“No tengo compromisos personales con partido alguno.
No tengo más compromisos que con mi país: el de asegurar
a todos los partidos igualdad de posiciones.
¡Ningún partido puede disponer
de los resortes oficiales para triunfar.”

Roque Sáenz Peña, 1910.

A mediados de los años setenta del siglo pasado, Adolfo Suárez lideró en España una modélica transición democrática. Casi 60 años antes, en 1910, el presidente Roque Sáenz Peña sentó las bases de la democracia argentina, tras un proceso político apasionante y preñado de enseñanzas que la clase dirigente de la Argentina contemporánea desconoce o desprecia.

Un libro reciente (De la república oligárquica a la república democrática, Mario Justo López (h) y otros, Editorial Lumiere, 2005), explica nuestra primera transición democrática con rigor histórico y utilizando los modernos criterios de la ciencia política.

Su lectura ha ratificado mi convicción de que -en términos generales- los políticos argentinos eran, entonces, más cultos, educados e inteligentes que ahora mismo, como lo prueban dos circunstancias: En primer lugar, los debates parlamentarios a propósito de la llamada Ley Sáenz Peña. Segundo, las superficiales referencias a los Pactos de la Moncloa que suelen hacer algunos dirigentes actuales y el paralelo desconocimiento que exhiben respecto de nuestra primera transición democrática.

Ambas transiciones tuvieron puntos en común, y también grandes diferencias. Las obvias son aquellas que se corresponden con cuestiones históricas y culturales.

Pero hay otras que me interesa destacar. Mientras que el proceso de instauración de la democracia en España duró no más de 4 años (desde la Ley de Reforma Política hasta la Constitución de 1978) y dio lugar a un sistema político estable y eficaz, el desembarco de la democracia representativa en nuestro país exigió no menos de 20 años (desde la revolución de 1890), y ya en 1930 había sufrido su primera quiebra institucional.

De entre las semejanzas de ambas empresas políticas, destacaría el hecho de que las reformas que inauguraban la modernidad fueron llevadas a cabo por los mismos sectores a los que la transición condenaba al ocaso político. Vale decir, fueron, en España, las Cortes franquistas y, en la Argentina, el Congreso de la Nación del antiguo régimen, los encargados de poner en marcha los cambios y las instituciones que cerraban su propio ciclo político (1).

Sin desconocer el rasgo de lucidez política que presidió ambos renunciamientos, no hay que olvidar la notable influencia que en estos cambios tuvieron factores como Europa, el rey y las demandas de libertad, en el caso español, y, en el caso argentino, las tensiones sociales y el abstencionismo radical.

Suárez y Sáenz Peña compartieron una misma visión: el régimen político que les había llevado al poder estaba agotado y era la democracia representativa la mejor alternativa para el futuro de las respectivas naciones.

Hacia 1910, la Argentina vivía una democracia ficticia viciada por el fraude, el clientelismo y el dominio hegemónico de un sector social que detentaba el poder excluyendo a otros y que utilizaba al aparato del Estado para reproducir y mantener esa hegemonía sin mayores sobresaltos. Así lo expresaba el Ministro del Interior Indalecio Gómez: “¿Es que existe la democracia argentina? ¡Absolutamente no!”.

Si bien el presidente Figueroa Alcorta había abierto el camino que después conduciría a la democracia representativa, fueron la inteligencia, el coraje y la honradez política de Roque Sáenz Peña (un conservador ilustrado y cosmopolita) los atributos y circunstancias que inauguraron el ciclo pluralista y democrático, con ejes en el voto secreto y obligatorio, en la representación de las minorías y en la prescindencia del gobierno en los procesos electorales de la transición. El presidente Sáenz Peña contó, ciertamente, con la inestimable colaboración de un equipo altamente cualificado, en el que sobresalían varios salteños -mis comprovincianos-: Indalecio Gómez, Victorino de la Plaza y David Zambrano Caro.

Nuestras instituciones políticas contemporáneas están, lamentablemente, viciadas también por el clientelismo y por la vocación hegemónica de una auténtica oligarquía política que detenta todos los poderes institucionales con la abierta complicidad de algunos medios de comunicación y la complacencia de importantes organizaciones sociales (sindicatos y patronales, por ejemplo). Los manejos entre el presidente de la República y los gobernadores de provincias para repartirse y conservar el poder tienen abierta similitud con las maniobras que sostenían el régimen oligárquico anterior a Sáenz Peña.

El actual régimen es el producto de una exitosa complicidad entre el peronismo y el radicalismo y su extensa red de punteros y caudillos, coaligados para perpetuarse en el poder, apelando al uso discrecional de los poderes del Estado y de los dineros públicos, e incluso a la ejecución de maniobras como el “desdoblamiento” de candidaturas en la provincia de Buenos Aires que, como denunciara Joaquín V. González en 1912, supo ser un recurso utilizado por las fuerzas conservadoras en las décadas que precedieron a nuestra primera transición.

Esta maniobra antidemocrática del “desdoblamiento”, mediante la cual una misma fuerza política pretende la hegemonía, fue cortada de raíz por Sáenz Peña cuando, en 1912, dejando de lado pasadas afinidades, desbarató en nombre de los principios republicanos las artimañas del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. En claro contraste con las preferencias de los dos últimos presidentes constitucionales de la Argentina que apelan a sus esposas para desdoblarse e intentar cerrar el paso a cualquier alternativa regeneracionista.

Una prueba más de que el régimen y sus personeros actuales carecen de los atributos que exhibió el presidente Roque Sáenz Peña. En realidad, el objetivo prioritario de la coalición hegemónica que hoy gobierna (con el concurso de sus alas “derecha” e “izquierda”) no es el pluralismo ni la reforma política que nos conduzca a una democracia avanzada, sino la pura conservación del poder, aun cuando éste pueda heredarse, cederse entre cónyuges, cambiar de familias o de manos pero siempre sin mudar su naturaleza manipuladora.

Sucede que buena parte de nuestra clase dirigente tiene como su alimento cotidiano las encuestas de opinión, los titulares de prensa y dos libros de cabecera: Manual de conducción política (de Juan Domingo Perón) y El nuevo Maquiavelo (de D. Morris), que leídos anacrónicamente o dejando de lado los contextos en los que fueron escritos sirven a los objetivos de perpetuación del régimen. Por cierto, el libro de Morris fue introducido en la mesa de luz de dos presidentes contemporáneos, curiosamente, por el mismo mentor intelectual.

Así como en la reforma de 1912 el voto obligatorio y secreto y la representación de las minorías apuntaron a hacer realidad el programa de la Constitución de 1853, la prescindencia del gobierno Sáenz Peña en los procesos electorales fue la clave para desmontar el mecanismo de reproducción oligárquica del poder.

A la luz de esta valiosa experiencia argentina, es fácil deducir que no habrá reforma política democratizadora en este siglo en la medida en que el presidente (este o cualquier otro) y los gobernadores provinciales no estén dispuestos a renunciar a sus privilegios y a los resortes de poder que los convierte en grandes electores con capacidad para fabricar presidentes, gobernadores, diputados y senadores continuistas.

Por ahora, la causa regeneradora solamente se expresa, ambigua y desordenadamente, en el malestar de la ciudadanía contra las lacras de nuestro actual sistema político, pero carece de un programa articulado frente al régimen.

Próximos al Segundo Centenario de la Independencia, pienso que este programa, aun inédito, habrá de parecerse bastante al que definió Sáenz Peña en tiempos del Primer Centenario. Un programa pacificador, integrador y cosmopolita, que contenga, como aquel de 1910, dos capítulos. Uno de profundas reformas institucionales que nos conduzcan hacia una democracia avanzada. Y otro de cambios sociales, que transforme la educación y mejore el reparto de la riqueza. © www.economiaparatodos.com.ar



(1) El diputado José Miguel Olmedo lo expresó con inusual contundencia: “Más o menos, representamos a las fuerzas políticas dueñas de las elecciones en la capital y en las catorce provincias. Más o menos tenemos en nuestras manos todos los resortes políticos para hacer prevalecer nuestras tendencias. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos desprendido generosa y patrióticamente de estas fuerzas. Parecería que no fue el pueblo el que vino a tomar las Bastilla, sino que desde dentro de sus bastiones hemos derruido las murallas, dejando amplia y expedita la entrada a todos los que estaban excluidos de la vida política”.

Armando Caro Figueroa es presidente de la Fundación Novum Millenium y director de Human Capital Consulting. Además, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante la presidencia de Carlos Menem y, durante la gestión de Fernando de la Rúa, vicejefe del Gabinete de Ministros y director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).