A raíz del decreto nro. 123, que solicita el desalojo del hangar de LAN en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, han surgido una serie de interpretaciones diferentes entre los distintos actores y afectados

Una vez más, se aprecia un fuerte contraste entre la lectura interna, orientada a legitimar dicha acción,  y la creciente incredulidad externa. Al efecto, Hernán Felipe Errázuriz, ex canciller chileno, dice lo que desde La Moneda es imposible de decir, por razones diplomáticas: “Indignante es el hostigamiento a LAN para proteger las ineficiencias de Aerolíneas Argentinas.” Por otra parte, el canciller argentino Héctor Timerman declara a la misma audiencia: “Este no es un problema entre países, es entre una empresa y un órgano de aplicación”, además de asegurar que LAN seguirá operando en Argentina.

Sin embargo, cuando escuchamos el discurso orientado al mercado interno, se configura una visión peculiar y propia del oficialismo K. Así, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, miembro de La Cámpora, declaró: “Se estableció un sistema un poco más justo de distribución proporcional y de prioridad para Aerolíneas Argentinas por ser la línea aérea nacional, la línea aérea que conecta a 35 ciudades dentro del país y no solamente las rutas más rentables. LAN tenía una posición de privilegio que no le correspondía”.

Así mismo, el titular de la ORSNA (Organismo regulador al que se refiere Timerman), Gustavo Lipóvich, dijo: “Detrás de la negativa de la compañía aérea hay una intención de buscar privilegios. Lo mismo han hecho en Brasil y en Colombia, buscan una posición privilegiada; no es una empresa que busca un fin social, buscan el lucro.”

De acuerdo a su simple lógica, habría 16 rutas aéreas que no serían rentables, explicando así las pérdidas de AA. Es decir, AA perdería plata no porque sea ineficiente, sino porque cumpliría un fin social. En este sentido LAN, una empresa privada binacional, que cotiza en los mercados internacionales, estaría lucrando ilegítimamente al segmentar y descremar, desde una supuesta posición de privilegio, el mercado doméstico de aviación comercial.

La solución, de acuerdo al manual de la justicia K, es inclinar la cancha a favor de AA. Para lograr ese objetivo consideran que se debe privar a LAN de su base de operaciones sobre la que, se argumenta, sustenta su posición de privilegio en la explotación de las denominadas 14 rutas rentables. El siguiente paso para asegurar los objetivos sociales de AA, será consolidar a ésta como mono-operador de Aeroparque.

En definitiva, bastaría con que participe una empresa controlada por el estado, en algún segmento de la actividad económica declarado de “interés social”,  para que, “ipso facto”, se justifique la restricción o eliminación de toda competencia. A partir de ahí, pareciera que los contratos firmados carecieran de toda relevancia, y los argumentos denominados técnicos se utilizaran para minimizar los riesgos jurídicos del modelo económico impulsado por el oficialismo. Esta mística justiciera ayuda a galvanizar y alinear a los funcionarios que trabajan en los organismos reguladores correspondientes. Y subyace en los sucesivos conflictos a los que se ha enfrentado a lo largo de los años este gobierno.

En todo el mundo los gobiernos se esfuerzan por favorecer la competencia y regular o eliminar los monopolios. En consecuencia, no debiera sorprender que, a los ojos del resto del mundo, Argentina se ha vuelto progresivamente más incomprensible y sus políticas cada vez más aberrantes.

Fuente: www.independent.typepad.com