Costos políticos versus racionalidad económica.Finalizadas las elecciones el Gobierno había encarado la agenda para reducir la incidencia presupuestaria de los subsidios, que representaban nada menos que 4% del PIB y 17% del gasto de la Nación. Pero los anuncios semanales que intentaban marcar una agenda de desarme progresivo duraron poco, y la estrategia mutó de un criterio de racionalidad económica o social a un criterio puramente político que apunta a transferir a las provincias los costos del ajuste. Y no es casual que, dada la concentración geográfica de los subsidios, sean la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires los dos distritos más afectados.

Esta estrategia comenzó con la controvertida transferencia del subte a la órbita de la ciudad de Buenos Aires a principios de año, que derivó en un aumento inmediato de la tarifa de 127% dado que el acuerdo inicial implicaba sostener por doce meses la mitad del subsidio, algo que se dio sólo a medias. Casi en simultáneo se dio la quita en la subvención al alumbrado público, que esta semana fue noticia por los cortes de luz concretados en plazas, monumentos y algunos edificios públicos.

Por su parte, si bien finalmente se avanzó con las subas a partir de principios de agosto en los boletos de colectivos y trenes, el alcance de la tarjeta SUBE hace que el ahorro presupuestario sea muy bajo hasta tanto no se vaya avanzando en el esquema de segmentación que reduzca el subsidio en función de la capacidad de pago de cada poseedor de la tarjeta.

Sin embargo, sí se anunció el congelamiento de los subsidios en paralelo a la transferencia de la potestad a las provincias para aumentar tarifas. Estas, ahogadas financieramente, no tienen más opción que convalidar las subas tarifarias. El último anuncio al respecto estuvo dado por la reducción de los subsidios a la energía a aquellos distritos que convaliden estos aumentos. Si se avanza en este sentido, el aumento en las facturas de energía en la provincia de Buenos Aires será sensiblemente mayor al requerido para sostener la operatoria de la distribución de energía, ya que también aumentará el costo de la generación que pagan los usuarios. Y en este sentido habrá que ver qué pasa con otros distritos que vienen aplicando subas en los últimos años y que siguen recibiendo la energía subsidiada.

El Gobierno optó por encarar la necesaria modificación del esquema de subsidios transfiriendo el costo político a las provincias, en lugar de apuntar a un enfoque gradual y focalizado en sus etapas iniciales en los sectores de mayor poder adquisitivo, como había insinuado en un primer momento. Nuevamente, en la Argentina el bienestar social vuelve a quedar a merced de las pujas políticas y electorales.

Fuente: El Economista.com.ar

Autora: Marina Dal Poggetto