Ya lo decía Juan Bautista Alberdi: la Constitución Nacional era una gran ley derogatoria de la legislación española

Desde mi punto de vista, el Congreso de la Nación ha dejado de lado su función básica para transformarse en uno de los tantos negocios en que hoy se ha transformado la política.

Por empezar, podemos hacer la siguiente comparación: en EE.UU. Unidos la Cámara Baja tiene 435 representantes con una población de 323 millones, lo cual da una relación de un representante por cada 743.000 habitantes.

En Argentina tenemos 257 diputados con una población de 44 millones de habitantes, por lo tanto tenemos un diputado por cada 171.000 habitantes.

Normalmente, cuando un legislador quiere mostrar que no es un vago y trabajó, dice la cantidad de proyectos de ley que presentó. Es más, muchas veces los medios utilizan este parámetro para determinar si el legislador trabajó o simplemente se dedicó a cobrar su dieta. En rigor, ese es un pésimo indicador porque cuántas más leyes hay en un país, menos libertad tienen sus habitantes. Cuando un país tiene inflación legislativa, es porque está regulando y coartando la libertad de las personas. Ya lo decía Juan Bautista Alberdi: la Constitución Nacional era una gran ley derogatoria de la legislación española. La Constitución Nacional tuvo como objetivo establecer un marco de libertad derogando la legislación colonial que ahogaba la capacidad de innovación de los habitantes.

Aunque parezca exagerado, la realidad es que cuánto menos trabajen los diputados y senadores, más libertad va a tener la gente. Lo que se necesita es una ley que derogue leyes que impiden que la gente desarrolle su capacidad de innovación. No más leyes que inhiban la capacidad de innovación.

Si vamos en serio a una sociedad libre, el Congreso debería reunirse una vez por año para aprobar el presupuesto y, tal vez, algunas veces más por temas muy específicos. Pero, insisto, no es propio de una sociedad libre que el Congreso este “trabajando” todo el tiempo.

Si bien el Congreso tiene asignado un presupuesto de $ 14.484 millones para este año, una parte va a la biblioteca, otra a la imprenta, otra al Consejo de la Magistratura y otras reparticiones. En concreto, los fondos destinados específicamente para legislar son los siguientes. La Cámara de Senadores tiene un presupuesto para el año en curso de $ 5.297 millones, dinero destinado a pagar sueldos de los legisladores, de los empleados del Senado, la compra de bienes y servicios, etc. Por su parte, la Cámara de Diputados tiene asignado un presupuesto para 2017 de $ 5.550 millones, también para los mismos conceptos.

De los números anteriores se desprende que para poder legislar, un senador tiene un costo para el contribuyente, entre su sueldo, el sueldo de la secretaria, sus asesores, encargados de prensa, etc. de $ 74 millones anuales, es decir, en promedio tiene un costo de $ 6,2 millones mensuales. Luce un tanto disparatado, ¿no?

Los diputados nos salen más económicos. Siendo 257 diputados y con un presupuesto de $ 5.550 millones, cada diputado tiene un costo para el contribuyente de $ 22 millones anuales, $ 1,8 mensuales.

De acuerdo a la información que proporciona la página web del Senado de la Nación, dicho cuerpo tiene asignados 3.192 empleados de planta permanente y 1.862 de planta transitoria. Un total de 5.054 empleados solo para el Senado. Aquí no se tiene en cuenta ni la biblioteca, la imprenta o la obra social. Si uno divide los 5.054 empleados por los 72 senadores, tenemos que en promedio cada senador necesita 70 empleados para trabajar. ¡Cada senador es una PYME!

No puedo dar los datos para el caso de diputados porque, lamentablemente, esa información, que aparecía todos los años en el presupuesto, dejó de publicarse en el de 2017 (o yo no la encontré) y hay que buscarla por otro lado. De todas maneras, si tomamos el presupuesto 2016 había 5.625 empleados, suponiendo que se redujo la planta a 4.600 estamos teniendo una relación de casi 18 empleados por cada diputado. Los diputados son otra PYME.

En todos estos empleados no están los 1.600 que hay en la biblioteca del Congreso, los 575 que están en la imprenta en la era de internet o los 100 que están en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (no tengo idea cuál es su función).

Lo que estoy tratando de transmitir con todos estos datos es que la política se ha transformado en un negocio. Un negocio muy rentable para los que acceden a ella y por eso vemos legiones de legisladores que solo se limitan a levantar la mano cuando hay que votar de acuerdo a lo que le ordena el jefe de bancada. Hay demasiada plata en juego como para sacar los pies del plato. Además, como todavía existen las listas sábana y las mismas se arman a dedo, en vez de haber elecciones por circunscripción uninominal, ser bendecido por el dedo del jefe y tener un puesto en la lista con expectativas de salir no es nada despreciable.

Esto ha llevado a una brutal caída en la calidad de los legisladores. Solo comparando los discursos actuales con los que uno puede leer en los debates de principios del siglo XX, donde incluso los socialistas daban discursos que eran cátedras como Palacios o Repetto por citar a alguno de ellos. La superficialidad producto de una escasa formación intelectual ha hecho del parlamento un lugar de acuerdos políticos, pero escaso debate de ideas.

Sumemos a esto el discriminatorio cupo femenino en las listas de candidatos que discrimina a las mujeres al revés. Es decir, no las ponen por su capacidad sino que las ponen en la lista porque lo manda la ley, y el combo de medidas no puede dar otra cosa que un parlamento intelectualmente decadente.

Esa falta de formación se transforma en leyes, esas mismas leyes que luego regulan la vida de los argentinos y nos sumergen en la pobreza y la falta de entusiasmo hacia el futuro.

No estoy diciendo con todo lo anterior que haya que cerrar el Congreso ni mucho menos. Solo marco que la corporación política no quiere competencia porque la política hoy es un negocio. Basta ver diferentes políticos saltando de partido en partido buscando un cargo público o un puesto en la lista de legisladores para advertir que viven de eso.

Uno ve como alambraron con regulaciones el ingreso de nuevos partidos políticos al mercado electoral (hoy formar un partido político es muy complicado), los presupuestos y el personal que manejan y se advierte que mucha gente vive de la política.

En definitiva, no debe sorprender lo que ocurrió con la votación de De Vido. Además de haber “favores” políticos que se debían, la política se desprestigia por el negocio de intercambio de favores en que se ha convertido.

Así como sostenemos que hay que abrir la economía para que haya competencia empresarial y terminar con el poder de las mafias sindicales, también habría que introducir competencia en serio en el sistema electoral e ir a las elecciones por circunscripción uninominal, donde cada candidato ya no va escondido en la lista sábana, sino que tiene que ser reconocido y apreciado por los votantes de su circunscripción.

Todo un desafío para lograr que los que tienen el poder de cambiar las reglas las cambien en su perjuicio.