La Argentina ha superado largamente la etapa de las explicaciones. Los problemas profundísimos que tenemos no se deben a que los responsables de tomar decisiones no entienden el funcionamiento del mecanismo institucional del país. Lo entienden: por eso lo violan.

El esquema teórico de ordenamiento legal del país que, de haberse seguido, habría constituido un carril automático de progreso (como el ferrocarril que llega al Norte cuando las vías por las que corre lo dirigen irremediablemente hacia allí) es altamente inconveniente para los que tienen un designio de dominación absoluta. Por lo tanto, no es que esas personas hacen lo que hacen porque no comprenden el orden constitucional. Lo comprenden perfectamente. Pero ese orden es un obstáculo a sus objetivos y están preparados para hacer hasta cosas que los que intentamos respetarlo ni siquiera imaginamos.

Las múltiples estafas que se cometieron en el trámite de sanción de la ley de “servicios audiovisuales” es digna de personajes que operan decididamente al margen de la ley. La propia norma constituye una herramienta de atropello delictivo a la Constitución.

Para lograr su sanción los diputados oficialistas (y los que no lo son pero que acompañaron vergonzosamente este proyecto contra la libertad) violaron el propio reglamento de la Cámara de Diputados que establece un mecanismo de publicidad de los dictámenes finales de las comisiones para que la sociedad, por la vía de la prensa, pueda conocer lo que la Cámara se dispone a votar.

Parece mentira pero, en la Argentina K, la mismísima Cámara de Diputados de la Nación viola la ley como cualquier delincuente para ocultarle a la sociedad lo que no quiere que se sepa.

Pero eso no fue todo. Las diputadas Bullrich y Giudice denunciaron que luego de que se giraran las copias del proyecto a los diputados (especialmente a los que estaban dispuestos a votarlo porque creían que el oficialismo había receptado en el documento final las modificaciones que ellos proponían), el oficialismo volvió varios artículos de los teóricamente modificados a la redacción original, a la que le interesaba aprobar. Luego sometió a todos en base al atropello y a la dictadura del número a un apuro insoportable para que nadie advirtiera el engaño. De nuevo, los representantes del pueblo comportándose como un conjunto de manipuladores rayanos en el límite (exterior) de la ley, para conseguir la aprobación de una norma que amordaza la libre expresión de las ideas.

Un párrafo aparte merecen los diputados que no siendo del Frente Para la Victoria dieron sus votos para aprobar esta ignominia.

Aquí ha habido una gran confesión de la izquierda nacional que, finalmente, hace posible la sanción de una ley del fascismo. Durante décadas la izquierda vendió su verso anti-fascista a un conjunto más o menos importante de idiotas útiles que creyó que aquellas “ideas” constituían un movimiento intelectual opuesto al fascismo.

Pero eso, claro está, siempre fue una mentira. La izquierda es el primer fascismo. Heredado de los dislates de la Revolución Francesa y de la desmesura bolchevique, la izquierda es la verdadera entronización del fascismo.

Y es ese resabio fascista de la sociedad el que hace posible que se sancionen leyes en contra de la libertad; porque la izquierda siempre ha estado en contra de la libertad: el leit motiv de su existencia es la desaparición de la libertad y su reemplazo por la dictadura. Siempre lo fue. Siempre lo será. El “de izquierda” es “facho” por definición, porque siempre guarda entre sus métodos el recurrir a la violencia o al atropello para imponer sus “razones”. No es democrático. La democracia para él es un instrumento de simulación para sus fines verdaderos.

Es una verdadera vergüenza que Hermes Binner que se las da de gran demócrata y que se muestra como una opción de moderación para la era del “poskirchnerismo” haya dado sus votos a este atropello. ¿Así que Binner iba a ser la gran esperanza de un gobierno no-totalitario? Y cuando llegara al poder, ¿iba a ser éste el perfil de su ley de medios? ¡Pero, por favor! Gracias Binner. Si la Argentina dependiera de usted y del socialismo para ser libre estaría condenada al garrote.

Hoy la Ley de Medios tiene media sanción porque el resabio izquierdista –que por definición siempre tuvo aversión por la libertad de prensa– le ha dado sus votos al proyecto oficial.

¿Y la Justicia? ¿Han escuchado ustedes alguna referencia al papel del Poder Judicial en toda esta historia? ¿Ha dicho alguien: “esta ley termina sus días rápidamente en la Justicia porque viola tantos derechos constitucionales que fulminarla en un tribunal será un mero trámite”? No. Nada de eso se ha escuchado. La pregunta es por qué.

Y la respuesta tiene varias aristas. En primer lugar, la ausencia de esas referencias se debe a que la confianza en la Justicia es igual a cero. Nadie cree, efectivamente, que un juez, en el ejercicio de su poder compensador, vaya a tachar de inconstitucional una ley enviada al Congreso por un Poder Ejecutivo al que teme.

Esta tradición siempre ha sido así en la Argentina que nunca pudo ver funcionar correctamente el sistema de “frenos y contrapesos” entre los distintos poderes establecido por la Constitución.

Por su puesto el gobierno K profundizó la anomalía con la adecuación del Concejo de la Magistratura a sus propios intereses bajo las férreas y ubicuas amenazas de los diputados Conti y Kunkel.

En segundo lugar cuenta, obviamente, el propio récord histórico del Poder Judicial que ha permitido que siguieran con vida leyes aprobadas por el Congreso que violaban de modo sistemático los principios de la Constitución. Esta “historia” registrada de decepciones que la sociedad ha tenido con sus jueces naturalmente operó sobre la confianza social en la Justicia del mismo modo que una lima opera sobre la madera.

Si los jueces históricamente hubieran cumplido el rol que la Constitución reservó para ellos, no podrían haber sido leyes de la nación (tal como fueron escritas) el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Minería, el Código Aduanero, la ley de Asociaciones profesionales, la ley de propiedad intelectual, la ley de creación del Banco Central, la ley de radiodifusión (cualquiera sea), todas las que impiden a los particulares el ejercicio de cualquier industria lícita, etcétera, etcétera, etcétera….

La Argentina es un país anticonstitucional. Es más, hoy, después de la reforma de 1994, el país tiene una Constitución inconstitucional. La Argentina como diría Mujica, es un país esquizofrénico.

Por eso nadie siquiera mencionó al Poder Judicial como un eventual freno a tanto atropello. Las anormalidades se han convertido en una segunda naturaleza para nosotros. La sociedad vive como algo completamente natural el hecho de que, como un borrego, deba obedecer las órdenes y las extravagancias de los que la gobiernan. Para ella es normal: el que manda impone; el que no manda obedece… Y no hay remedio para eso. Es la cultura en la que abrevó Kirchner, los jueces y nosotros. Así nos seguirá yendo, mientras no decidamos cambiar. © www.economiaparatodos.com.ar