El presidente ha mandado a los jueces a dictar sentencias. Lo ha hecho bajo la amenaza de removerlos de sus funciones. El ministro del Interior (¡¡¡el ministro del Interior…!!!) le pidió la renuncia al presidente de la Cámara de Casación Penal bajo el argumento de que, yéndose, le haría un bien al país. La presidenta del Consejo de la Magistratura, la diputada Diana Conti, ha dicho que está bien que el presidente se haya expresado como lo hizo porque es un ciudadano como cualquiera, que puede opinar y que es bueno que la sociedad sepa lo que los poderes del país opinan. Como eso le pareció poco, agregó que la Corte Suprema, al expresar su disconformidad con los dichos de Kirchner, había tenido un arranque menemista.

¿Cómo es posible que los más altos funcionarios del país ignoren la Constitución? ¿O la Constitución no les importa?

La ley fundamental de la República le prohíbe tajantemente al presidente arrogarse funciones judiciales y entrometerse en su trabajo. Kirchner pisoteó baratamente ese principio liminar de la división de poderes. Más allá de que informaciones posteriores (diario Perfil del domingo 1 de abril) dieron cuenta de que la Corte Suprema advirtió sobre los problemas de Casación Penal para urgir las causas bajo su conocimiento por responsabilidades atribuibles al Poder Ejecutivo, éste no movió un dedo para hacer cesar las dificultades. Pero, cuando la demagogia del momento lo exigió, el presidente tiró sus dardos contra un tribunal intachable que ha merecido, incluso, el elogio insospechado de Julio César Strassera, quien fuera el fiscal acusador de las Juntas Militares, en los juicios por Derechos Humanos que inauguraron la democracia.

Las causas por Derechos Humanos que están pendientes en Casación suman menos del 5% del total de juicios que están bajo su trámite. A su vez, su presidente, Alfredo Bisordi (a quien Aníbal Fernández le pidió la renuncia), está recusado en casi todas ellas (y reemplazado por conjueces) ya que fue el fiscal de la causa en la que terminó condenado Mario Firmenich, hoy libre en España.

La estelar participación en todo este disparate de Diana Conti ha sido poco menos que proverbial. Prácticamente, no ha dejado dislate por decir. Insinuar que el presidente puede opinar como cualquier ciudadano es directamente una burrada mayor. El presidente no es cualquier ciudadano. Es más, es un ciudadano al que la Constitución se refiere expresamente en esta materia para prohibirle su intromisión en las causas judiciales.

Claramente, los dichos de Kirchner y de Conti han relevado de mayor esfuerzo de prueba a los que advirtieron que la modificación de la integración del Consejo de la Magistratura se hacía por razones políticas y para ejercer presión sobre el poder judicial rebelde a los pareceres del Gobierno.

Primero, el presidente dijo que él sabía “que el Consejo estaba por tomar medidas” contra los jueces –a su juicio– remisos en el dictado de las sentencias. ¿Cómo sabía el presidente semejante cosa si el Consejo es un órgano políticamente independiente? Y aunque lo supiera (en una ya grave burla a la ciudadanía), ¿debía decirlo públicamente con tono amenazante y con inocultables objetivos de presión sobre los magistrados? ¿Qué podrían esperar los jueces si no dictaran una sentencia rápida o si lo que resuelven no fuera del agrado del presidente y del grupo que gobierna?

Respecto de la presidenta (nada menos) del Consejo de la Magistratura, Diana Conti, no se puede decir nada que no sea grave.

¡Pobres aquellos que se les ocurriera la peregrina idea de pensar si Diana Conti ejerciera el gobierno! Seguramente no quedaría ninguno.

La diputada dijo que la Corte había tenido una reacción menemista al mostrar su preocupación por la intromisión presidencial. Si el epíteto que, finalizada la década de los 90, se convirtió en un agravio en la Argentina se pronunció en referencia a la mentada mayoría automática de Menem en la Corte que presidía Julio Nazareno, Conti debería revisar seriamente la lógica de su pensamiento. Reaccionando como lo hizo frente a la conducta de Kirchner, la Corte fue justamente “no menemista” en tanto salió a ponerle un límite al presidente. La que con sus conductas y dichos quiere que la Corte tenga una actitud menemista (es decir, de alineamiento con el Ejecutivo) es precisamente Diana Conti.

Resulta paradójico que los adalides de los Derechos Humanos (¿?) que deberían defender los principios de la República y la división de poderes de la Constitución muestren por ellos el mismo desprecio que las dictaduras que dicen denostar. Parecería que más que oponerse por principios a las dictaduras como tales, se oponen a todo dictador que no sean ellos mismos. De las dictaduras odian al dictador, no a las dictaduras.

Las violaciones a los Derechos Humanos han constituido un latrocinio de la historia que sólo puede superarse con el funcionamiento republicano de la Constitución. Pisotear su funcionamiento para obtener sentencias que coincidan con nuestro pensamiento nos hace a nosotros violadores. No se puede perseguir al caníbal, comiéndoselo. La libertad y la independencia de los jueces de la Cámara de Casación Penal han sido afectadas. Ya no podrá saberse si el juicio que emitan será lo que verdaderamente piensan. Si condenan podría pensarse que lo hacen para alinearse con el presidente. Si absuelven no quedaría claro si lo hacen para redoblar su apuesta por su propia independencia.

El baile de la pobrísima calidad institucional de la República sigue. Sin darse cuenta, el Gobierno ha terminado defendiendo su gestión con los mismos argumentos que Menem: la performance económica. La oposición se conforma, como antes, achacando a Kirchner lo mismo que le criticaba al riojano: el desinterés por la República. © www.economiaparatodos.com.ar