La protección de Oyarbide resulta como diría uno de los Corleone, un insulto a la evidencia

El senador Mario Cimadevilla dijo que «existe y ha existido un pacto político-judicial en la Argentina desde hace muchísimos años, que ha llevado a que la Justicia tenga el descrédito que hoy tiene» y, en ese supuesto acuerdo, enmarcó la actitud del Kirchnerismo en beneficio de Oyarbide.

Esa declaración resulta inseparable de una afirmación hecha por Carlos Pagni el pasado día 20 en “LA NACION”  que  comenzaba su nota titulada “Las «cuevas», gran caja del poder en el país” así: “Al confesar que suspendió un allanamiento a pedido de Carlos Liuzzi, álter ego de Carlos Zannini , el juez Norberto Oyarbide provocó otro escándalo alrededor de una financiera sospechosa. Los pormenores del affaire Propyme son tan escabrosos que ayudan a olvidar el cuadro general en el que se inscriben: una amplia red de prestaciones cruzadas entre la clase política y el submundo del dinero que sirve de soporte a otros negocios irregulares. Entre ellos, el narcotráfico”

Luego Pagni describe con precisión una serie de hechos vinculados no solo con la corrupción del gobierno sino de la política en general y que se traducen en la lentitud exasperante de varias investigaciones en marcha que afectan desde el Vice Presidente de la República hasta funcionarios, algunos individualizados en la nota de Pagni y otros cuyos nombre están en boca de todos.

Como  decía Tomas Abraham, corrupción habrá siempre, la cuestión es la “impunidad” y precisamente  este pacto “político-judicial” o “K-judicial” tiene la intención de blindar a la clase política, de cualquier sello, para garantizar las rentas de la corrupción.

Carlos Pagni también decía: “En la protohistoria del kirchnerismo, cuando se ventilaron los sobreprecios en la construcción de gasoductos -el «caso Skanska»- aparecieron fábricas de facturas apócrifas para enmascarar el pago de comisiones. Estas sociedades forman parte de un inframundo por el que circula la plata negra de la corrupción pública y a través del cual se comprende, de manera cada vez más clara, el funcionamiento del país. Las «cuevas» ofrecen sus servicios a los funcionarios que quieren percibir los sobornos que han pactado. Es muy habitual que los contratistas del Estado, sobre todo los de obra pública, sufran demoras exasperantes para cobrar sus certificados. Cuando lo logran, reciben cheques posdatados con la indicación de la financiera donde pueden cambiarlos por efectivo, con una tasa de descuento. Esa tasa no corresponde al riesgo de incobrabilidad del cheque. El «cuevero» sabe que se lo van a pagar. Lo que cobra con la tasa es la coima del funcionario que le envió el cliente”

De algún modo esto es sabido, es sabido que existe un “mercado de la facturación apócrifa”, en el que paradójicamente se respetan las reglas de la libre competencia, como se llama técnicamente  a lo que Pagni denomina “fábrica de facturas apócrifas” y así la prensa nos pone a la vista seres opulentos que como dirían nuestras abuelas “impositivamente no tienen donde caerse muertos”

El funcionamiento de ese pacto de impunidad puesto de manifiesto, en el caso Campagnoli, es el que está en la superficie y de algún modo ya su trascendencia parecería que se va diluyendo, su equipo habría sido desmantelado mientras que sus “investigados” lo que no quiere decir que sean culpables, probablemente celebren su desplazamiento en amables tertulias en las que se habla de cinéfilos, cineastas y obras públicas, en alguna cava de algún bucólico palacio sureño que alguna vez guardó otros “secretos” que aguardaban ser blanqueados o quizás su goce se limitaba a la contemplación como los clientes de la pornografía que se contentan con su masturbación.

La protección de Oyarbide resulta como diría uno de los Corleone, un insulto a la evidencia, juez que luego de su confesión sobre la suspensión de un procedimiento a pedido del poder político, puso al descubierto una trama siniestra que aun la política que se dice opositora no le ha dado su real envergadura.

No recuerdo una confesión de ese tipo, que debió haber sacudido los cimientos del Poder Judicial y de eso que hipócritamente se denomina “justicia legítima” que uno de los reos de mi barrio la llama “justicia que  legitima…. la corrupción…y los abusos del poder…” Luis es una cuestión de acentos…”, me decía con su sana picardía.

Por ahora recordemos que la denuncia del pacto “militar sindical” hecha por Raul Alfonsín durante la campaña electoral de 1983 le aportó la marea de votos que lo convirtió en un inesperado ganador de las elecciones de ese año, este pacto “político judicial” denunciado por el senador Cimadevilla, por ahora parece más un pacto “Kirchnerismo-judicial”  con al finalidad  de mantener en servicio a los jueces del poder, congelar o atemorizar mediante las señales “Oyarbide” a los jueces independientes, que son la mayoría, y designar como ya ocurrió en algunos casos a nuevos jueces que como mínimo se conviertan en “tortugas” para que la prescripción haga su trabajo.

Hasta ahora la dirigencia política opositora  se comporta como si ese pacto “K” debiera ser extendido a toda la clase política, porque en definitiva y volviendo a Abraham la impunidad es una “garantía, para todas y todos”.

Quienes habrían celebrado el pacto sindical militar perdieron  y quienes los pretenden reeditar pero con “justicia que legitima”, saben que ya están perdidos aunque los Randazo, los Domínguez….los Uribarri o el mismo Scioli (¿tendría algo que ver con la nota de Pagni?), creen que por un pasaporte, por gastar en trenes que no tienen por donde circular, por GALLUCCIO, “el mago” o Scioli, “aire y sol en la gestión” (parafraseando a Jorge Asís), crean que la “década ganada por la corrupción” genera votos…lo que no que no quiere decir que en 2015 las cosas cambien demasiado…por lo menos por las ofertas que tenemos hasta hoy…