El debate planteado sobre la educación en la Argentina ha llevado a que muchos ciudadanos lean o relean la famosa Ley Federal de Educación. Para sorpresa de una buena cantidad de estos lectores que inician la tarea con un concepto negativo de esta ley, lo que encuentran en ese texto no les desagrada. En muchos debates, ya se ha escuchado la explicación de que la Ley Federal de Educación no era tan mala, sino que lo que falló fue la implementación, incluso importantes funcionarios actuales del Ministerio de Educación, que serán responsables de la implementación de lo que salga de este proceso, han dicho públicamente que la aplicación fracasó. Se siente en estos comentarios una autosuficiencia que parece expresar: “osotros vamos a implementar bien”

Muchos piensan que los errores de implementación fueron operativos: programas y planes de estudio que se definían tarde, llegaban más tarde a las aulas, sin material de apoyo o explicativo, e incluso con errores que una lectura a conciencia podría haber evitado. También se piensa en la falta de previsión al no capacitar a los docentes, que sumada a una falta de evaluación de los recursos humanos con que se contaba, ocasionó que profesores que toda la vida se habían preparado para enseñar la materia “A” terminasen dictando la materia “Z”. Otros piensan en los cursos y colegios creados desde despachos olvidándose de que no había ni edificios ni aulas para hacerlos realidad. Toda esta enumeración, que puede seguir por horas, puede reunirse bajo el título de errores que un buen gerente o administrador no cometería.

Sin embargo, por lo menos, en la provincia de Buenos Aires, no fueron estos los peores errores de implementación.

En el sistema de evaluación se adoptó un sistema mal llamado de “compensatorios” en lugar del tradicional sistema de promedios. Con este sistema, el alumno debía aprobar todos los temas importantes de cada materia. Si le había ido mal en un tema del primer trimestre, el docente debía darle oportunidades de rendirlo nuevamente (compensar) una y otra vez hasta que lo aprobase. Con esto se buscaba evitar esas lagunas que teóricamente le quedaban a los alumnos que nunca aprendían lo enseñado en el primer trimestre donde se habían sacado un uno aunque sabían perfectamente lo de los siguientes dos trimestres donde sacaban 10. ¡Como si un buen docente, responsable de su tarea, pudiese enseñar seis meses su materia sin nunca volver a citar lo del primer trimestre! El primer resultado: alumnos que no estudiaban, porque siempre iban a tener una oportunidad más, que no aprendieron el valor del esfuerzo permanente, de la responsabilidad, y docentes que dedicaron días enteros a reevaluar lo mismo, a corregir lo mismo, a dejar de avanzar.

También se derogaron los exámenes, experiencias traumáticas que marcan a los niños de por vida. Entonces, las instancias de aprobación se convirtieron en cursos semanales donde el docente debía evaluar y reevaluar (porque lo que no se sabe el lunes quizá se aprende para el viernes) y donde el alumno jamás aprende a juntar todas sus fuerzas para enfrentar un desafío. Esto queda para la universidad, o para la primera entrevista de trabajo, o para algún otro momento intrascendente.

El régimen disciplinario fue abolido. El llamado a la reflexión permanente, sin que nunca pase nada, se adoptó como sistema escolar de premios y castigos. Por favor a nadie se le ocurra expulsar a un chico de una escuela porque, pobre chico, se va a la calle. ¡Mejor traigamos la calle a la escuela! Combatamos el autoritarismo destruyendo la autoridad de manera que nadie pueda impulsar a los chicos a estudiar, a respetar.

Por último, se aplicó un sistema de asistencia (o de inasistencias) donde para quedarse libre hay que faltar toda la semana –incluyendo sábados y domingos– y donde las llegadas tardes no se cuentan –total la responsabilidad de cumplir con la tarea diaria se aprenderá el día que se consiga trabajo y la puntualidad debe ser uno de los pocos hábitos que es más fácil adquirir de adulto que de chico–.

Ésta es la manera en la que el gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó el derecho de los educandos a recibir una educación que posibilite el desarrollo de su responsabilidad (artículo 43, inciso 1 de la Ley Federal de Educación). Ésta es la experiencia que muchos revivimos cuando se habla de la implementación.

Después de varios años, de malos resultados y de un par de generaciones que fueron, salvo honrosas excepciones, mal educadas, primó el sentido común. Se volvió al promedio en Polimodal, se volvió a un sistema de inasistencias todavía generoso pero lógico, se volvió a las mesas de exámenes, se volvió a incorporar a los chicos de 13 a 15 años al secundario y muchos colegios –a través de acuerdos de convivencia coherentes– están reconstruyendo la autoridad y el ambiente de estudio en nuestras aulas. Todo, es verdad, con errores de implementación del tipo de los que mencionábamos al principio, de los que no cometen los buenos administradores.

Hoy se propone una nueva estructura escolar, fundada en una nueva ley. Esta estructura necesitará nuevos reglamentos de evaluación, disciplina y asistencia. ¿Quién los va a redactar? ¿Qué criterios van a usar? ¿Serán los mismos pedagogos que con tantas ínfulas opinan sobre la educación y que tanta participación tuvieron en la primera implementación de la Ley Federal de Educación? ¿Volveremos a tropezar? © www.economiaparatodos.com.ar



Jorge Ludovico Grillo es abogado, docente y director de un instituto polimodal en la provincia de Buenos Aires.