Primer ejemplo. El martes por la mañana vi por la televisión como la policía finalmente hizo lo que tenía que hacer: reprimió a los integrantes del movimiento político Quebracho y a los piqueteros que intentaron, primero, tomar la Casa de Rosada y, luego, el Ministerio de Economía. Por la televisión se veía como se habían establecido vallas y varios cordones policiales. También pude ver como, cuando llegó el momento de la represión para reestablecer el orden público, la policía utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, entre otros elementos, para frenar a los revoltosos.

Sobre el accionar de la policía en esta ocasión no hay nada que objetar. Ahora bien, la pregunta que me formulo es la siguiente: ¿por qué el gobierno autorizó a la policía a utilizar balas de goma, gases y camiones hidrantes para preservar la integridad del presidente y no autorizó el mismo tipo de accionar cuando los mismos movimientos políticos violentos atacaron, por ejemplo, la Legislatura porteña, tomaron empresas privadas o violan los derechos de los ciudadanos que quedan sometidos a la fuerza bruta de estos vándalos?

Todavía recuerdo la orden que le impartió el Ejecutivo a la policía para que no usara, en el ataque a la Legislatura porteña, las mismas armas que utilizaron el martes para defender al presidente. El comportamiento de Kirchner pareciera reflejar aquella vieja frase de “armémonos de valor y vayan”, porque mientras proclama que con esta policía de “gatillo fácil” no se puede reprimir a los piqueteros y demás movimientos violentos, dejando indefensa a toda la sociedad ante los abusos que cometen, recurre a esa misma policía de “gatillo fácil” para desalojar la Plaza de Mayo cuando su integridad física corre peligro, sin mencionar que el cuerpo de Granaderos tuvo que alistarse para defender al presidente en caso de que las cosas se fueran de cauce.

Segundo caso. El martes leí en el diario La Nación una nota de Joaquín Morales Solá en la cual informaba que Duhalde quiere proponer una reforma política que incluya que un porcentaje de los candidatos a cargos electivos tiene que tener menos de 35 años. La idea de esta propuesta, si efectivamente se concreta, es que se produzca una renovación de la política al incluir a una nueva generación mediante esta regulación.

Si a esta eventual propuesta de Duhalde se le agrega la existencia del cupo femenino para las listas sábanas en los cargos legislativos, estaríamos llegando a la conclusión de que en la Argentina los cargos públicos tienen que ser ocupados no por el mérito y la idoneidad de las personas, sino por el género o el grupo etario al que pertenecen. Es decir, una mujer tiene que ser legisladora, no porque es idónea para el cargo, sino porque es mujer, y otro es senador no porque tiene la formación necesaria, sino porque tiene menos de 35 años. Bajo este concepto de elección por género, no me sorprendería si un día de estos los travestis reclamaran tener un cupo en las listas sábanas sacando a relucir, justamente, su condición de travestis. Bajo este sistema de cupos, la Argentina deja definitivamente el concepto de mérito para pasar al concepto de género. ¡Toda una genialidad para excluir del gobierno a los mejores!

Tercer ejemplo. El inefable Alfonsín, recurriendo a sus viejas teorías de la conspiración, acaba de afirmar que la derecha está tramando un golpe para sacar a Kirchner del gobierno. Inclusive se animó a ponerle fecha: a más tardar en marzo del año que viene.

Por esas cosas que resultan inexplicables en la Argentina, Alfonsín no sólo llegó a ser presidente sino que, además, los medios lo han instalado como el hombre que consolidó la democracia en nuestro país. En realidad, Alfonsín no consolidó la democracia. En el mejor de los casos, consolidó un sistema de votación para que podamos elegir a nuestros propios déspotas. Pero este Alfonsín es el mismo que, en 1983, en plena campaña electoral, denunció un pacto militar-sindical que nunca fue demostrado. El mismo que denunció un intento de golpe de Estado bajo su presidencia y, sin respetar el orden jurídico, metió presa a una docena de personas que nada tenía que ver con el supuesto complot que había denunciado, al punto que luego el Estado tuvo que indemnizar a algunas de las personas detenidas sin causa. Es el mismo Alfonsín que, luego de desatar un infierno hiperinflacionario, denunció un golpe de mercado por el cual tuvo que salir antes de la presidencia.

Pero lo más curioso es que este Alfonsín, que tantos complots denuncia, es el mismo que se juntó con Menem para pactar una reforma constitucional o el que se mantuvo en silencio cuando De la Rúa fue volteado del poder gracias al “ataque de hambre” que tuvo la población el 20 de diciembre y que la hizo salir a saquear los supermercados, “ataque de hambre” que luego de la devaluación y la brutal caída del ingreso real se le pasó a la gente y por eso dejaron de saquear comercios.

Personalmente nunca le escuché a Alfonsín denunciar este curioso hecho que ocurrió el 20 de diciembre de 2001.

Si estas tres figuras de la Argentina son algunos de los referentes políticos más importantes del país y ocupan cargos públicos de relevancia, se explica perfectamente porqué estamos en el fondo de un pozo y la gente tiene tan pocas esperanzas sobre su futuro.

Claramente, con esta calidad de dirigentes políticos, es imposible construir un país en serio. © www.economiaparatodos.com.ar