Salvo en el supuesto —harto improbable, dicho sea al pasar— de que en el curso de las próximas semanas la fiscal Viviana Fein o quien fuese lograsen develar el misterio en torno de la muerte de Alberto Nisman, el tema —conforme transcurra el tiempo— perderá interés hasta prácticamente desaparecer de las portadas de los diarios, de las pantallas de televisión y de la consideración pública. No otra cosa sucedió —salvando las diferencias— con Cabezas, el comodoro Etchegoyen y María Lourdes Di Natale.

Lo expresado antes no es una especulación cínica ni tampoco la reflexión del pesimista por naturaleza respecto de los vicios argentinos. Es —tan sólo— un anticipo deducido menos por iluminación del espíritu que tomando en consideración cómo funciona nuestra sociedad. Conmocionada hasta las lágrimas ni bien se enteró de la defunción de Nisman, apenas se hizo presente cuando debió manifestarse masivamente en las calles, para repudiar cuanto había sucedido. Un día se rasga las vestiduras predicando su fastidio y al otro día viaja a los tradicionales lugares de verano como si tal cosa, olvidándose del tema.

Nunca nos enteraremos de lo que aconteció entre el 17 y 18 de enero pasados en el departamento del fiscal que había levantado —contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, básicamente— una acusación tremebunda de encubrimiento. Entre otras razones porque estamos en un país sin instituciones sólidas y con un Estado tan extendido y elefantiásico como ineficiente. Basta prestar atención a las andanzas y declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni; a la desaparición de la escena de la ministro, María Cecilia Rodríguez; y a las declaraciones de la presidente y de los custodios de Nisman, para darnos cuenta que, con semejantes funcionarios, determinar si fue suicidio o asesinato resulta literalmente imposible. La chapucería e improvisación, entre nosotros, siempre se hallan a la orden del día. No son —bueno es aclararlo— características novedosas traídas por el kirchnerismo. En absoluto. Vienen de lejos y ninguna de todas las administraciones que nos tocaron en suerte soportar desde 1945 a la fecha está libre de culpa.

Cuando estalló el coche bomba en el edificio de la AMIA todo fue confusión e improvisación. En esas primeras horas, inmediatamente después del atentado, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad que se hicieron presentes actuaron a tontas y a locas. Sin quererlo y por su propia torpeza, borraron pruebas para siempre. Si a eso se le suma la inconcebible falta de pericia de la investigación judicial —tanto en el caso de la embajada israelí como en el de la mutual judía— no es de extrañar que, a veintitrés años del primer hecho y veinte del segundo, todavía sigamos en ayunas respecto de sus responsables.

Conclusión: 1) nunca sabremos, a ciencia cierta, si Alberto Nisman se mató o si lo mataron y 2) las repercusiones se apagarán a medida que pasen los días. Pero aun siendo esto cierto, nadie podría negar que el hecho generó una serie de consecuencias aquí y en el mundo. Desde el punto de vista del análisis es cuanto nos interesa. Se trata de no perder de vista los efectos que ha producido la muerte del fiscal en términos políticos. Y en ese orden, el daño que le ha producido al gobierno es irreparable. Lo demás —esto es, las contradicciones flagrantes entre la Fernández y Berni, las increíbles diferencias entre los testimonios de los custodios, los pasadizos secretos, las huellas digitales, las escuchas y las cerraduras— hay que dejarlo en manos de los expertos, si es que existen en el país. Emular a Agatha Christie y a Poirot —como lo han hecho una legión de comentaristas en las últimas semanas— es poco serio.

A todo esto, ¿qué opina la gente? Según la consultora IPSOS Mora y Araujo 70 % considera que no fue un suicidio y que el caso quedará impune. Asimismo, 80 % de la población cree que es seria la denuncia del fiscal, contra Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman por encubrir a Irán en el atentado a la AMIA a cambio de relaciones comerciales. No es todo. Además de reprobar el tratamiento que el gobierno le está dando al asunto —61 % juzga que es malo— en una segunda encuesta aparece una minoría importante —nada menos que 20 % de los encuestados— que sindica a la administración de Cristina Fernández como responsable de la muerte de Nisman.

En medio de esta situación, en febrero se desempolvarán las causas judiciales que la feria estival, como todos los años, paralizó por espacio de treinta días. Si damos fe a cuanto se repite en los corrillos de Comodoro Py, no sería de extrañar que en el curso de este mes —o, en su defecto, durante marzo— desfilasen por los juzgados federales con asiento en esa calle del barrio de Retiro el vicepresidente de la República, Amado Boudou; el principal socio económico del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez; y el hijo mayor de la jefe de Estado, Máximo.

Los tiempos de la justicia en la Argentina —por momentos exasperantes en punto a lentitud— pueden, según los casos, favorecer o perjudicar a los acusados. No se necesita demasiada ciencia para darse cuenta de que, en el caso de los funcionarios gubernamentales sospechados de corrupción o encubrimiento y de sus cómplices, la posibilidad de contar con magistrados como Norberto Oyarbide se hace más difícil a medida que se acerca el final del mandato. Los problemas que hoy preocupan a Cristina Fernández, después del 11 de diciembre se transformarán en verdaderas pesadillas. Sencillamente porque para ella se habrá acabado la impunidad.

Más allá de la causa Nisman y de qué tan cerca o lejos se hallen Amado Boudou, Lázaro Báez y Máximo Kirchner de ser indagados judicialmente, la carrera presidencial ha entrado en su fase final o poco menos. Es cierto que todavía no han sido oficializadas las alianzas; confirmadas las candidaturas; definidos los compañeros de fórmula de Massa, Macri y Scioli; cerrados los eventuales acuerdos que puedan tejerse entre la UCR, el PRO y el FR y substanciadas las PASO. Pero, en atención a que la fecha límite para presentar las listas y fórmulas nacionales es el 30 de junio, los próximos cinco meses serán decisivos.

La primera encuesta seria conocida luego de la muerte de Nisman —la de Carlos Fara— registra en GBA y CABA un descenso importante del gobernador de Buenos Aires y un repunte del jefe del Frente Renovador, con Mauricio Macri ubicado como el segundo con mayor intención de voto detrás del de Tigre. Por supuesto, la muestra dista de ser definitiva pero anticiparía algo que parece haberse instalado luego del torpe manejo del gobierno en punto al caso Nisman: una caída en picada de la imagen de Cristina Fernández que castiga también a Scioli en términos de su intención de voto. No es la primera vez que algo así sucede, seguido —tiempo después— de una recuperación del terreno perdido tanto por la presidente como por el mandatario bonaerense. De modo tal que conviene ser cautos en las proyecciones.

Ninguno de los tres presidenciables está en condiciones de descuidarse. El virtual empate técnico que existe entre ellos, al menos en términos de la primera vuelta, los obliga a pensar seriamente en tres cosas: 1) los posibles candidatos a vicepresidentes que pueden aportar tres o cuatro puntos claves (si Massa, por ejemplo, logra convencer a De la Sota para que lo acompañe en la boleta electoral) o significar un salvavidas de plomo (si, por ejemplo, a Scioli lo obligan a ir junto a Kicillof o a Alicia Kirchner); 2) las alianzas que puedan forjarse a nivel provincial y —sobre todo— nacional, directamente vinculadas, en cuanto hace al PRO y al FR, a la decisión de la Convención de la UCR que se reunirá a mediados de marzo en la ciudad de Gualeguaychú; y 3) las propuestas de gobierno que, de momento, brillan por su ausencia.

El tic-tac vale para todos. Hasta la próxima semana.

Fuente: Massot / Monteverde & Asoc.