gobierno mostró que la Presidenta le sigue hablando a la militancia (el Patio de las Palmeras), pero es conciente de que su apoyo sigue siendo débil en la opinión pública -aunque haya mejorado algunos puntos- y no intenta por esa razón convocar a la Plaza de Mayo. En un nivel intermedio, el Kirchnerismo ha convocado a un acto en el Luna Park para el 12 de agosto -día que se conmemora la reconquista en la primera invasión británica- bajo la consigna contra los buitres y en desagravio a Boudou. El oficialismo, como es su costumbre, redobla la apuesta.

De ahora en más, será el factor social el que determine la dinámica y los tiempos de lo político y lo económico. Si hay embargos en estados de los EEUU a bienes argentinos de origen estatal, si hay nuevas sentencias en el exterior a favor de bonistas que no entraron en el canje, si bonistas logran la masa crítica para pedir el pago anticipado en determinadas series de bonos y si prosperan o no gestiones de bancos privados nacionales o extranjeros para comprar el juicio de los holdouts, serán incidencias que pueden influir o no en el conflicto con los “buitres”. Pero serán los efectos del default en la economía real y sus consecuencias sociales lo que determinará los tiempos de la dinámica político-económica. Los conflictos sociales en la calle serán el factor central, como en crisis precedentes en Argentina y como sucede por lo general en el resto de América Latina. El agravamiento de la recesión y la inflación, con sus consecuencias en materia de despidos, suspensiones y aumento de pobreza, y los conflictos que generen, serán el factor determinante. Cuanto más este tipo de situación afecte la gobernabilidad, más posibilidad hay de que el gobierno ceda y gire al pragmatismo. En cambio, cuanto más normalidad se dé frente al default, más lo prolongará en el tiempo. Mientras tanto, Cristina y Kicillof tienen más incentivos políticos para prolongarlo que para terminarlo, siempre que no se reiteren las imagen de violencia que se vieron en Buenos Aires el domingo 13 por la noche, cuando se perdió el partido frente a Alemania.

En conclusión: en enero el gobierno giró al pragmatismo porque entonces percibió que la gobernabilidad estaba en riesgo, pero ahora hizo lo contrario al pensar que no estará entrando en default; la Casa Rosada cree que, en términos políticos, negar el default le permite polarizar frente a los “fondos buitre” en momentos que su poder se debilita al acercarse el fin del mandato; en lo inmediato logra cohesionar al oficialismo, que comenzaba a figurarse, y eventualmente mejorar algo en la opinión pública; por último, de ahora en más serán los efectos del default en la economía real y el conflicto social que éstos generen lo que determinará la dinámica del proceso político-económico.

Fuente: www.nuevamayoria.com