Dice Fernando Savater que en cierto sentido, como nostalgia o aspiración, una ley guarda siempre algo de la prestigiosa majestad de la justicia a partir de su necesidad, que sigue y seguirá siendo infinita e incuestionable en un Estado democrático.

Desafortunadamente, añade, “la práctica cotidiana compromete sin cesar esa altivez, con todos los pactos, las trampas, las insuficiencias y las hipocresías del juego de intereses y pasiones”.

Algo de eso está ocurriendo después del triunfo de Cambiemos y la variopinta constitución de distintos bloques opositores al gobierno en el Congreso de la Nación.

Leonardo Sciacia, el prestigioso escritor italiano (que no puede ser considerado conservador desde ningún punto de vista), exploró siempre en su obra las diversas implicancias distorsionadoras que la ambigüedad de algunas leyes ejercen muchas veces –en su redacción y contenido-, para lograr el buen funcionamiento que sirve de cimiento a la sociedad, convirtiéndose en un producto de maquinaciones al servicio de unos pocos y en perjuicio real para muchos otros.

La actual situación económica, que está obligando al gobierno a corregir casi diariamente el marasmo con que se encontró en la administración pública, le impide manejarse con soluciones adecuadas que satisfagan a todos por igual al mismo tiempo, provocando reacciones opositoras que intentan sacar partido de la coyuntura “entrándole” al Presidente por su lado más vulnerable: la gobernabilidad.

La velocidad con que se está tratando la ley de suspensión de despidos por 180 días –sostenida por discursos que atrasan años conceptualmente-, aparece a simple vista como una medida a contrapelo del esfuerzo que el gobierno hace para tentar a nuevos inversores (que nos siguen mirando con desconfianza gracias al kirchnerismo), quienes seguramente recularán al comprender que, de alguna manera, se les está imponiendo un cepo por adelantado a la seguridad jurídica del futuro.

En efecto, ¿quién puede asegurar que el populismo peronista no presione para votar luego de esa “transición” una nueva prórroga, habida cuenta de su historia demagógica? ¿Alguien puede creer que en 180 días la inflación habrá bajado a niveles del primer mundo permitiendo que la gente consuma como en los tiempos que el kirchnerismo subsidiaba hasta el arroz con leche?

Afortunadamente, algunas señales inorgánicas indican que las primeras reacciones de “divismo” de Sergio Massa -quien apoyó la ley sin cortapisas en un primer momento, acompañado por la combativa Gabriela Camaño-, parecen estar cediendo.

Quizá por haber comprobado que la gente no quiere que aumenten los precios, pero tampoco desea volver al “presidio” al que nos llevaron disposiciones kirchneristas abstrusas que no contribuyeron más que a cerrar la economía, con las consecuencias desastrosas que esto terminó generando. Por otra parte, la sociedad intuye que el problema no está allí, sino en la sempiterna pasión por confrontar que caracteriza a los políticos en general.

Creemos que para aquél que desee llegar a una justa conclusión en torno a una teoría, en lugar de detenerse en la enumeración de las supuestas conveniencias transitorias que por ventura puede traer consigo una ley que la confirme, debe considerar todo el conjunto de los efectos que puede engendrar la misma con el tiempo al exacerbar la desconfianza de la ciudadanía acerca de una seguridad jurídica ambivalente.

Dice el jurista español Arturo Cádiz en relación con estos asuntos: “quien en las relaciones del derecho público desea el verdadero desarrollo de un poderoso sentimiento jurídico, debe conceder a este sentimiento campo y comodidad para desenvolverse también EN LAS RELACIONES DE LA VIDA PRIVADA, porque las dos cosas están íntimamente ligadas entre sí”.

La propuesta del kirchnerismo y otros partidos opositores votada en el Senado, no hace más que estimular el espíritu litigioso tan caro a nuestra sociedad, porque la amputación de un derecho natural que restrinja la libertad, cuando no existieren causas “fenomenales” incontrolables (que nadie logra cuantificar adecuadamente), no lleva razón suficiente para negarle valor a dicha libertad, sin dejar en claro, con precisión absoluta, la validez de dicha causa.

En efecto, la ley y el derecho constituyen un trabajo jamás interrumpido y no uno que interese al poder del Estado o de cierta parte del pueblo, sino a la comunidad toda, que involucra también a quienes quedan perjudicados por la sanción de una ley restrictiva que, en este caso, no ha sido analizada en profundidad y se votó casi a “libro cerrado” antes de ser girada a Diputados.

Cuando la balanza de una ley se inclina con presión y violencia hacia un solo lado, pierde su condición esencial de integrar intereses generales que se completan a sí mismos recíprocamente y evitan el uso de dicha fuerza, alejándose de un equilibrio que favorezca a todos.

Nuestra opinión personal al respecto es que en toda lucha de intereses personales en donde se juega el futuro de una sociedad, no debe decidir el peso de ciertas parcialidades eventualmente inamistosas, SINO EL PODER RELATIVO DE DOS FUERZAS CONTRARIAS. Una de ellas está representada, claramente, por quienes verán esta ley como una puerta que bloqueará sus esfuerzos para contribuir al

desarrollo de inversiones que necesitamos como el pan de cada día, a fin de sacarnos del visible estancamiento en el que nos hallamos, restableciendo cuanto antes un escenario de pleno empleo.

Finalmente, casi todas las organizaciones internacionales que representan a los trabajadores, entre ellas la poderosa OIT, se han manifestado tradicionalmente en contra de leyes que limiten las contrataciones en las empresas.

Esperemos que prive finalmente la cordura y logremos evitar un nuevo “volantazo” que nos retorne al populismo del cual estamos saliendo con enorme esfuerzo.

carlosberro24@gmail.com