La Argentina, aquella del primer centenario, atrajo a millones de hombres de todo el mundo invitándolos a habitar en el suelo argentino, porque les ofrecía promover el bienestar general y aseguraba los beneficios de la libertad, afianzando la justicia y garantizando la paz interior.

Esa Argentina era un país en serio que permitió a los inmigrantes encontrar refugio en un orden social basado en el respeto a la propiedad privada; un lugar donde pudieron formar un hogar, rehacer su vida y trabajar duro para legar un futuro mejor a sus hijos. Allí tuvimos un paradigma.

Habíamos encontrado la combinación perfecta de administración y paz, con circunstancias externas tan favorables que nos brindaban un período de vacas gordas. Crecían la producción y la exportación y el comercio exterior nos era reiteradamente favorable. Con eso supimos crear un clima favorable a los negocios y conquistamos la confianza de los países poderosos. Nos abrimos al mundo, respetábamos los contratos y llegaban inversiones de todos lados. Progresábamos a mayor ritmo que los tiempos y los efectos se veían en la construcción de grandes estaciones que todavía hoy son motivo de orgullo, en la prolongación de líneas ferroviarias, la instalación de servicios urbanos de gas e iluminación pública así como en la aparición de nuevos diarios y la edificación de majestuosos edificios públicos, de los cuales el Correo Central vuelve a ser utilizado para celebrar el segundo centenario. La ley de conversión de la moneda ponía fin a la incertidumbre de nuestro signo monetario y la prosperidad se derramaba sobre todos creando una clase media de la nada. Una sola dificultad quedaba pendiente y era la relativa a nuestras relaciones con Chile, con quien manteníamos la amenaza permanente de un conflicto armado. Pero incluso ese problema con “la Prusia de Sudamérica”, como se llamaba entonces al país vecino, se aventó cuando los presidentes de la Argentina y Chile se encontraron en el estrecho de Magallanes y, luego, cuando inauguraron la majestuosa estatua del Cristo Redentor para señalar que la amistad entre los dos pueblos quedaba indisolublemente sellada.

Entre esos acontecimientos tuvimos un paradigma.

Luis María Drago, jurisconsulto y ministro de Relaciones Exteriores, formuló en 1902 la doctrina Drago, doctrina clásica en Derecho Internacional aceptada por todos los países, según la cual la deuda pública de un Estado no justificaba la intervención armada ni la ocupación del territorio por parte de las naciones acreedoras. Curiosamente, esa doctrina Drago sirvió al presidente Kirchner para eludir la acción agresiva de los inversores extranjeros defraudados por un país que no pudo cumplir sus compromisos.

Los tiempos han cambiado, se sucedieron dos guerras mundiales y se produjo la aparición de nuevos partidos políticos que comenzaron a incorporar dosis creciente de populismo y de irresponsabilidad en la gestión de la cosa pública. La buena administración y la paz interior desaparecieron junto con la unión nacional en libertad.

Ahora tenemos otra doctrina, de carácter mucho más frontal y aislacionista que la del ministro Drago.

Se trata de la doctrina Taiana, plasmada en un documento oficial que la Argentina entregó ante el Tribunal Arbitral de Controversias del MERCOSUR. El tema quedó planteado cuando Uruguay consideró que era una omisión del Estado Argentino no adoptar medidas apropiadas para prevenir o levantar los cortes de las rutas y de los puentes internacionales que comunican a Entre Ríos con Uruguay, hecho que bloqueaba el tránsito de personas y el transporte de mercaderías desde Chile y nuestro país hacia Brasil y Uruguay.

En una página que desnuda una ideología patoteril, enmascarada con el ropaje de protestas sociales o ambientales, nuestra Cancillería señaló oficialmente que los cortes de ruta y los piquetes que impedían los pasos fronterizos constituyen una muestra de la libre expresión de parte de la población en defensa de un derecho que consideran legítimo. Por lo tanto, según la doctrina Taiana no cabe invocar legítimamente ninguna restricción a la libertad de expresión porque el gobierno argentino la considera un derecho humano protegido.

Con lo cual, el piquete y la acción patoteril adquirieron en la Argentina un status oficial inusitado y quedaron consagrados como un derecho humano fundamental.

Corresponde, entonces, reflexionar acerca de las consecuencias de una generalización de esta doctrina al campo impositivo. ¿Qué argumentos podrían oponerse a la aplicación de la doctrina Taiana en las manifestaciones de parte de la población que pudiese sentirse afectada por un salvaje sistema impositivo? Y que, acumuladamente, llega a una presión fiscal del 65% sobre los ingresos de las personas físicas.

Cuando la población comience a darse cuenta de esta exacción podría ponerse a defender un derecho que también consideraran legítimo, cual es el de defender la integridad de los ingresos ganados en forma honesta impidiendo que las contaminantes normas impositivas sigan despojando a los habitantes de recursos que legítimamente les pertenecen.

Del mismo modo que los ciudadanos de Gualeguaychú, se podría formar una “Asamblea Ciudadana Impositiva” para que el gobierno nacional cese en su acción de depredación del medio ambiente familiar mediante la confiscación de recursos a través de impuestos, cargas sociales, tasas, derechos y miles de aportes que succionan dinero en todas las etapas del ingreso genuino de la gente.

La libre expresión es legítima contra impuestos que se cobran cuando la gente gana dinero, más impuestos que se pagan cuando se gasta ese mismo dinero, agregada a impuestos reiterados cuando se utilizan las cosas compradas con ingresos ya gravados y vueltos a cobrar cuando esos bienes personales se guardan en el patrimonio familiar.

Sobre los ingresos sujetos a una cuádruple tributación, nuestro gobierno procede a una depredación similar a la destrucción del medio ambiente que provocarán las plantas celulósicas a instalarse en Fray Bentos y genera una contaminación ya no ambiental sino ecológica, porque impide que los argentinos puedan realizar sus propios proyectos de vida, progresar y soñar un futuro mejor para sus hijos.

La doctrina Taiana será, pues, bienvenida porque nos abre las puertas para que la formidable concentración de poder que se está operando en el Poder Ejecutivo nacional no sea utilizada para oprimir y aplastar económicamente a los ciudadanos, sino para permitirles respirar el aire de la libertad y de la justicia.

Ahora que estamos acercándonos al segundo centenario de la revolución de Mayo, la doctrina Taiana podría convertirse en una excelente reedición de la doctrina Drago, porque serviría como un factor de contención contra la suma del poder público que aceleradamente se está produciendo y que equivale al intento de invasión estatal sobre nuestra privacidad y una ocupación del territorio familiar, que es el espacio propio de cada uno de nosotros.

Pero si esta afirmación puede sonar como realmente lo es –una ironía de mal gusto– entonces cabe preguntarnos qué estamos haciendo para impedir que los verdaderos derechos humanos y las libertades individuales garantizadas por nuestra Constitución puedan seguir vigentes. © www.economiaparatodos.com.ar



Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.