No siempre resulta fácil dejar de lado —siquiera sea por un minuto— las declaraciones de la presidente o las resoluciones de su ministro de Economía o el último anuncio de Paul Singer, en beneficio de hechos que no parecen tan importantes pero que —bien mirados— merecen que les prestemos atención.

Están sucediendo cosas que pueden pasar desapercibidas o que, a primera vista, lucen descoloridas y hasta poco atrayentes. Sin embargo, no lo son. Es cierto que nadie podría obviar, en un análisis de coyuntura, el peso que arrastran la ley Antiterrorista con la cual el gobierno pretende disciplinar al frente empresario y la intención de reformar la ley de Abastecimiento que nos retrotrae a la Argentina de Jose Ber Gelbard. Son, de más esta decirlo, instrumentos que un kirchnerismo en retirada, pero todavía con muchas fuerza, intenta utilizar en su provecho de manera abusiva. También son ciertas —si bien no tienen la misma cobertura periodística ni generan las reflexiones que su trascendencia pide a gritos— las suspensiones de personal a lo largo y ancho del país.

Por mucho que la administración actual acaricie el propósito de poner en caja a los hombres de negocios y, con énfasis, Cristina Fernández agite el látigo discursivo en cada una de sus alocuciones, a esta altura del partido son pocos los que la toman en serio. Que Héctor Méndez se haya permitido la semana pasada cantarle las cuarenta al oficialismo es una demostración cabal que cualquiera se le anima. Mendez, Eurnekian, Mendiguren y tantos otros empresarios por el estilo —que durante años juntaron orines esperando ser recibidos por el santacruceño y que no estornudaban sin antes pedir permiso— hoy simulan ser valientes. Está claro, porque este país no se parece a Venezuela, que los pujos estatistas de la presidente y de Kicillof se hallan lejos de constituir un programa serio de socialización o estatización general de la economía. Si se los aplica, van a obrar un desastre pero nadie supone que, de resultas de ello, vaya a perder su empresa.

En cambio, si continuase creciendo, sin prisa y sin pausa, el nivel de suspensiones de personal empleado en distintas ramas de la economía y comenzase algo que —de seguir este camino el gobierno— parece inevitable —una ola de despidos—, la situación de la actual administración podría resultar en extremo complicada. A lo que apunta el comentario es a poner de relieve cuánto más importante resulta la cuestión social referida al aspecto antes señalado que otros tópicos cuyo tratamiento mediático es desmedido.

Hasta aquí, y a pesar del desbarajuste económico que ha generado el gobierno, el conflicto social llevado a la calle ha sido un ilustre desconocido en el decenio kirchnerista. Pero ahora, por primera vez, se recorta en el horizonte el espectro tan temido de un desborde que sea consecuencia directa de la política económica vigente.

Como todo parece indicar, más temprano que tarde en la Casa Rosada deberán enfrentar la misma disyuntiva de enero. Ante esa circunstancia, el final que tendrá el gobierno dependerá de las medidas que tomen la presidente y Kicillof. No es descabellado, ni mucho menos, barajar la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones o de un aterrizaje forzoso, no sin alguna instancia dramática previa. Lo dicho no supone deslizarnos, conciente o inconcientemente, al catastrofismo analítico. Es, sencillamente, describir escenarios que han dejado de ser posibles para transformarse en probables. Qué tanto es algo que nadie está en condiciones de contestar por la sencilla razón de que eventos tales como una solución —hoy lejana— al tema de los hold–outs, o un cambio de rumbo como el que timoneó Juan Carlos Fabregas hace siete meses, podrían darle una bocanada de aire extra a una administración que luce perdida.

No es nada del otro mundo lo que se plantea. Parece tremendista porque de ordinario se pasa como por sobre ascuas alrededor de la cuestión, nada más. El razonamiento es sencillo y se basa en estos argumentos: sin financiamiento del sector externo —que no lo habrá si no se llega a un acuerdo con los fondos buitres—; con una inflación anualizada que ya supera 40 %; una caída de la actividad que legitima, plenamente, utilizar la palabra recesión; un gasto publico que requiere, para solventarse, el trabajo a destajo de la máquina de hacer billetes; reservas en baja; desconfianza generalizada; una tendencia creciente de suspensiones de personal; y la seguridad de que el ciclo kirchnerista está terminado… ¿Qué impide que se produzca una crisis de proporciones antes de fin del año en curso o —mediando alguna mejora temporal— a principios del siguiente?

Claro que es imprevisible lo que pueda ocurrir de acá a las navidades, pero es justamente por eso que lo antes expresado no puede obviarse como si fuera la especulación de un tirabombas o un ejercicio teórico tan sólo. Ni lo uno ni lo otro. Así como a principios de año, en virtud básica aunque no exclusivamente de la pérdida de reservas que sufría el gobierno, todos nos preguntábamos qué sucedería en la medida en que no se tomase una decisión acertada a tiempo, hoy esa inquietud ha vuelto a escena. En enero la respuesta generalizada —por supuesto que expresada en petit comité, por temor a las represalias gubernamentales— era que si no atinaba el oficialismo a obrar un cambio racional —por llamarle de alguna manera— sus días estaban contados.

Pues bien, aun asumiendo que no hubiese fuga de reservas, la actual situación es peor que la de enero en varios aspectos, unido al hecho de que falta ver cuál será la reacción de los mercados al momento de dar por clausuradas las posibilidades de algún genero de entendimiento con Griesa y los hold–outs. Es evidente que todavía existen esperanzas en sectores importantes del establishment financiero y que sólo cuando exista la convicción de que no hay acuerdo se podrá apreciar, en toda su dimensión, lo que vaya a suceder con el dólar y los bonos argentinos.

Se abren, así, tres escenarios probables: 1) Que haya solución con los hold–outs, el país vuelva a los mercados internacionales de crédito y ello le permita al kirchnerismo llegar con lo justo a las elecciones de octubre de 2015. A esta altura, la condición necesaria para que ocurra es cerrar en tiempo y forma el tema de la deuda. 2) Que fracasen definitivamente las negociaciones extraoficiales todavía en curso, el gobierno incentive su sesgo antimercado y haya una corrida contra el peso. No seria de extrañar, en ese caso, que el adelantamiento de las elecciones fuese la única salida disponible para descomprimir la situación, unida a una serie de medidas de ajuste que deberían tomarse. 3) Que el gobierno se negase en redondo a tomar medidas “antipopulares” y a la vez intentase resistir cualquier presión de adelantamiento de los comicios con base en el argumento de no ceder a poderes destituyentes. Hasta la próxima semana.

Fuente: Massot / Monteverde & Asoc.