Uno de los principales conflictos que se repite a lo largo de nuestra historia es la relación institucional de las provincias con la Nación. Desde la Revolución de Mayo en adelante, con sangre o sin ella, si corremos el velo de los hechos veremos aparecer esta puja. Y esta puja no es más que, sencillamente, la manera en que se deben recaudar y gastar los impuestos. Cada tanto el tema toma nuevo impulso y genera acaloradas discusiones. En particular, en los últimos años, y como consecuencia de la reforma constitucional del ’94, la necesidad de rever la coparticipación impositiva regresa como un mandato sin que, hasta la fecha, a diez años de la sanción de la nueva Constitución, se esté siquiera cerca de una solución.

El sistema que rige en la actualidad nació básicamente en la década del ’30 cuando se implantó el Impuesto a los Réditos (hoy Impuesto a las Ganancias) y se creó la Dirección General de Impuesto a los Réditos (hoy AFIP). Fue sancionado como “emergencia” y surgió como coletazo de la Depresión del ‘29, enmarcado en las políticas intervencionistas de la época, que justamente generaron necesidades fiscales adicionales, no bastando las rentas del comercio exterior que eran, hasta entonces, la principal fuente de financiamiento del gobierno nacional.

En su esencia, ese sistema es el que subsiste —extremadamente más complicado y gravoso— en la actualidad. Consiste en que el grueso de los impuestos es legislado, recaudado y controlado por la Nación, y su recaudación se reparte básicamente en dos partes: una para la Nación y otra para el conjunto de los estados provinciales (coparticipación primaria). A su vez, esta segunda fracción se distribuye en diferentes porcentajes para cada una de las provincias (coparticipación secundaria).

Existen argumentaciones de todo tipo por las que prácticamente todas las provincias —y la Nación— pretenden reclamar un pedazo más de torta. Llógico: ¿quién va a resignar un percentil? Así, apelan a argumentos como el número de habitantes, generación de riqueza, nivel de necesidades insatisfechas, entre otros. Una discusión sin solución. Un diálogo entre sordos.

El sistema vigente es antinatural y antifederal. Y digo que es antinatural porque al alejar al ciudadano “pagador” del gobernante “gastador”, estimula la más absoluta irresponsabilidad fiscal. Y antifederal porque hace que los gobernadores e intendentes deban asumir una relación de dependencia del ejecutivo nacional o provincial. Verlos viajando a Buenos Aires o a sus capitales de provincia a pedir unos pesitos más para sus territorios es indignante. Y se presta a todo tipo de chantajes, favoritismos y manipulaciones. Por su lado, el gobierno nacional opina que las provincias reciben sumas suficientemente abultadas y que en el fondo son malas administradoras.

Quiero para mi país una coparticipación al revés. Que se quede la Nación con los impuestos de la Aduana, que es lo que le corresponde por mandato constitucional, y que deje en manos de gobernadores e intendentes todo el resto de los aspectos tributarios, imponiendo un estricto y verdadero federalismo.

Debe primar el principio de la máxima cercanía posible entre contribuyente y gobernante. Cuanto más cerca esté el pagador del gastador, se ingresará en un círculo virtuoso donde se podrá ver a diario el fruto de los impuestos; se esforzarán los servidores públicos por demostrar eficiencia y transparencia; los administradores prolijos y eficientes podrán bajar impuestos; esto atraerá agricultores, industriales, comerciantes, en suma, inversores, que querrán gozar de pueblos bien administrados, seguros, limpios, con buenos servicios, y mejorar sus costos de producción y su calidad de vida; veremos a los intendentes competir entre sí para atraerlos; veremos que buscarán alentar las migraciones internas de gente capaz y emprendedora para que resida en sus pueblos y ciudades; veremos cómo poco a poco se desinflan las megaciudades y se fortalecen los pueblos y ciudades del interior del país; veremos cómo los ciudadanos con vocación de servicio querrán entonces participar en la gestión de la cosa pública; veremos así, finalmente, cómo los acomodados y enquistados en el poder serán barridos por una clase dirigente nueva y sana, sin necesidad de establecer absurdos cupos de edad u otros mecanismos reñidos con el sentido común y nuestras leyes fundadoras.

No es el objeto de estas líneas hacer un análisis impuesto por impuesto. La intención es señalar la necesidad de marcar un quiebre mental profundo y afirmar que esta propuesta es perfectamente factible. Con este esquema se termina la discusión de lo que le corresponde a cada jurisdicción. Así como se transfirieron las escuelas, hospitales y todo tipo de servicios a las provincias en la década del ’90, es imperativo que lo antes posible se transfiera la responsabilidad total en materia fiscal y establecer un régimen tributario de profunda concepción federal, invirtiendo la pirámide, y coparticipando lo que sea rigurosamente necesario, de abajo hacia arriba.

Y si a esta decisión se le agrega, en los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios): 1) la prohibición de generar déficit, o sea de gastar más de lo que se recauda; y 2) la prohibición de endeudarse; veremos con qué fascinante rapidez nuestro país sale del pantano en que está. © www.economiaparatodos.com.ar