La ofensiva sobre la Suprema Corte sigue siendo objetivo político central del Cristinismo a menos de un mes de las PASO.

La ofensiva sobre la Suprema Corte sigue siendo objetivo político central del Cristinismo a menos de un mes de las PASO. Un senador ultra-K (Fuentes) presentó un proyecto para crear un Tribunal Constitucional separado de la Suprema Corte. El integrante de este tribunal más cercano al gobierno (Zaffaroni) apoyó la iniciativa. El nuevo tribunal monopolizaría la facultad de declarar la constitucionalidad de las normas y los actos de gobierno, que ahora tiene la justicia de primera y segunda instancia y en tercera y última la Suprema Corte. El proyecto consistiría en aprobar la creación del nuevo tribunal en el Congreso con la mayoría simple requerida y cubrir su vacantes con subrogantes -que también se designan por mayoría simple- hasta que se designen los definitivos, eludiendo así el artículo de la Constitución que dispone que los magistrados judiciales sean designados por dos tercios de los senadores nacionales presentes. Pero un juez de primera instancia (Pico Lavié) declaró inconstitucional el artículo de la ley que, integrando la reforma judicial, crea nuevas cámaras de Casación, permitiendo que puedan funcionar con camaristas subrogantes hasta que se designen los definitivos. Mientras tanto, la Procuradora General de la Nación (Gils Carbó), alineada definidamente con el oficialismo nacional, anunció la creación de una Escuela de Servicio de Justicia para formar los fiscales y prepara la intervención de la fiscalía especial que investiga el atentado de la AMIA, tras impedir que su titular (Nisman) declare en los EE.UU. por dicho atentado.

Al mismo tiempo, el Cristinismo redobla la apuesta contra el grupo Clarín. La Procuradora General de La Nación emitió dictamen a favor de la constitucionalidad de la ley de medios y ahora el tema queda pendiente de la decisión de la Suprema Corte. El secretario de Comercio (Moreno) y el viceministro de Economía (Kicillof) han denunciado a la justicia como inválidas las últimas reuniones de directorio y de accionistas del Grupo realizada el 25 de abril, alegando que fueron afectados los intereses del estado -que es accionista minoritario, dado que el 9% de las acciones estaban en manos de la AFJP y ahora del ANSES-. A su vez, la Comisión Nacional de Valores ha dispuesto que el secretario de Comercio asista en el futuro a todas las reuniones de directorio y accionistas del Grupo Clarín. Desde la última reforma, la CNV puede intervenir cualquier empresa que cotice en bolsa o emita bonos a pedido de cualquier accionista minoritario por seis meses y sin orden judicial. Paralelamente, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha reactivado una denuncia por lavado de dinero contra dos directivos del grupo, causa que ha recaído en un juez vinculado a La Cámpora (Casannello), el mismo que tiene a su cargo la causa contra Báez. El pedido de captura contra el ex secretario de Transporte más importante del Kirchnerismo (Jaime), dispuesto por el Juez Bonadío, y la citación al secretario de Comercio, acusado ahora de abuso de poder por las multas a las consultoras que medían la inflación, muestra que la justicia está más dispuesta a avanzar en las causas que afectan a los funcionarios.

Ambas ofensivas coinciden con las declaraciones de la Presidenta, que muestran que profundiza su línea ideológica. Cristina Kirchner volvió a convocar para obtener una “nueva década” kirchnerista; en el acto del 9 de julio en Tucumán criticó a la justicia, los medios y el campo -los tres sectores que ubica como los ejes de la oposición-, agregando que no puede mejorarse la seguridad mientras no se reforme la justicia; la Presidenta defendió a Moreno y criticó a los empresarios; asumió una posición muy crítica del espionaje electrónico de EE.UU. y la detención del avión de Evo Morales por parte de países europeos, siendo muy activa en la cumbre de presidentes del Mercosur realizada el 12 de julio en Montevideo; en Santa Cruz se hizo presente la Presidenta para inaugurar el tramo de una ruta construido por la empresa de Lázaro Báez y criticó a los últimos gobernadores, acusándolos de haber arruinado los éxitos provinciales de Kirchner. Pero también dijo que ella no era eterna, algo que algunos interpretaron como una señal de que no buscará la reelección. Ello llevó a dos gobernadores del oficialismo (Scioli y Uribarri) a reiterar su intención de ser candidatos a su sucesión. El anuncio de 2 senadores nacionales y 5 diputados nacionales del Peronismo de Misiones de que dejan los bloques del FPV confirma que dentro del oficialismo aumentan las actitudes ambiguas o disidentes. El triunfo del candidato de Moyano en las elecciones del sindicato de aeronavegantes, hasta ahora alineado con La Cámpora, muestra la debilidad política de esta organización.

A menos de un mes de las PASO, la atención política se concentra en la provincia de Buenos Aires, cuyo resultado definirá el efecto nacional de la elección. Los cuatro sondeos difundidos sobre este distrito muestran una diferencia a favor de la lista que encabeza Sergio Massa sobre la del FPV que lleva como primer candidato a Martín Insaurralde. En cuanto a Scioli, pese a su giro hacia el oficialismo, los sondeos muestran que su imagen no se ha visto afectada sustancialmente. La Presidente está decidida a jugar un rol activo en la campaña de su candidato bonaerense, como lo hizo al llevarlo con ella a la inauguración de Tecnópolis. El ministro de Infraestructura y Planificación (De Vido) ha excluido a los intendentes que apoyan a Massa de la asignación de obras y el Kirchernismo provocó la sustitución del Presidente del Consejo Deliberante de San Martín, alineado con el intendente (Katapodis), que está con Massa. A su vez, en el senado provincial el bloque de 11 senadores que responden a Massa han criticado a tres intendentes del conurbano que están con el Kirchnerismo (Curto, de Tres de Febrero; Pereyra, de Florencio Varela, y Descalzo, de Ituzaingó) por impedir la creación de policías municipales.

En conclusión: el proyecto de crear un Tribunal Constitucional confirma que el Cristinismo continúa la ofensiva sobre la Suprema Corte; también se intensifican las acciones contra el Grupo Clarín con el dictamen de la Procuradora, las acciones de la CNV y las denuncias de la UIF; ambas ofensivas se dan cuando la Presidenta ratifica su línea político-ideológica tanto en su discurso en Tucumán como en sus posiciones en la Cumbre del Mercosur y la atención político-electoral se concentra en la provincia de Buenos Aires, donde la ventaja de Massa es importante y la lucha con el Kirchnerismo tiene lugar en la legislatura y los municipios.

Fuente: www.nuevamayoria.com