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EPT | January 20, 2020

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Jueves 13 de abril de 2006

Desfalcos en la obra pública

La administración de un cuantioso presupuesto de obras públicas exige, para que no existan sospechas de maniobras turbias o corrupción, un conjunto de medidas que garanticen la transparencia e impidan los chanchullos.

Se cuenta que un influyente ministro sudamericano, encargado de licitar obras públicas, visitó a un senador americano muy prominente. Whiskys de por medio, no dejaba de ensalzar la elegancia de su casa particular. En un momento dado, se animó a preguntarle: “¿Perdone señor, pero cómo consiguió esta residencia?”. El senador, infatuado por los elogios, se acercó hasta un ventanal y señalando un enorme puente colgante le confesó: “¿Ve usted esa procelosa obra? Pues bien, aquí está el 2 %”.

Al cabo de un tiempo, el senador retribuyó la visita y fue agasajado en la rumbosa residencia del ministro sudamericano. Durante la conversación, le preguntó lo mismo y en tren de confianza éste también le condujo a una ventana abierta hacia un paisaje arbolado. En tono de voz muy quedo le dijo: “¿Ve usted esa autopista? No, hombre no la veo, ¡allí no hay nada! Pues bien, aquí está el 100 %”.

Anécdotas aparte, quienes concentran el manejo de la obra pública, corren el inexorable riesgo de ser execrados cuando dejen el cargo y otros ocupen su lugar. En política, la acusación de partícipes en delitos de lesa humanidad no se transmite a terceros, pero los chanchullos sí se heredan y los herederos terminan sacrificando a sus antecesores.

Chanchullos, vieja palabra castiza que hoy adquiere inusitada vigencia porque significa el manejo ilícito de una licitación o compra hecha con dineros públicos para lucrar con una diferencia.

En nuestro país hay redobladas sospechas de chanchullos cometidos por personajes de toda laya: de izquierda o de derecha, militares o civiles, progresistas o neoliberales.

Si el todopoderoso ministro de Planificación reflexionase sobre estas cosas y se viera reflejado en el espejo del tiempo, comenzaría a preocuparse seriamente y tomaría medidas precautorias para no ser sacrificado cuando los vientos alisios cambien de orientación.

La manera de administrar un cuantioso presupuesto de obras públicas, sin ser acusado alguna vez del delito de desfalco o de corrupción, consiste en establecer sin más tardar una disciplina sobre controles básicos condensada en cuatro grupos:

a. Crear un control de supervisión independiente tanto de la administración pública como del contratista para ejercer la dirección técnica de la obra.

b. Separar las funciones administrativas de manera que ningún funcionario pueda efectuar una transacción desde el principio hasta el final para impedirle que cometa y encubra algún desfalco.

c. Establecer una secuencia oposición de intereses entre las acciones y responsabilidades de distintos funcionarios de manera que cada paso sea observado y ratificado por otra persona con responsabilidades diferenciadas.

d. Disponer controles de final de obra para asegurarse de que los activos contratados se entregaron debidamente, se mantienen en buenas condiciones y no han sido sustraídos ni adulterados.

La manera práctica con que debiera actuar un ministro que concentra toda la obra pública del país en una única caja, tendría que ser la siguiente.

1º. Disolver los llamados Registros de Proveedores del Estado y abrir las oportunidades a todo el mundo, porque esos registros constituyen una especie de Gotha o catálogo de la patria contratista, ya que la facultad de inscribirse y de limitar las licitaciones entre unos pocos es un principio de discriminación y origen de todas las sospechas.

2º. Las licitaciones debieran ser abiertas a todos aquellos que reúnan condiciones técnicas, financieras y operativas suficientes para realizar las obras. Esas condiciones debieran ser evaluadas con una nota numérica de 1 a 10 por consultores privados y auditores independientes del gobierno y de los contratistas.

3º. Las locaciones de obra tendrían que dividirse dos partes: proyecto y ejecución. Una para licitar el proyecto independientemente de quien lo construya y otra para ejecutarlo, de manera que quien gane la primera licitación se convierta en el director técnico responsable de la obra. Esa dirección técnica debiera ser la que otorgue o deniegue el final de obra.

4º. Establecer el sistema de “ajuste alzado” porque ésa es la manera de desarticular las maniobras consistentes en sumar trabajos especiales que se añaden al proyecto original para repartir coimas. El sistema de “ajuste alzado” no permite ninguna clase de ajustes, adicionales o mayores costos para lucrar con sobreprecios excesivos y que terminan repartiéndose con funcionarios corruptos y complacientes.
Con este sistema de “ajuste alzado en pesos argentinos-oro” se hicieron todas las grandes obras públicas de nuestro país, especialmente la red de caminos, los ferrocarriles y los edificios monumentales que hoy nos enorgullecen y que todavía sirven para celebrar el segundo centenario restaurando uno de los más emblemáticos: el Palacio de Correos.

5º. Modificar el sistema de cotización y adjudicación. El ministro de Planificación debiera modificar con urgencia este sistema que es causa de todos los escándalos y que se establece con una base calculada por el ministerio. En teoría, se sostiene que las cotizaciones serán inferiores o iguales a ese importe oficial. Pero, en la práctica, se produce la cartelización de los oferentes, denunciada por el ministro Lavagna en plena Cámara de la Construcción, lo que motivó el disgusto del presidente y su expulsión del gobierno. Los oferentes que forman parte de la patria contratista toman la base oficial como un piso a superar y se ponen de acuerdo para subir el precio con la consecuencia de que siempre el más barato cotiza muy por encima de la base.

Este sistema de adjudicar al más barato podría reemplazarse por el otorgamiento de la obra al segundo más caro, de manera que tanto quienes coticen más barato o más caro pierdan el concurso.

Al adoptarse el criterio del segundo más caro, se produce este efecto: si se presentan los candidatos A, B y C cotizando respectivamente $ 1.000, $ 1.300 y $ 2.000, entonces A tiende a subvaluar el precio razonable para colocarse segundo. Pierde porque calculó mal y cotizó como si fuera una empresa subsidiada. Por su lado B, que cotiza el precio intermedio, acierta porque se aproxima al precio razonable de mercado y actúa como el oferente más competitivo. Finalmente C, que cotiza mucho más alto, se equivoca y también pierde porque tiende a sobrevaluar el precio de mercado actuando como monopolista.

La lógica de este sistema de adjudicación hace que si quedase asegurado que los oferentes no están vinculados entre sí, según la evaluación previa de los consultores independientes, aun cuando se pongan previamente de acuerdo en distintas combinaciones posibles, siempre termina arribándose al precio de mercado, que es el precio más razonable porque permite el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Con lo cual los funcionarios que deben someterse a este veredicto no pueden utilizar las maniobras que les permiten hacer una caja propia de suma importancia y se termina con la herencia de los chanchullos recibidos.

Ahora que vamos a vivir los días solemnes de la semana de Pasión y Pascua de Resurrección, sería saludable que quien administra la caja central de todas las obras públicas del país reflexione sobre estas cosas y también sobre su destino, que es más trascendente que caer en la tentación de “hacer la caja”.

Alguna vez la dignidad, el honor y la decencia tienen que volver a ser nuestros valores más sagrados para que también la Patria resucite. © www.economiaparatodos.com.ar



Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.




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