Hace pocos días y con agilidad encomiable, fue sancionada una curiosa “Ley de cargos específicos” que habilita al Poder Ejecutivo a establecer obligaciones a pagar o cargos en las facturas de gas y electricidad. De la misma ley surgen muchas dudas e interrogantes:
a) los cargos no están especificados ni en tiempo y forma;
b) no se determina quiénes deberán pagarlos;
c) se desconocen los montos parciales y totales de los mismos;
d) se destinarán a imprecisas obras que definirá el ministro de Planificación;
e) se ignora dónde estarán localizadas;
f) el ministro no estará obligado a licitarlas;
g) se formarán fideicomisos manejados por el mismo funcionario que decide el proyecto, licita y adjudica las obras;
h) los contratistas podrán recibir anticipos antes de iniciar los trabajos;
i) no habrá ningún control de la Contaduría General ni del Tribunal de Cuentas de la Nación;
j) no se ha establecido ningún sistema de rendición pública de las cuentas.

Como puede verse, esto se parece a un entuerto confuso y desordenado, apto para esconder las verdaderas intenciones, una de las cuales es aumentar las tarifas de luz y gas sin que se note.

1. Analogía perfectible

Muchas veces, para juzgar decisiones políticas es ilustrativo plantear cómo funcionarían en la esfera privada, porque al despojarlas de la pompa y circunstancias que todo lo público tiene para los ciudadanos, aparecen nítidamente sus contornos tenebrosos y retrógrados.

Al mismo tiempo, este método tiene el enorme valor de la analogía, que es la gran fuente del conocimiento junto con la deducción y la experimentación. Recordemos que Isaac Newton dedujo por analogía la ley de gravedad al observar la caída de una manzana.

Para aplicar este método al caso de los “cargos específicos”, consideremos el siguiente ejemplo: un pícaro gestor de negocios, que planea hacer cuantiosas inversiones en una empresa industrial y mediante un ardid malicioso se apodera de los fondos de un grupo de inversores, los engaña y se convierte en dueño y señor de la empresa. Cualquiera, aun los no idóneos en materia jurídica, estaríamos convencidos de que este truhán ha cometido un fraude.

El fraude es un hecho ilícito, en el que interviene la malicia o el engaño para burlar los derechos de una persona o de un grupo y apoderarse de lo que es suyo. Por lo cual, no sólo se habla de fraude en materia financiera sino también del fraude fiscal y del fraude electoral.

Nadie, en su sano juicio, puede defender la moralidad de un fraude, pero ¿qué diríamos si el mismo estuviese autorizado por una ley, que no sólo lo despenaliza sino que además instruye sobre los procedimientos administrativos para apoderarse del dinero ajeno sin reconocerle título de crédito alguno?

No hay ninguna duda de que ésa no sería una auténtica ley sino una medida arbitraria y caprichosa por inicua, ilícita y contraria a la conciencia moral que los tribunales judiciales fulminarían como “inconstitucional” si fueran imparciales y no dependieran del poder político.

2. De nuevo, la vieja política

Lo que ha hecho el parlamento con esta “Ley de cargos específicos” es precisamente lo que acabamos de analizar. Ha plasmado un ingenioso y perverso ardid para desapoderar a los usuarios del gas y electricidad de los fondos que se cobrarán coactivamente para constituir un fideicomiso, negándoles el derecho a reconocerles el carácter de usuarios-fiduciantes, es decir de legítimos aportantes del capital.

Según la ley, cuando se constituyan los fideicomisos, será el Estado quien se apropie del capital aportado por los usuarios. De manera que quienes pusieron el dinero para ejecutar las obras de infraestructura no serán propietarios, sino el propio Estado a través del ministro de Planificación.

De paso, los beneficiarios o fideicomisarios de las rentas de esos fideicomisos tampoco serán quienes aportaron los fondos sino el vasto espectro del “clientelismo político” o el funcionario de turno que los administre.

Se habrá consumado así un enorme fraude social, organizado y despenalizado por la misma ley que lo dispone.

Desde este punto de vista, fue mucho más honesto el repudiado mecanismo de ahorro forzoso impuesto por Raúl Alfonsín cuando necesitaba el dinero que no podía obtener como consecuencia de su incapacidad para mantener una disciplina monetaria. Pese a que la hiperinflación devoró la capacidad adquisitiva del ahorro forzoso, en ese entonces se procedió a devolver su importe nominal más los intereses. Pero ahora ni siquiera se ha mencionado la posibilidad de prometer un reintegro del aporte sin límites que podría alcanzar cifras de miles de millones de pesos. De nuevo, la vieja política ha vuelto por sus fueros.

3. Carencia de ideas

Lo que más indigna de esta nueva “avivada” de nuestra clase gobernante no es tanto la imperiosa necesidad que tienen de hacer caja para realizar nuevas inversiones en infraestructura de gas y electricidad, sino el modo compulsivo y totalitario con que imponen la formación de ahorros y el oscuro destino de esas inversiones.

Ello es consecuencia de una política incoherente, sin plan ni objetivos, que pretende sustituir el poder estabilizador del mercado por el antojo de funcionarios que no pueden ver más allá de sus narices y que sólo piensan en los titulares del periódico de mañana, alterando las reglas de juego.

Por eso, no consiguen atraer capitales externos ni inspiran la suficiente confianza interna para sustituirlos por el ahorro voluntario, hecho sin coacciones ni indicaciones de un mandamás.

Pero, por sobre todo, también irrita vehementemente la absoluta falta de ideas para legislar y establecer políticas públicas.

Nos dicen que el cargo específico no es un aumento de tarifas ni tampoco un nuevo impuesto. Se olvidan que actualmente las tarifas de electricidad tienen un cargo impositivo por distintos conceptos del 42,8% sobre el costo del servicio y que las tarifas de gas domiciliario contienen impuestos a cargo del usuario por un 49,3%. Si querían hacer inversiones, bien podrían haber afectado contablemente el destino de esa brutal carga tributaria. Pero si necesitaban sacar más dinero por la fuerza, para constituir un fideicomiso, lo mínimo que debieran haber hecho era emitir certificados de participación a favor de los usuarios-fiduciantes, transferibles por simple endoso y con una cláusula de rescate debidamente estudiada.

Por último, si quisiesen respetar las reglas del mercado y al mismo tiempo conseguir el aporte de los miles de millones que requiere el sector energético, podrían haber consultado la propuesta hecha en este mismo sitio web en el sentido de entregar condicionalmente las acciones de las empresas de electricidad y gas a los usuarios, en proporción a sus consumos de los últimos años, con una cláusula suspensiva para habilitarlas legalmente si se suscribe capital y así asumir las cuantiosas inversiones que el país necesita para no quedarse a oscuras y sin combustible como en las peores épocas de nuestro populismo decadente. © www.economiaparatodos.com.ar



Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.