Imposibilitados de desentenderse del vandalismo del viernes en la Legislatura ante una ultrajada opinión pública, las autoridades hacen gestos: el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, lamenta retrospectivamente la falta de control municipal sobre la Policía Federal (por cierto, una falla institucional), en tanto que la jueza Silvia Ramond estuvo ocupada imputando “graves cargos” con condenas de prisión de hasta diez años contra las 17 personas arrestadas. No obstante, esta iniciativa resulta tan alarmante como tranquilizante, por dos razones al menos. En primer lugar, “ya hemos visto esa película”, como suele decirse, y muy recientemente también. El juez federal Norberto Oyarbide le imputó delitos muy graves al dirigente piquetero Luis D’Elía por invadir una comisaría de La Boca el fin de semana del 26 al 27 de junio pasado, pero sólo duró tres días en la causa en tanto que D’Elía sigue disfrutando del favor oficial. En segundo término, las acciones de la jueza no hacen sino confirmar la perversa idea del gobierno de que controlar el malestar social es tarea del Poder Judicial y no del Ejecutivo. En otras palabras, el gobierno insiste dogmáticamente en que quienes lanzan una protesta social no pueden hacer ningún daño, mas si por alguna extraña casualidad sí lo hacen, de todos modos no es responsabilidad del Ejecutivo.

Este rechazo a enfrentar responsabilidades es el principal problema, aunque oscurecido por el simplista rótulo de “piqueteros” para todos los causantes de disturbios, según muchos medios. Considerando estos diez últimos días, los piqueteros sólo fueron claramente responsables del caos en el tránsito del miércoles pasado; los desórdenes del Día de la Independencia en Tucumán fueron causados por disconformes empleados provinciales, en tanto que la violencia del viernes parece haber sido provocada por vendedores ambulantes más que piqueteros (por cierto, el dirigente piquetero de peor fama, Raúl Castells, tenía la coartada perfecta ya a la sazón se hallaba a 700 kilómetros, en el Chaco, extorsionando a un casino por 11.000 pesos). Algunos podrían decir que no importa qué categoría de lumpen (término favorito de los sociólogos e historiadores de posguerra que procuraban explicar el atractivo de Adolf Hitler para las masas) fue el culpable, pero en esto hay algo más que semántica. Algunos izquierdistas se niegan a culpar por el vandalismo del viernes a cualquier grupo de protesta social, sino que hablan de policías disfrazados o proponen teorías cui bono para acusar a la derecha reaccionaria como principal beneficiaria. Pero lo real es que incluso si argumentos tan absurdos fueran ciertos, la inacción del gobierno seguiría siendo igualmente culpable.

En una palabra, éste no es tanto problema “piquetero” como “porcino,” según el dicho popular que reza: “No es tanto culpa del chancho, sino de quien le da de comer”.



El artículo fue publicado por el diario Buenos Aires Herald, en su sección Editorial, el miércoles 21 de julio de 2004 (www.buenosairesherald.com)