Que se haya puesto la educación en la agenda política de la Argentina es algo que me produce alegría. Que por los próximos meses discutamos cuál es el tipo de educación que queremos parece ser algo positivo.

Sin embargo, como bien reza el refrán, “el que se quemó con leche, ve una vaca y llora”. Por eso, me permito algunos comentarios.

Cuando se realizó el proceso de redacción y sanción de la Ley Federal de Educación –que es la que hoy se encuentra en vigencia aunque muchos de sus mandatos no se cumplen- también se convocó a expertos, instituciones, etcétera. Es cierto que quedaron fuera “las bases”, es decir, la inmensa mayoría de los docentes, cosa que se critica a la actual ley. Ahora bien, a pesar de la intervención de los expertos hubo algún burócrata al que –sólo por poner un ejemplo- se le ocurrió que en el último año del Ciclo Polimodal, fuera de la orientación que fuese, no debía dictarse la materia “Matemáticas”. Durante los primeros dos años de aplicación del Polimodal esto fue así, con los nefastos resultados que no había que ser ningún experto para anticipar, sino tener un sentido común un poco por debajo de la media.

Es decir, la opinión de los expertos siempre termina pasando por las manos de alguien que vaya a saber por qué razones se cree con la capacidad de interpretar esa opinión y hacer las cosas a su gusto.

Lo primero que habrá que tener en cuenta, entonces, es que si realmente se quiere reflejar aquello que los que saben de educación expliciten, habrá que asegurarse que quien lo implemente no tenga la posibilidad de variarlo a su gusto.

El segundo tema es un poco más filosófico y, para traducirlo a una pregunta, sería ¿debemos hacer una consulta general para hacer una ley de educación?

Realmente no me imagino al ministro de Salud lanzando una “consulta general” entre médicos, enfermeras, pacientes, familiares de los pacientes, familiares de los médicos, choferes de ambulancia, entre otros, para sancionar una ley de salud. ¿Qué sucedería si se consultara a todos los contribuyentes si hay que aumentar los impuestos?

La Ley 1.420 expresaba sólo en dos renglones cuáles eran los contenidos que la Nación como tal pretendía que sus ciudadanos adquirieran. Y creo que nadie puede negar los frutos de la Ley 1.420, que ni siquiera era de aplicación en todo el país.

¿No sería mejor, en vez de pedir la “opinión” de las bases, dejar libradas a esas mismas bases la manera de llevar adelante los objetivos que la Nación plantee? También a modo de ejemplo, ¿por qué si alguien no sabe leer en 7mo año le tenemos que dar tantas horas de Ciencias Sociales en vez de reforzar con más tiempo el área de Lengua? ¿No es ilógico que todos los alumnos de todas las jurisdicciones tengan las mismas necesidades y conocimientos previos? ¿No es más capaz el docente para discernir en cada momento qué es lo que le hace falta al alumno para alcanzar determinados objetivos y no alguien sentado en un escritorio que nunca pisa una escuela? ¿No sería mejor reglamentar menos y permitir hacer más? ¿No sería mejor dejar la educación en manos de los educadores y no de burócratas que la última vez que vieron un alumno debió ser cuando ellos mismos fueron a la escuela?

Esperemos entonces dos cosas: que los resultados de la consulta lleguen medianamente bien al texto de la ley, y que la ley permita un margen de movimiento grande para cada escuela con ánimo de alcanzar los objetivos que, probablemente, esa misma ley plantee. © www.economiaparatodos.com.ar



Federico Johansen es Licenciado en Ciencias de la Educación (UBA).