El eterno drama de los intentos de Argentina por evadir a sus acreedores ha dado un sorprendente giro. El miércoles, se informó en varios medios que el Fondo Monetario Internacional podría abrir un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos respaldando al país en su disputa con los acreedores.

El eterno drama de los intentos de Argentina por evadir a sus acreedores ha dado un sorprendente giro. El miércoles, se informó en varios medios que el Fondo Monetario Internacional podría abrir un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos respaldando al país en su disputa con los acreedores.

Este es el mismo FMI que, después de años de advertencias, emitió una «declaración de censura» contra Argentina el pasado mes de febrero por reportar cifras económicas falsas, tales como una tasa de inflación 15 puntos porcentuales por debajo de la real. A menos que rectifique sus estadísticas, Argentina se arriesga a convertirse en el único país desde 1954 en ser expulsado de la organización.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, no ha explicado por qué el fondo podría intervenir a favor de Argentina. Pero hace varios meses, un informe del FMI indicó que si se obliga a Argentina a pagar, los acreedores minoritarios tendrían demasiado poder en el futuro para determinar cómo se reestructuran las deudas soberanas tras una cesación de pagos.

Sin embargo, la cesación de pagos de US$100.000 millones de Argentina es completamente atípica. Por una parte, el país tiene el dinero para pagar. Por otra, cuando tomó el dinero prestado en la década de los 90, Argentina otorgó protecciones especiales a los prestamistas que otras naciones en deuda usualmente no extienden.

El principio realmente importante que debe ser defendido en el caso argentino no tiene que ver con los acreedores minoritarios y un gobierno holgazán. En juego se encuentra el estatus de Nueva York como el principal destino de los países para emitir bonos.

Cerca de US$420.000 millones en deuda soberana, amparada bajo las leyes de Nueva York, se encuentran en circulación y este mercado no puede operar tranquilamente a menos que los acreedores puedan hacer cumplir los contratos. Si Argentina se sale con la suya y no paga a los acreedores, una consecuencia será que los prestamistas en el futuro exigirán tasas más altas debido a que están asumiendo más riesgos; otra podría ser que se abstendrán de conceder préstamos.

Esta sórdida historia comenzó en 2001 con el incumplimiento de pagos más grande de la historia. Desde entonces, muchos acreedores exasperados han llegado a acuerdos, pero otros, incluyendo países como Alemania y prestamistas privados que van desde jubilados italianos a fondos de cobertura estadounidenses, se han rehusado, exigiendo que el país cumpla con sus promesas. Sin embargo, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha ignorado más de 100 órdenes judiciales de pagar y plantó al panel de arbitraje del Banco Mundial. Argentina, otrora el décimo país más rico del mundo per cápita, se ha vuelto un renegado, pasando por alto la tradición y el derecho internacional.

Recientemente, la cuerda judicial comenzó a apretarse alrededor de su cuello. El año pasado, una corte federal de distrito de Nueva York falló a favor de los acreedores, ordenando a Argentina que llegara a un acuerdo con todas las partes, no sólo algunas. Argentina apeló, indicando a los jueces que no cumpliría con una decisión que no le gustase. Después de que una corte de apelaciones mantuviera el fallo del tribunal de distrito, Argentina le pidió a la Corte Suprema de EE.UU. que estudiara el caso, asegurando que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976 (FSIA, por sus siglas en inglés) prohíbe que EE.UU. ordene una transferencia de propiedad argentina.

Este es el acusado que el FMI, que tiene el mandato de mantener la estabilidad del sistema monetario, comercial y crediticio de todo el mundo, podría respaldar. El gobierno estadounidense ha decidido lo contrario. Después de una reunión el 12 de julio con abogados de ambas partes, el Departamento de Justicia indicó a los involucrados que no presentaría un documento de amicus curiae (una opinión voluntaria no solicitada de un tercero que no se juega nada en el caso) para respaldar la nueva apelación de Argentina.

EE.UU. ha enviado señales confusas en el pasado. En 2011, el Departamento del Tesoro anunció que debido a que Argentina ignoró las sentencias que la obligaban a pagar a los acreedores, EE.UU. dejaría de votar en las organizaciones internacionales a favor de nuevos préstamos para el país. (El Reino Unido hizo lo mismo a principios de este año). No obstante, el Departamento de Justicia presentó un amicus curiae ante la corte federal de apelaciones respaldando a Argentina en la batalla legal más reciente. Una de las preocupaciones de EE.UU. es que al refrendar la decisión de la corte de distrito, el tribunal de apelaciones podría «minar los sostenidos esfuerzos de EE.UU. para promover resoluciones ordenadas a las crisis de deuda soberana». Otro problema es que una decisión a favor de los acreedores podría contradecir la FSIA.

Sin embargo, al insistir que Argentina cumpla la ley, EE.UU. alentará la resolución de crisis de deuda dejándoles claro a los deudores que no pueden actuar con impunidad. La FSIA es irrelevante en este caso.

Con su larga historia de cesaciones de pagos, Argentina tuvo que dar a los prestamistas incentivos importantes para poner en riesgo su dinero. Entre estos se destacan una exención de inmunidad soberana, un acuerdo para que las disputas se dirimieran en las cortes de Nueva York y una cláusula conocida como pari passu que exige que todos los acreedores sean tratados de la misma manera.

Mientras tanto, el FMI merece un Oscar de la Academia por su cinismo. Después del incumplimiento de pagos de 2001, el fondo presionó a Argentina para que resolviera sus deudas, incluyendo los miles de millones que le debe al propio FMI. Su presión se alivió de repente a finales de 2005, cuando Argentina le pagó su deuda hasta el último centavo.

Si la junta directiva del FMI se une a Argentina ante la Corte Suprema, ignorando su tradicional política de neutralidad en las disputas de deuda, enviará el mensaje equivocado a otros países que podrían sentirse tentados a evitar pagar sus obligaciones.

—Glassman fue subsecretario de Estado para la democracia pública y asuntos públicos de EE.UU. entre 2008 y 2009.

Fuente: online.wsj.com