Mientras las “ocupaciones” de empresas y fábricas se multiplican en Uruguay, el Ministerio de Trabajo del gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez impulsa un peligroso proyecto de ley que puede afectar adversamente a todas las empresas uruguayas, especialmente a las pequeñas y medianas, que son las más expuestas al riesgo de “ocupación” por presuntas razones laborales. Esto porque las empresas grandes, de mayores recursos y respaldo, llegan muy pocas veces a situaciones realmente extremas que, en cambio, suelen ser más habituales en las PyMEs. El proyecto puede hasta servir de vehículo o excusa para -eventualmente- alterar la paz social.

Éste es hoy el caso de por lo menos tres empresas orientales que están en conflicto “ocupadas” por sus trabajadores: la curtiembre Becam, la textil Dancotex y la impresora Vanni, que está hoy protagonizando el caso más sonado de todos, desde que es motivo de varios notorios procesos judiciales. Todas están, como hemos dicho, “ocupadas” por su personal, pero alguna está, además, siendo “explotada” comercialmente por su personal, a los ponchazos, para beneficio de algunos.

Un proyecto bastante descabellado

Mientras todo esto sucede en el plano de la realidad, el gobierno oriental, fiel a su filosofía progresista, trata -en cambio- de encarrilar normativamente este tipo de conflictos. Con riesgo cierto de conferirles “carta de ciudadanía” y transformar la modalidad de la “ocupación” en una herramienta de uso tan frecuente como permanente.

En efecto, mediante un proyecto de ley que ha puesto al empresariado uruguayo en preocupada alerta, pretende prevenir los conflictos y reglamentar las “ocupaciones” lo que, en rigor, puede afectar -adversa y gravemente- el mismo derecho al trabajo y, además, por cierto, el derecho de propiedad.

Según el Ministerio de Trabajo, las “ocupaciones” serían -insólitamente- una “extensión del derecho de huelga”, razón por la cual el borrador de la norma que se está elaborando propone que así se considere a las “ocupaciones” de lugares públicos y privados. Además, dispondría que los empresarios, en el futuro, deberán informar a los trabajadores de toda reestructuración de la empresa que quieran llevar adelante por motivos tecnológicos, estructurales u otros. Si las negociaciones consiguientes fracasan, los trabajadores podrían “ocupar” la empresa, lo que les conferiría una suerte de derecho de “veto”. Esto es, un arma legal formidable, con capacidad abiertamente extorsiva.

Las organizaciones sindicales serían, según el primer texto del proyecto que ya ha trascendido, las responsables (lo que parece una cargada) de los daños que la ocupación pudiera generar en los activos o insumos de la empresa ocupada. Ellas deberían (sin tener la capacidad para hacerlo) asegurar también el mantenimiento de los mismos. No se sabe bien cómo.

Todo un sueño bastante irresponsable. Pero el proyecto continúa disponiendo que el incumplimiento de estas obligaciones habilitaría la acción de amparo a favor de los empresarios. Tardíamente, cuando el daño pudiera estar definitivamente consumado.

La norma proyectada aclara que, en ningún caso, los trabajadores podrían sustituir el “rol de organización” que cabe al empresario (los autores olvidan el “riesgo”, aunque lo aumentan) por lo que la empresa ocupada no podría -teóricamente- continuar su giro sin el consentimiento expreso del empleador, salvo el caso en que éste hubiera abandonado la explotación, o no tuviera representantes en el país.

La situación de la imprenta Vanni

Como desgraciadamente ha empezado ya a ser relativamente frecuente en ambas orillas del Río de la Plata, los trabajadores de una empresa “ocupada”, en este caso la imprenta Vanni, aprovechando su total control de hecho de la fábrica y de sus instalaciones, organizaron desaprensivamente una cooperativa y, como si nada hubiera pasado y todo les perteneciera, continuaron la explotación comercial de la misma.

Para financiarla obtuvieron adelantos de algunos de los compradores que integraban la cartera de clientes de la empresa por ellos “ocupada”.

Sin embargo, acaban, para su sorpresa, de ser procesados por el delito de “apropiación indebida”, por haberse “apropiado de la maquinaria y vehículos de la empresa, convirtiéndolos en su provecho”. Los que tenían antecedentes penales deberán enfrentar ahora el procesamiento tras las rejas, en prisión.

Además, el juez actuante ordenó la devolución de los bienes ilegalmente “apropiados” (no “usurpados”, porque no hubo violencia, aparentemente) a la empresa. Los trabajadores contestaron que “no hicieron otra cosa que producir”, olvidando que para ello utilizaron concientemente bienes que, desde luego, no les pertenecían.

Previo a la devolución, el juez actuante ordenó a un alguacil hacer un inventario para determinar el estado real de los bienes y pertenencias de la empresa. Algunos de los directivos de la cooperativa paradójicamente no eran, ni habían jamás sido, empleados de la empresa ocupada. Estaban simplemente usufructuando la situación y la apropiación de sus bienes.

El propietario de la empresa, ante la decisión judicial, se animó a dar un paso más, el de despedir a todos los ocupantes por “notoria mala conducta”, lo que supondría que nos les asistiría el derecho a una indemnización.

Pero el conflicto es para largo y la lucha judicial recién empieza. El gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, parece atizar el fuego con un proyecto que, lejos de ayudar, complica las cosas en grado sumo.

Para seguir de cerca, porque los problemas y aventuras descriptos están ocurriendo en ambas márgenes del hoy conflictuado Río de la Plata. En Uruguay, el buen ministro de Economía, el Dr. Astori, es -de alguna manera- una garantía. Y sabe “plantarse” cuando es necesario. Aquí tendrá otra oportunidad. © www.economiaparatodos.com.ar