¿Qué hacer con Irán?

Desde que la exasperantemente lenta investigación de la verdad en el caso de la AMIA finalmente apuntó en dirección a Teherán, las cosas parecen no haber avanzado demasiado, ya que la oligarquía clerical que conduce a Irán –como cabía esperar– se niega a colaborar en modo alguno con la investigación a cargo de la justicia argentina. Por esto, no es sorpresivo que en el acto del reciente aniversario del cobarde atentado, desde el podio y la calle, se haya solicitado a nuestras autoridades la ruptura de relaciones con Irán.

Es posible que ése termine siendo, efectivamente, el fin del camino. Creo, no obstante, que –antes de que esto eventualmente suceda– hay otros pasos que la Argentina debe tomar para demostrar, a propios y ajenos, que nuestro país confiere la importancia que debe al reclamo de justicia de quienes fueron las víctimas directas del atentado y de sus familiares, que es ciertamente acompañado por la enorme mayoría del pueblo argentino. Esto supone salir de la declamación y pasar al plano de las conductas.

Veamos qué cosas pueden (y deben) hacerse. Primero, la Argentina debería (del mismo modo en que lo hace respecto de nuestro reclamo de soberanía) utilizar sus máximos esfuerzos en todos los foros internacionales para lograr que la región y, luego, la comunidad internacional la acompañen en su reclamo de cooperación efectiva por parte del régimen iraní. Esto supone negociar activamente y obtener el respaldo de terceros países para la aprobación de declaraciones concretas y reiteradas que exijan a Irán una colaboración real en la investigación judicial en curso.

Para un régimen despótico como el iraní –que exporta terrorismo no sólo apoyando abiertamente a Hamas y Hezbollah, sino haciendo lo propio subrepticiamente con algunos otros movimientos fundamentalistas y que se niega a colaborar con la comunidad internacional cuando de su programa nuclear se trata– esto agregaría ciertamente una incomodidad más a su andar externo y podría volcar en su contra a algunos países que aún dudan acerca de la veracidad de las sospechas sobre la posibilidad de que Irán se transforme, pronto, en una peligrosa potencia nuclear. Pese a esto, no se puede soñar –creo– con que Irán cooperará mansamente con una investigación sobre la cual muchos de sus líderes religiosos probablemente sospechan que existe peligrosidad real.

Segundo: dar pasos concretos para reducir progresivamente las relaciones diplomáticas bilaterales si nuestros reclamos no son satisfechos. Esto debe hacerse abiertamente, haciendo saber a la comunidad internacional cual es la razón que abona nuestras decisiones. Si simultáneamente se logra el apoyo de la comunidad internacional a nuestro reclamo, tal como hemos sugerido más arriba, la reacción que ante estos otros pasos cabe esperar por parte de Irán será presumiblemente por lo menos bastante menos sonora y nadie podría sostener que las medidas son sorpresivas o intempestivas.

El final de este camino es el de suspender las presencias diplomáticas en ambos países, delegando la defensa de nuestros intereses a manos de países amigos, como Brasil o Chile.

Ciertamente no Venezuela, que acaba de ser definido sorpresivamente por la inefable Senadora Kirchner en su reciente visita a España como nuestro “aliado estratégico” en la región. Ocurre que Venezuela es, a su vez, créase o no, un país que formalmente (esto es mediante acuerdos escritos y no mera retórica) es “aliado estratégico” de Irán.

En función de la profunda intimidad con Hugo Chávez, fruto de la amistad que los dos Kirchner profesan ante el mundo (como ambos demostraron voluntariamente ante el Parlamento y los empresarios españoles) tener con él, la Argentina debería poder pedir -públicamente- a Venezuela que interceda -formalmente- ante el régimen iraní para que éste colabore -sin retaceos- con la investigación en curso del caso AMIA. Conociendo a los personajes de los que depende que esto se materialice y atento a sus restricciones ideológicas, cabe ser escéptico y suponer que todo esto difícilmente ocurrirá.

Después de lo descrito -que demostraría voluntad política real y no solo retórica- dependiendo de las circunstancias, la ruptura de relaciones comienza a ser la opción.

Si el camino sugerido se recorre, recién entonces se habrá respetado el reclamo – aún insatisfecho- de justicia que emana de nuestra comunidad judía y de la sociedad toda.

Por el momento, lo cierto es que nuestras autoridades siguen actuando en el plano de la retórica, dando pasos que pueden aplaudirse pero que luego no son seguidos de otros que debieran naturalmente darse para así demostrar coherencia y continuidad en la acción y, más importante aún, que lo nuestro es bastante más que mero “humo político” o “medias tintas”, como algunos sospechan.

La palabra empeñada

Pocas cosas empañan más la imagen de un país que el incumplimiento de la palabra empeñada. Más aún cuando es sistemático. Esto tiene ciertamente que ver con el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Cuando una nación se somete voluntariamente a la jurisdicción de tribunales (incluyendo los arbitrales) que en su momento aceptó para que, a través de ellos, se resuelvan eventuales controversias, se supone que lo hace con la sincera intención de aceptar sus decisiones, salvo que haya razones de nulidad, lo que es -muy de vez en cuando- posible, aunque sea una circunstancia absolutamente excepcional.

La administración de los Kirchner no parece estar de acuerdo con lo antedicho. Y esto es también una cuestión de “conducta”, que se juzga a través de hechos y actitudes.

La Argentina está hipotecando su reputación, o lo que ahora queda de ella, al no obedecer los laudos de los tribunales del MERCOSUR. Y algunos no lo advierten, pese a que nos están llegando “mensajes” que ya no son implícitos.

Primero desconocimos olímpicamente el laudo unánime del tribunal “ad hoc” del MERCOSUR que -hace muchos meses- decidiera que las “omisiones de conducta” de nuestras autoridades eran responsables de los cortes ilegales de rutas y puentes internacionales que, a su vez, suponen un incumplimiento de nuestras obligaciones bajo los compromisos asumidos en el ámbito del MERCOSUR. Y la responsabilidad del caso.

Para hacer todo mucho más grave, el gobierno de la Provincia de Entre Ríos confirió, más o menos opacamente, subsidios económicos directos a los “asambleístas” por espacio de largos meses, con los que se financiaron las presuntas protestas espontáneas. Hoy ellos han sido reconocidos.

Y ahora el gobierno nacional cede a los referidos “ambientalistas” -gratuitamente- espacios en radios y televisión para que, en ellos, hagan propaganda a favor de su “causa” que, según los Kirchner, es una causa “nacional”.

Esto puede ser grave, desde que nos hace partícipes directos de las acciones ilegales de los “ambientalistas” y co-responsables eventuales de los daños causados por esas acciones. No es poco.

Pero además nos empaña, por largo rato, la imagen -como país y como sociedad- con el rótulo indeleble de “incumplidores”, lo que es sumamente grave. Las imágenes se construyen con el paso del tiempo y se destruyen, en cambio, en solo unos instantes.

Ni que hablar del horrible ejemplo que el mensaje implícito en nuestras conductas envía a la población acerca de la importancia del Estado de Derecho.

Como si eso fuera poco, el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR acaba de fallar a favor de Uruguay en la aplicación de una medida compensatoria de las restricciones que nuestro país ha impuesto unilateralmente a la importación de neumáticos recauchutados, desde el 2002.

La decisión considera que la tasa arancelaria adicional del 16% que, desde el 18 de abril pasado, Uruguay aplica al ingreso de neumáticos desde la Argentina es no solo válida, sino “proporcional y no excesiva”.

Cabe aclarar que esto se vincula con un laudo anterior, del 20 de diciembre del 2005, que ordenó a la Argentina revocar -en un plazo de 120 días- una ley del 2002, que prohibía el ingreso de neumáticos recauchutados en territorio argentino.

La Argentina le hizo “pito catalán” al fallo en cuestión, incumpliéndolo, como si no hubiera existido.

El fallo, cabe aclarar, permitía expresamente que, en caso de incumplimiento argentino (porque obviamente se conoce “el paño” que vestimos), Uruguay pudiera adoptar “medidas compensatorias”, lo que efectivamente sucedió, como era natural y previsible. Esta alternativa, la de las “medidas compensatorias”, es absolutamente de práctica en el mundo entero ante circunstancias de incumplimiento en el plano comercial, como la nuestra.

Esta es la primera decisión tomada respecto de una “medida compensatoria” en el marco del MERCOSUR. Un “leading case”, entonces. El país incumplidor es la Argentina, lo que es una pena.

El fallo, lo que es aún más grave, deja constancia del serio “daño institucional” al MERCOSUR que causa nuestro incumplimiento que, según el tribunal debe tenerse en cuenta “separadamente del daño económico y comercial”.

Nuestro país se refugió, sin mucha vergüenza por cierto, en que hay “plazos internos” que deben cumplirse. La ley del 2002 era contraria a los compromisos asumidos en el MERCOSUR y ha transcurrido ya más de un año y medio sin que nuestros parlamentarios se muevan.

Si a lo sucedido con los neumáticos, le sumamos lo que seguimos haciendo con el laudo sobre nuestras conductas respecto de los cortes de rutas y puentes internacionales hacia el Uruguay, la cosa es bien seria.

No hay nada, absolutamente nada, para celebrar como resultado de nuestras reiteradas actitudes agresivas, arrogantes, y hasta patoteras.

El daño está hecho y no se advierte intención de corregirlo o de mitigarlo o morigerarlo, siquiera. Ninguna, más bien una actitud contraria, la que sugiere que nosotros “nos llevamos puestos a todos”. Y no es así.

El costo de las conductas públicas que comenzamos a adoptar en la “administración” del ex presidente Eduardo Duhalde, que no vaciló un solo instante en despedazar el Estado de Derecho, puede terminar siendo muy grande. En términos de imagen, seguro. Económicamente, quizás también. Miremos en derredor y sumemos el aluvión de condenas que nuestro país está sufriendo. Cuando sea la hora, la suma será atroz. Y hasta nuestra civilidad misma como nación estará cuestionada, con razones.

Hablando de conductas… más de lo mismo por parte de Hugo Chávez

Lo del “hegeliano” Hugo Chávez, es cada vez más parecido a la paranoia. En la semana pasada solamente acumuló los gravísimos hechos que paso a reseñar:

(i) Insultó abiertamente al respetado Cardenal de Ho, Monseñor Oscar Andrés Rodríguez Maradihaga, llamándolo “loro” y “payaso imperialista”. Estos, cabe advertir, son exactamente los mismos insultos que Chávez antes dedicara al Congreso del Brasil, por los que todavía no ha pedido disculpas.

El Cardenal había dicho, con absoluta razón, que Chávez “se siente como un Dios y con derecho a atropellar”, lo que el nada democrático déspota caribeño no pudo tolerar, y frunciendo esa boca de extrañas formas que Dios le dio, y que por eso tiene, profirió los insultos a los que antes aludo;

(ii) Arremetió contra todos los Obispos venezolanos que le advirtieron cortés y unánimemente, también con toda razón, que su proyecto de reforma constitucional -que supone su reelección infinita- no tiene “talante democrático” y que su proyecto es “marxista- leninista”.

Como respuesta el bueno de Chávez les dijo que los obispos (todos) habían “perdido el camino del Señor” y que debían tomar el camino según él correcto, esto es el de la “teología de la liberación”, para no equivocarse.

Su Santidad Don Hugo, en función de Pontífice… lo que le faltaba para el “Guinnes Book of Records”; y

(iii) Anunció que acaba de acordar una compra de equipos y baterías antiaéreas con el tirano de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por valor de mil millones de dólares; lo que se suma naturalmente a la compra de cazas rusos, helicópteros y submarinos del mismo origen, y a la fábrica de fusiles AK-47 que se está instalando en tierra Venezolana.

Seguramente, para defenderse de los obispos de su país y de los cardenales del exterior, a los que no respeta. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).