¿Qué hace una oposición que tiene representación parlamentaria ante la desnaturalización definitiva del espacio democrático por excelencia, es decir, el Parlamento? Lo único que puede hacer es aceptar la invitación del gobierno a sustituir ese espacio por otro: el de la calle. De allí que Henrique Capriles, a quien muy probablemente le robaron la victoria en las elecciones presidenciales en las urnas hace unos meses, haya convocado por este fin de semana manifestaciones contra el gobierno en toda la república. El líder de la resistencia democrática, muy criticado por otros opositores al régimen por haber abandonado la calle como escenario de acción política, ha acabado por aceptar que no hay más remedio que trasladar los esfuerzos allí. Con todos los riesgos consabidos, empezando por actos de provocación del gobierno que acaben en hechos de violencia de los que inevitablemente será culpada la oposición.

La lectura que ha hecho Capriles probablemente sea la correcta: van cerrándose del todo los espacios democráticos y al mismo tiempo va aumentando el descontento popular frente al gobierno. Ambas cosas apuntan a que la protesta civil vuelva a ser el elemento central del esfuerzo de la Mesa de la Unidad Democrática por devolver la democracia a Venezuela.

La forma en que fue aprobada la Ley Habilitante da una idea de la mentalidad de huida hacia adelante en que está el gobierno. Necesitaban tres quintas partes de los votos: como no pudieron comprar ningún voto opositor, desaforaron a la diputada María Aranguren, una disidente del chavismo, con acusaciones fabricadas a la medida de la situación, lo que automáticamente abrió las puertas del suplente, Carlos Flores, al que el gobierno ya tenía cooptado. Este suplente es quien dio la mayoría necesaria al oficialismo para entregarle a Maduro el poder de gobernar por medio de ucases durante los próximos 12 meses, prescindiendo de la asamblea, que pasa a ser un órgano decorativo del Estado.

Esta operación política se da en un contexto electoral: en dos semanas habrá elecciones municipales, que en Venezuela tienen un carácter mucho más político que vecinal. No es difícil saber que una mayoría de votantes castigará al gobierno en ellas, si juzgamos con objetividad lo que vienen diciendo las pocas encuestas fiables. El diario El Universal publicó la más reciente, realizada por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos: 68,5 por ciento tiene una opinión negativa de la marcha del país y quienes rechazan a Maduro suman ya un 10 por ciento más que quienes aprueban su gestión.Un tercio de los venezolanos pide abiertamente el adelanto de las elecciones presidenciales y otra sexta parte cree que urge una asamblea constituyente.

Maduro ha entendido bien su predicamento: de allí que solicitara los poderes absolutos a la asamblea en octubre, calculando que los obtendría antes de los comicios. Como lo más probable es que haya que apelar a un fraude para evitar una derrota o para reducir la victoria opositora que los pronósticos anticipan, hace indispensable abolir en la práctica el poder -de por sí mermado- de la asamblea antes de ese día. Así, se podrá evitar lo que ocurrió después de los comicios presidenciales, cuando los diputados de la oposición hicieron un uso eficaz del espacio parlamentario. Todos recordamos la golpiza que propinaron los diputados oficialistas y sus guardaespaldas a la oposición precisamente por el impacto que estaban logrando en la opinión pública nacional y extranjera al denunciar un fraude electoral.

Estos son los factores que Maduro controla en parte. Pero hay otros que están fuera de su control y han empezado a cobrar protagonismo. Me refiero al descalabro económico. Los poderes que ha obtenido Maduro han sido justificados por el gobierno para librar “una guerra económica” contra los responsables del desabastecimiento, la inflación y la inseguridad.¿Quiénes son los responsables? Básicamente, tres grupos: los empresarios, la oposición y el imperialismo.

Por tanto, la Habilitante tiene un doble propósito: acabar de concentrar el poder político y el poder económico. Ya existe mucha concentración de ambas cosas (por ejemplo, el control de cambios rige desde 2003 y ya Hugo Chávez hizo uso de Leyes Habilitantes en su día), pero la economía está resultando tan terca que cada intento por aumentar el control acaba frustrándose. La frustración desembocó, hace unos días, en esas escenas dantescas cuando la gente, impelida por la convocatoria de Maduro (“Que no quede nada en los anaqueles”), empezó a saquear tiendas de la cadena de electrodomésticos Daka en la ciudad de Valencia. En otros lugares, el gobierno mandó arrestar a los gerentes de varias tiendas, a los que acusó de acaparamiento y aumento “usurero” de los precios.

La inflación ya supera el 50 por ciento en términos anualizados y hay economistas que la sitúan en 70 por ciento. Quienes hayan vivido bajo hiperinflaciones (este servidor incluido) saben que pasar de tres o cuatro por ciento a 40 o 50 por ciento es mucho más difícil que pasar de 50 o 70 por ciento a 1.000 por ciento. Venezuela está al borde de una hiperinflación. No es de extrañar: desde 2002, la oferta monetaria (M2) ha aumentado a un ritmo anual de 54 por ciento, mientras que la producción, en términos reales, sólo lo ha hecho a un ritmo de cuatro por ciento.

Contribuye a alimentar este fenómeno de expectativas inflacionarias lo que ocurre con el tipo de cambio. La calle ha fijado el tipo de cambio en un precio 10 veces superior al oficial. Venezuela importa todo y no produce nada, salvo petróleo. En un escenario de mercado libre, la salida constante y masiva de divisas para importar bienes habría devaluado la moneda. Pero el gobierno ha impedido que el mercado haga su trabajo, manteniendo un cambio irreal, lo que, al igual que en Argentina, ha llevado a una pérdida de reservas. La gente sabe que el bolívar (llamado oficialmente “bolívar fuerte”, ironía donde las haya) se deprecia cada vez más. Ello contribuye a que las expectativas sean inflacionarias.

Las expectativas de todos: comerciantes y compradores. De allí que incluso quienes importan con dólares obtenidos de manos del gobierno al cambio oficial acaben vendiendo los productos a precios bastante por encima del que pagaron para importarlos (cuando cambiaron los bolívares por dólares oficiales). No se diga nada de quienes tuvieron que importar con dólares que compraron en el mercado negro: ellos necesariamente tienen que vender los productos muy por encima del precio de importación traducido a bolívares de acuerdo con el cambio oficial.

Este escenario puede sonar un poco técnico, pero para millones de venezolanos es cualquier cosa menos técnico. No importa cuántos empresarios vayan a la cárcel ni cuántos gerentes de tiendas y mercados sean procesados: la economía del chavismo, como todas las economías controladas de la historia, se ha declarado en rebeldía permanente contra el gobierno. El efecto es el deterioro de la confianza en Maduro. Ha perdido 20 por ciento de respaldo desde las elecciones presidenciales, hace apenas medio año.

Si se entiende este contexto, se entiende mejor la desesperación que delatan las distintas medidas recientes del gobierno: desde la creación de un Viceministerio de la Suprema Felicidad y el adelanto de la Navidad (literalmente) hasta la apelación a Samsung, o sea al capitalismo coreano, para que le envíe de urgencia 400.000 artefactos electrodomésticos aduanados en países cercanos y la polémica Ley Habilitante.

Bajo esos poderes, Maduro ha anunciado lo que equivale a una radicalización del estatismo controlista: decretos con fuerza de ley para fijar los costos y ganancias de los negocios, un registro único de comerciantes (“para sacarlos de las manos de quienes les roban”) y la creación de un organismo para controlar todo el comercio exterior, entre otras cosas. El gobierno intuye que la erosión de su base de apoyo puede acelerarse muy velozmente ante el caos económico que vive la población. Pretende, por tanto, ir hacia la estatización definitiva de la economía cuanto antes, aparejada con la eliminación de la oposición como factor significativo.

Curiosamente, el propio caos económico conspira contra ese proceso de abolición del capitalismo. Dado el desabastecimiento, el gobierno ha invitado a Samsung a formar una empresa mixta en Venezuela para permitir la fabricación de celulares, tabletas, refrigeradores, neveras y otros bienes. Esta iniciativa parece una contradicción si se la coteja con todo el proceso estatista que se quiere acelerar mediante el uso de poderes excepcionales. Sin embargo, es una contradicción sólo aparente, pues detrás de ella está Cuba, donde Raúl Castro ha entendido que una combinación férrea de control político y de economía estatizada con algo de capital extranjero puede darle más perdurabilidad al régimen. No nos sorprendamos, pues, si Maduro invita a otras corporaciones imperialistas a invertir en alianza con el Estado venezolano. Ya se habla en Caracas de tratar de engatusar a Renault y a la japonesa Yamaha.

La oposición tiene un calendario más dilatado que el gobierno. La razón es evidente: el tiempo parece jugar a su favor a medida que el desbarajuste económico, incontrolable por más controles que se apliquen, tiende a empeorar y las medidas que Maduro ha anunciado prometen colaborar muy solícitamente en ese sentido. Este factor puede acabar reduciendo la base popular del chavismo a una expresión que ya no haga sostenible el esquema actual. Por ahora, no se ha producido la guerra abierta que se vaticinaba entre quien preside la Asamblea Nacional, el ambicioso militar Diosdado Cabello, y el propio Maduro, pero la oposición percibe que una evaporación definitiva de la base popular del chavismo por efecto de la zozobra económica tenderá a fracturar al régimen.

Hay otra razón por la que la economía puede tener un efecto político que favorezca a la oposición: una cosa es cometer fraudes electorales cuando se tiene el voto de cerca de una mitad de los sufragantes venezolanos, y otra muy distinta es hacer eso mismo con 15 o 20 por ciento. Ir en contra de una mayoría aplastante de los votantes requiere un régimen monolítico con todos los estamentos militares y policiales dispuestos a masacrar a mucha gente.

La oposición intentará a partir de este fin de semana dar un salto cualitativo en su esfuerzo contra el gobierno de Maduro manifestándose en las calles. ¿Tendrá esta iniciativa un seguimiento? ¿Han ganado el debate interno en la Mesa de la Unidad Democrática quienes pedían esto desde hace medio año? Habrá que esperar para saberlo.

Fuente: http://www.eldiarioexterior.com/