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Miércoles 16 de mayo de 2012

El deterioro de YPF no justifica la intervención.

El consultor en temas energéticos explica su visión acerca de la intervención del Gobierno Nacional en la compañía.

Aproximadamente el 90% de las acciones de Repsol en YPF fue expropiado en un contexto donde se ha afectado nuevamente la seguridad jurídica del país. Esta opinión es independiente de la que poseo acerca de la gestión empresaria de Repsol en YPF; el Gobierno la aprobó hasta hace poco, pero yo he tenido una opinión muy diferente desde hace varios años.

A esta situación se llegó por la política energética aplicada desde 2003, que no se preocupó por revertir la caída de las reservas de petróleo y de gas que comenzó en los años 2000 y 2001, respectivamente, más allá de los programas Plus de baja eficacia relativa.

Por el contrario impulsó graves distorsiones en el sistema de precios cuyos efectos negativos sobre el crecimiento productivo del sector eran esperables que se agudizaran hacia fines de la década. Pero YPF añadió a ellos una fuerte eliminación de reservas probadas entre 1999 y 2003 (comunicación de YPF a la CNV del 21 de julio de 2006), una rápida declinación de Loma la Lata desde 2005, su carencia de otros yacimientos que compensaran la producción perdida y un objetivo empresario que no privilegió la exploración en época de libertad del mercado. Todo eso explica en gran medida el deterioro de YPF desde lo productivo, pero no justifica la expropiación como solución.

Creo que el Gobierno y el radicalismo deberían demostrar, a raíz de su voto conjunto en el Congreso, porqué el Estado asignará mejor los recursos en la economía actual del petróleo. Porque cuando se proclaman partidarios del Estado como gestor de YPF, lo declaran simultánea e implícitamente incapaz de haber realizado el sencillo control de las supuestas obligaciones de inversión incumplidas en algunas concesiones y, peor aún, incapaz de implementar políticas sectoriales que hubieran inducido a incrementar reservas a una empresa sobre la cual la ley le otorgaba al Gobierno una capacidad especial de seguimiento dado el valor estratégico que se le asigna. Sin embargo, asumen que por el sólo hecho de recuperar el control empresario, este Estado mostrará habilidades de control y políticas, que ya demostró no tener.

Resolver esa incógnita de la transición del Estado entre incapacidad demostrada y virtud imaginaria en la asignación eficaz de recursos, es el principal desafío de quienes tienen hoy la responsabilidad de conducción.

Fuente: Energía y Negocios